No es seguro que se apruebe en este periodo la reforma indígena: Lanz

Andrea Becerril, Georgina Saldierna y Ciro Pérez Ť El PRD respondió ayer a la Secretaría de Gobernación que no presentará ninguna iniciativa de ley sobre derechos indígenas, ya que ello no soluciona el conflicto en Chiapas. El líder nacional perredista Andrés Manuel López Obrador formuló un nuevo llamado al gobierno para que ``sin vacilaciones ni temores irracionales, atienda las condiciones mínimas planteadas por el EZLN para reanudar el diálogo''.

Durante la sesión de ayer del Senado el PRD, en voz de Amalia García, insistió ante el pleno de esa cámara en su propuesta de diferir la discusión de las iniciativas de ley sobre derechos indígenas, ``para dar oportunidad a la paz'', lo que motivó la respuesta airada del PRI.

El senador priísta Oscar López Velarde, vocero actual de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), fue el encargado de fijar la postura del tricolor. Dijo que el país ya no puede estar sujeto a ``trampas electoreras hacia el año 2000'', y llamó a concretar la reforma constitucional en la materia, la que --dijo después en entrevista-- se debe hacer con o sin el Ejército Zapatista.

Sin embargo, el senador José Trinidad Lanz Cárdenas, quien coordina los trabajos de la subcomisión encargada de redactar el dictamen, reconoció que no es seguro que la ley se apruebe en el actual periodo. A su vez, los legisladores priístas del grupo Galileo dijeron que siguen firmes en su petición de posponer el debate para un periodo extraordinario de sesiones, y negaron haber recibido instrucciones del secretario de Gobernación para aprobar la ley indígena antes de abril.

Propone Amalia García realizar un plebiscito entre los indígenas

Ayer hubo sesión doble en el Senado para dar paso a las vacaciones de Semana Santa. Ya casi al final de la última, la perredista Amalia García fue a tribuna para formular un llamado a la reflexión serena, a fin de que el Legislativo se dé oportunidad para analizar si se difiere el dictamen e incluso llevar a cabo un plebiscito entre las comunidades indígenas.

Antes de que concluyera su argumentación, desde su escaño, el panista Alfredo Ling Altamirano le preguntó por qué el PRD no presenta la iniciativa de la Cocopa. La legisladora respondió que su partido no hará tal porque no es un proyecto legislativo de su patrimonio, sino producto del trabajo de todas las agrupaciones políticas en torno a acuerdos del gobierno y del EZLN.

Vino luego la respuesta de López Velarde. Fuerte, contra todo planteamiento del PRD. El país, dijo el priísta, no puede estar sujeto a posturas irreductibles, a banderas políticas, a trampas electoreras hacia el año 2000.

Sostuvo que nunca se pactó que la Cocopa presentaría una iniciativa previa consulta con el EZLN. En entrevista aparte, señaló que con o sin los zapatistas debe aprobarse la reforma constitucional.

Sobre la petición perredista de posponer la discusión sobre las iniciativas indígenas, preguntó: ``¿Dé que sirve diferir un proceso legislativo para que se nos conteste que no se moverá ni un punto ni una coma ni una raya de la propuesta que apoya el PRD?''

El vocero de Cocopa expuso luego que se debe analizar la situación de un sinnúmero de organizaciones que participan en Chiapas, para determinar su calidad migratoria y los intereses que las mueven.

A pregunta sobre el supuesto traslado de indígenas chiapanecos fuera del país, López Velarde opinó que no se debe permitir esto, ``ya que se les está provocando pánico con supuestas salidas militares''. El subcomandante Marcos no debe jugar con esta situación, agregó.

La intervención de Irma Serrano, dedicada a lo largo de 28 minutos a exigir se le incluya en la Cocopa --y de paso a insultar a perredistas y priístas-- acabó con el debate sobre Chiapas.

En entrevista, los senadores perredistas Ernesto Navarro e Higinio Martínez advirtieron que Gobernación se equivoca y muestra lo confundida que está al pedir al PRD presentar una iniciativa de ley.

El gobierno aplica la política del avestruz: López Obrador

En la sede del PRD, en tanto, el dirigente nacional de ese partido, Andrés Manuel López Obrador, consideró que el gobierno está aplicando una ``política de avestruz'', en la que mete la cabeza en la tierra para no ver las cosas. Si el EZLN no representara nada, como afirma Gobernación, sencillamente no existiría el problema en el sureste, señaló. Desde luego, dijo, es un movimiento que se ubica territorialmente en Chiapas y sabemos que hay 56 etnias en todo el país; sin embargo, las propuestas convenidas entre los zapatistas y el gobierno atienden la demanda de todos los pueblos indígenas, subrayó.

Absurdo, considerar que el EZLN no representa a todos los indígenas

Calificó de ``un absurdo'' que el gobierno considere que el EZLN no representa a todos los indígenas y dijo que eso es tener una visión chata de las cosas y no querer ver la situación.

``Esa es la política del avestruz'', sostuvo. El dirigente perredista explicó que su partido no enviará la iniciativa de la Cocopa al Congreso porque no se trata de mandar un documento, sino de restablecer el principio de bilateralidad.

Durante una conferencia de prensa hizo un nuevo llamado al gobierno federal para que ``sin vacilaciones ni temores irracionales atienda las condiciones mínimas planteadas por el EZLN'' para reanudar el diálogo.

Estas condiciones mínimas son:

Impulsar la iniciativa de ley original de la Cocopa; retirar al Ejército de las posiciones donde genera temor y fricción; conceder la libertad a los zapatistas presos; nombrar un representante con autoridad suficiente para asumir compromisos, y formar una comisión de mexicanos imparciales que avalen los nuevos resultados al reanudarse el diálogo entre las partes confrontadas en Chiapas.

De acuerdo con López Obrador, éstas no son condiciones de rendición ni implican demandas excesivas. Son pasos lógicos y necesarios para el restablecimiento de la confianza mutua y la recreación de un clima de negociación, apuntó.

Antes, el secretario general perredista Jesús Ortega Martínez, consideró que el comunicado de Gobernación es ``totalmente gratuito'' porque nadie ha dicho que una sola persona represente a los 11 millones de indígenas y tampoco que el PRD no tenga facultades para presentar una iniciativa de ley en esa materia.

Igualmente, la fracción del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados advirtió que la dependencia que encabeza Francisco Labastida Ochoa ``no tiene derecho'' de señalar al Poder Legislativo ni a los partidos lo que deben hacer.

José Gil Olmos Ť La Secretaría de Gobernación rechazó ayer que el gobierno utilice a las asociaciones religiosas como ``instrumentos de poder'' en contra de la diócesis de San Cristóbal y de las comunidades indígenas de Chiapas, como lo afirma el vicario pastoral Oscar Salinas.

En tanto, ayer se reunieron los representantes de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos, Ignacio García y Sigfrido Miralles de Argila, con el coordinador gubernamental para el diálogo en Chiapas, Emilio Rabasa, a quien le presentaron un informe en el que se critica la actitud gubernamental para con las comunidades indígenas simpatizantes del EZLN.

En un comunicado, la oficina de Rabasa dijo que se acordó hacer llegar ``observaciones'' al informe elaborado por los extranjeros que viajaron a Chiapas en febrero.

``La reunión se llevó a cabo en términos cordiales y los representantes de la Comisión agradecieron al representante gubernamental las facilidades que recibieron para la realización de su misión de observación y para la presentación de su informe'', señala la instancia de negociación que, días antes, se había negado a recibir a los observadores porque traían visa de turistas.

Según el boletín, los dos integrantes de la comisión internacional ampliaron sus comentarios al informe entregado, pero también lo hizo Emilio Rabasa. Además, en la reunión estuvo la jefa de la Unidad de Coordinación y Enlace de la cancillería, María Amparo Canto.

La Secretaría de Gobernación emitió ayer un comunicado en respuesta a las declaraciones del vicario de pastoral de la diócesis de San Cristóbal, Oscar Salinas, quien en una entrevista afirma que el conflicto religioso que existe en Chiapas ``es artificial'' porque los grupos religiosos que operan en el estado ``son instrumento de poderes gubernamentales y hasta de trasnacionales'', e incluso parte de un ``plan de contrainsurgencia''.

En siete puntos la dependencia refuta los argumentos del prelado. En primer lugar, señala, el gobierno no favorece ni está en contra de alguna religión o asociación religiosa y ``mucho menos utiliza a una agrupación religiosa en contra de otra''.

En el segundo punto, demanda que no se identifique de manera indiscriminada a feligreses de una agrupación religiosa con miembros de un partido político, ya que ``hacer esto podría fomentar la intolerancia y la persecución religiosa''.

La Secretaría de Gobernación asegura que promueve el diálogo y la conciliación entre las distintas asociaciones religiosas ``con objeto de dirimir posibles diferencias y alcanzar el acuerdo en lo fundamental en favor de la sociedad mexicana''.

Además, afirma, el gobierno está comprometido con el respeto absoluto a las libertades de creencia y de culto, como lo estipula la ley, y anota que las religiones, las agrupaciones y asociaciones religiosas ``son factores de paz'' cuyo gran potencial puede usarse para la reconciliación.

Finalmente, sostiene que la Dirección General de Asociaciones Religiosas, dependiente de Gobernación, tiene un programa para hacer cumplir la ley ``donde en forma inadecuada se atenta en contra de los principios de pluralidad y tolerancia'', y que ha hecho una convocatoria para que dichas agrupaciones contribuyan a la convivencia armónica de los mexicanos.