La Jornada 12 de abril de 1998

La acción arrancó a las 4 de la mañana; ``propiciará la distensión'', asegura Albores Guillén

Angeles Mariscal, corresponsal, Tuxtla Gutiérrez, Chis., 11 de abril Ť Durante el operativo para desalojar a las bases y simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en el recientemente declarado municipio autónomo Ricardo Flores Magón, los casi mil efectivos policiacos y militares detuvieron a nueve indígenas y, según cifras gubernamentales, 12 extranjeros, aunque en la entidad sólo fueron presentados 11, quienes quedaron a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM).

``Este operativo -que no infringe la ley para el diálogo- propiciará la distensión y creará condiciones para negociar la paz'', expresó el gobernador, Roberto Albores Guillén, quien añadió que existe una ``colaboración responsable y respetuosa'' entre el gobierno federal y las acciones que lleva a cabo el Ejecutivo estatal.

En conferencia de prensa, Albores dio a conocer: ``Ayer, supuestos simpatizantes del EZLN declararon en forma unilateral la creación del municipio autónomo Ricardo Flores Magón, en el ejido Taniperlas, municipio de Ocosingo, desconociendo a las autoridades constitucionales y nombrando a las suyas''.

Esta acción, dijo, va en contra del orden constituido, y es ``un atentado a las bases jurídicas que dan forma y soporte al Estado mexicano (...) no se pueden permitir actos como éste, pues se pone en riesgo la viabilidad y el futuro de Chiapas''.

En consecuencia, el gobernador señaló que las autoridades de los ejidos Taniperlas, San José y San Caralampio pusieron una demanda ante el agente del Ministerio Público de Ocosingo, por los delitos de despojo y daños en propiedad ajena, contra quienes establecieron el municipio autónomo.

Con el fin de ``establecer el estado de derecho y evitar, con estricto apego a la ley, el desconocimiento de las autoridades constitucionales y la usurpación de funciones públicas'', esta madrugada se implantó un operativo ``en 30 minutos y sin actos de violencia'', para desalojar a los autonomistas de los terrenos del ejido Taniperlas.

Las maniobras las realizaron 450 elementos de Seguridad Pública, 15 de la Policía Judicial Federal, cuatro oficiales del instituto Nacional de Migración (INM), 10 agentes de la PGR y 300 elementos del Ejército Mexicano; además de 500 habitantes de la comunidad Taniperlas, ``quienes participaron en el desmantelamiento de las instalaciones provisionales que habían establecido los supuestos zapatistas''.

Según informó el gobernador del estado, las primeras columnas de la policía estatal estuvieron desarmadas, por lo que el operativo tuvo ``un saldo blanco; fueron detenidos nueve indígenas y 12 extranjeros de nacionalidad canadiense, alemana, belga, española y estadunidense.

Los nueve indígenas que fueron puestos a disposición de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) son: Tomás Sánchez Gómez, Luis Méndez Medina, Nicolás López Gómez, Antonio López Vázquez, Nicolás Mazariego Pérez, Sergio Valdez Ruvalcaba, Antonio López Vázquez, Sebastián Chulín González y Mateo González López o Mateo Gutiérrez López.

Asimismo, el INM se hizo cargo de los extranjeros, a fin de determinar su situación y analizar si infringieron la Ley General de Población, al haber realizado actividades que no estaban permitidas en su permiso migratorio, por lo que se espera que sean deportados.

Los 11 extranjeros presentados en la entidad son: Marion Sbeke Ladich, de Alemania; Sabato Michael John, Loller Travis Blaize y Conant Jeffrey Wright, de Estados Unidos; López Castillejos María del Pilar, Cobos Errasti Julen y Clavería Iranzo Olga, de España; Marquette Julie y Baillargeon Sarah Mireille, de Canadá, y los belgas Berguer Dominique Jean y Lambot Gautier Charles Marie.

El gobernador consideró que este operativo ``no infringe la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas'', toda vez que en su artículo 13 señala que las autoridades federales mantendrán la soberanía y orden público internos, ``guardando la debida coordinación con las autoridades estatales para tales efectos''.

Finalmente, el gobernador sustituto puntualizó que su administración no se opone a la remunicipalización que fue exigida en las mesas de San Andrés, sin embargo, ésta ``debe ser analizada y consensada''.

Cabe recordar que el pasado 28 de febrero, Albores Guillén, con el aval del gobierno federal, presentó el llamado Acuerdo Estatal para la Paz y la Reconciliación, documento que en sus versiones originales exigía al EZLN detener la constitución de municipios autónomos, o realizar cualquier acto que ``reactive el conflicto en la zona''.

Si bien en el documento final suprimió esa cláusula, en reuniones internas Albores subrayó que la misma seguía vigente, y para avalar dicho acuerdo, montó un operativo publicitario y de presuntas consultas donde, según sus propios informes, un millón 800 mil chiapanecos votaron en favor ``del fortalecimiento del estado de derecho y la aplicación de la ley''.