Impunidad por incondicionalidad, acuerdo entre justicia y política

Juan Manuel Venegas Ť La Procuraduría General de la República (PGR) y demás instituciones encargadas de la aplicación de la justicia han estado a merced de los intereses del sistema político mexicano, afirma el panista Fernando Antonio Lozano Gracia, titular de esa dependencia de 1994 a 1996.

Actúan, asegura, bajo una regla: ``incondicionalidad por impunidad... Las procuradurías hacen lo que el sistema político quiere, esa es la incondicionalidad. A cambio, hay manga ancha para que los policías puedan actuar impunemente, sobornando, transgrediendo la ley desde lo más bajo a lo más alto''.

Y si en lo ``más bajo no pasa nada ¡qué decir del narcotráfico!'', apunta Lozano Gracia.

En entrevista, el ex procurador de la República expone lo ``complejo y difícil'' que resulta cambiar la práctica en una institución que, como la PGR que él encontró, está ``contaminada'' por el narcotráfico y en la que los ``usos y costumbres'' de sus agentes policiacos van desde la corrupción hasta la tortura, pasando por el incumplimiento de sus deberes mínimos.

Los pasajes sobre su trabajo en la institución -que duró exactamente dos años- lo llevan a la confirmación de un hecho que muestra el grado de ``contaminación'' o infiltración que el crimen organizado ha alcanzado dentro de la estructura de la Procuraduría de la República: Horacio Brunt Acosta, el ex comandante director de operaciones del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD), fue descubierto en tratos con grupos de narcotraficantes.

``Estábamos en un terreno muy resbaloso...''

El asunto alcanza mayor relevancia no sólo por el cargo que ostentaba Brunt Acosta, sino porque él tuvo la responsabilidad de conformar el grupo especial que logró la captura del jefe del cártel del Golfo, Juan García Abrego, en enero de 1996. Por este operativo el entonces comandante obtuvo un reconocimiento, y la confianza ganada lo llevó a dirigir la plaza de la Policía Judicial Federal (PJF) en Tijuana, sede de otra de las principales organizaciones del narcotráfico dirigida por los hermanos Ramón y Benjamín Arellano Félix.

Precisamente cuando Brunt actuaba en Tijuana como jefe policiaco fue descubierto en sus nexos con las bandas de narcotraficantes y destituido en julio de 1996. Hoy los rumores de su participación al servicio de los cárteles de la droga quedan confirmados por Lozano Gracia, quien al recordar el caso subraya:

``Estábamos en un terreno muy resbaloso y estábamos conscientes de que teníamos que tomar con muchas reservas las confianzas y las lealtades ofrecidas''.

Enfatiza en el ejemplo. ``Conscientes de la poca profesionalización y de la corrupción imperante en la PJF, recurrimos a la conformación de estos grupos especializados, como fue en el caso de la captura de García Abrego; fue un grupo (el dirigido por Brunt) que trabajó aisladamente, alejado de la estructura formal de la institución y que no recurrió a los canales institucionales como son la procuraduría estatal o del resto de la delegación de la PGR en Nuevo León (donde fue capturado el capo)''.

Así se hizo, explica Lozano, porque ``teníamos frente a nosotros la realidad del mal funcionamiento de la institución; la conformación de grupos especializados para investigar un asunto de trascendencia no se explica sino por la debilidad institucional, por los escasos índices de confiabilidad''.

Subraya entonces: ``¡Y qué paso! Unos meses después llegan las pruebas que denotan la vinculación (de Brunt) con grupos de delincuentes... ¡Ese es el terreno en el que estuvimos!''

Terreno en el que descubrió y vivió en ``los linderos'' que van de la confianza a la deslealtad; de las amenazas a los mensajes de negociación por parte de los capos del narcotráfico; de la corrupción a la tortura, y que lo hacen remarcar la crisis de la institución: ha quedado a merced de los intereses del sistema político mexicano.

Lozano Gracia fue nombrado procurador general de la República el 2 de diciembre de 1994 y fue destituido del cargo dos años después. Desde su salida se le han imputado diversas anomalías que supuestamente se cometieron durante su gestión, como la compra de testigos, siembra de pruebas para avanzar en las investigaciones que tuvo bajo su encargo, desvío de recursos y favoritismos hacia personas recomendadas por dirigentes de su partido.

En este contexto, hace unos meses trascendieron sus problemas conyugales que incluso lo llevaron a ser acusado -por su ex esposa- como presunto responsable de amenazas y adulterio. Por todo ello se vio obligado a solicitar licencia para ausentarse de su cargo en la secretaría general del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, ``a fin de arreglar sus problemas y preparar su defensa'', se explicó de forma oficial.

Paralelamente preparó un libro -un informe de su gestión, que tituló Compromiso con la justicia-- en el que hace un balance, sobre todo, del programa de restructuración y reorganización que comenzó en la procuraduría, así como de las modificaciones al marco jurídico que impulsó, con las reformas a la Ley Orgánica y Reglamento Interno de la dependencia.

Ni en el texto ni en entrevista, Lozano Gracia quiere hablar sobre los casos Colosio y Ruiz Massieu ni tampoco de la actuación del ex fiscal Pablo Chapa Bezanilla. Son expedientes abiertos, alega, que reclaman ``reserva legal''.

``Vivimos en el México de hecho, no de derecho''

A distancia, sus dos años en la Procuraduría en cambio lo hacen advertir ``lo extremadamente difícil y complejo'' que resulta cambiar una institución ``contaminada'' por el narcotráfico y cuyos agentes policiacos, además, están ``acostumbrados'' a la tortura, a la corrupción y al incumplimiento.

La certidumbre de Lozano se reforzó con su experiencia en la PGR: ``Hemos vivido muchos años en donde el pacto, la forma de actuación entre los órganos de procuración de justicia y el sistema político han sido de incondicionalidad por impunidad; es decir, los cuerpos policiacos o las procuradurías hacen lo que el sistema político quiere; esa es la incondicionalidad. A cambio, hay manga ancha para que los policías puedan actuar impunemente, sobornando desde lo más bajo a lo más alto''.

Y si en lo ``más bajo no pasa nada, ¡qué decir del narcotráfico!'', apunta Lozano Gracia.

-¿Quiere usted decir que la crisis de la procuración de justicia se debe a que el sistema político se montó por encima de los órganos de justicia?

-Sí, por supuesto. Vivimos en el México de hecho, no de derecho. La ley puede decir una cosa, pero todo funciona de una manera diferente... Y no se puede combatir el efecto (la crisis de procuración de justicia) si no hay un cambio en las causas generadoras; es decir, en el sistema político. El problema, como se verá, es mucho más de fondo.

-Y desde dentro, a distancia, si se le pidiera fijar los márgenes de corrupción e infiltración del crimen organizado que existen concretamente en la PJF, ¿qué diría?

``Es una situación difícil de comprobar, pero diría que la mayoría... el problema es que no existen canales institucionales para el control y vigilancia del personal.

Y remata con un ejemplo: ``un día dimos de baja a un agente; pidió entrevistarse conmigo y lo recibí. El agente tenía varias sanciones internas por violación a los derechos humanos. Ante mí confesó que sí, sí había participado, pero se escudó en una explicación que me dejó frío: así trabajamos aquí, esa es la forma que tenemos de trabajar...''