El propósito de establecer un mecanismo bilateral entre México y Estados Unidos para evaluar las acciones de combate al narcotráfico, expresado ayer en nuestro país por el zar de la lucha antidrogas estadunidense, Barry McCaffrey, podría ser, en principio, una idea procedente, especialmente si con su puesta en práctica se logra eliminar el abusivo e injerencista proceso de ``certificación'' o ``descertificación'' que Washington realiza anualmente para aprobar o reprobar el desempeño de diversas naciones en la lucha antidrogas.

Ciertamente, la propuesta de crear tal mecanismo es por demás embrionaria, tanto, que el primer paso en esa dirección será conformar un ``grupo político de expertos'' que determine el objeto preciso y el procedimiento de la evaluación, así como el perfil de los evaluadores.

En este punto incipiente de la iniciativa, es preciso que las autoridades de nuestro país tomen todas las precauciones necesarias para asegurar que el mecanismo propuesto no se convierta en un nuevo instrumento injerencista de Washington.

Ello implica garantizar que la materia de la evaluación bilateral sea, precisamente, la cooperación entre ambos gobiernos en el combate a las drogas, y no el comportamiento de uno solo de ellos en ese terreno. En otros términos, si se desea que la evaluación propuesta por McCaffrey sea un factor constructivo en las relaciones México-Estados Unidos -y no un punto de conflicto, como lo es actualmente la infame ``certificación''-, y si se trata de que ese mecanismo fortalezca la lucha contra la producción, el trasiego, la venta y el consumo de enervantes, la instancia evaluatoria tendrá que concebirse en un espíritu de pleno respeto a las soberanías nacionales, la integridad territorial y la autodeterminación.

Finalmente, una perspectiva interesante de la iniciativa es la posibilidad de que la evaluación propuesta aporte datos consistentes y evidentes de los graves equívocos de base en los que se ha sustentado, hasta ahora, la estrategia continental de combate al tráfico y consumo de enervantes.

En efecto, el mecanismo referido podría hacer inevitable la revisión de una política antidrogas que ha puesto el énfasis en la persecución policial -e incluso militar- de la producción y el tráfico de estupefacientes, pero ha descuidado los programas sociales y educativos de prevención, así como el cuidado a los adictos. La instancia evaluatoria podría decirnos hasta qué punto la errada visión del fenómeno ha transformado lo que es, en esencia, un problema de salud pública de Estados Unidos, en un conflicto de seguridad nacional para diversas naciones del continente, la nuestra entre ellas.