Enrique Calderón Alzati
¿Cuánto tiempo le queda a Labastida en Gobernación?
Durante los cuatro años que lleva el conflicto de Chiapas, cinco titulares han pasado por la Secretaría de Gobernación; dos de ellos han visto terminar sus carreras políticas como resultado directo de sus pretensiones de resolver el conflicto por la vía de la fuerza. Las cosas apuntan ya a que Francisco Labastida correrá la misma suerte que sus antecesores, ante su manifiesta incapacidad de buscar una salida mediante la paz y el diálogo que la sociedad mexicana demanda.
Secuestrado intelectualmente por sus asesores, faltos de ética y de visión, lejos de poner distancia del crimen de Acteal, de las conductas represivas, racistas y criminales del anterior gobierno de Chiapas --responsable del equipamiento de los grupos paramilitares--, el secretario de Gobernación ha preferido no sólo continuar con la misma política de guerra sucia, sino agregar de su cosecha las campañas xenofóbicas, la utilización de periodistas y conductores de TV de baja credibilidad, hasta quedar él mismo aislado y acorralado por su propia cerrazón. Lo triste del caso es que el papel de villano no le queda ni le va.
La descabellada estrategia de su equipo asesor de crear una cortina de humo alrededor de Acteal para golpear a las bases zapatistas, infundirles terror y hacerles la vida imposible mediante la presencia del Ejército en las comunidades, simplemente no le ha funcionado y sí ha incrementado su descrédito ante la comunidad internacional y la sociedad mexicana, que seguramente les pasará la cuenta en las elecciones estatales.
La estrategia de desacreditar a la Comisión de Concordia y Pacificación para eliminar su propuesta de paz tampoco ha tenido éxito, gracias a la ejemplar gallardía de algunos miembros de la misma Cocopa, quienes con decisión han denunciado las sinrazones de la decisión gubernamental y los riesgos que conlleva dejar de lado esa propuesta.
Los ataques a la Comisión de Intermediación y al obispo Samuel Ruiz han fracasado igualmente, merced a la comunidad internacional y a la posición de la Iglesia católica y de sus líderes, que de manera muy clara han manifestado su apoyo decidido al obispo; así, el riesgo de que el conflicto se internacionalice comienza a tomar forma, en la medida que la campaña contra los religiosos de San Cristóbal se intensifica y se pretende eliminar a la Conai, generando un vacío que nadie más en México podría llenar.
El proyecto del Ejecutivo de establecer una ley de paz y derechos indígenas lanzada de manera unilateral, con ímpetu y supuestos apoyos cupulares para buscar su aprobación en el Congreso, y forzar a los zapatistas a una rendición incondicional o a un suicidio colectivo, se ha desgastado día con día ante el llamado a la cordura del PRD, que cuenta hoy con un número creciente de adeptos entre los sectores más abiertos del PRI y del PAN, incluyendo a la dirigencia de ese partido.
Así, la posición del grupo de la Secretaría de Gobernación ha ido quedando aislada y los peligros que implicaba comienzan a ser desactivados, no obstante los enormes despliegues publicitarios y la complicidad de algunos medios de comunicación. No es posible prever si Labastida Ochoa, en un golpe de cordura, logre escapar de la trampa que sus propios colaboradores le han tendido, o si viendo en la estrategia riesgos inminentes de fracaso, prefiera generar un incidente que dispare los mecanismos de la violencia. La victoria en tal caso será efímera, tanto como la que lograron Díaz Ordaz y Echeverría el 2 de octubre de 1968, pero seguramente con una cuota más alta de sangre.
Cabe la pregunta, ¿qué no sería más fácil y atinada la respuesta sabia de paz y diálogo, ofreciendo para ello las señales de buena voluntad que los zapatistas necesitan? Después de todo ellos, los indígenas, han vuelto a ser las víctimas de la violencia y del terror desatado en su contra; han sido sus mujeres, sus niños y ancianos los que hasta ahora han seguido sufriendo las consecuencias del racismo y del autoritarismo que ha dominado al país por tanto tiempo.