Al doctor Rubén Argüero, por un
reconocimiento muy merecido
Ha sido y sigue siendo una larga batalla por la defensa de la seguridad social la que iniciamos un puñado de amigos ante la embestida de los sistemas privados de pensiones, precedidos por la formación del SAR y que desembocaron en la puesta en vigor, el 1o. de julio del año pasado, de la nueva ley.
Nunca creímos que la tarea había terminado. Por ahí están pendientes algunas demandas de amparo ante la justicia federal, que ponen de manifiesto que un sistema que descansa en la acción de los particulares para el control de las pensiones, será lo que se quiera pero no un seguro social.
Ahora el problema se agrava y se descara, aunque se sigan utilizando los eufemismos de costumbre: no estamos privatizando los servicios, sólo los subrogamos. ¿Dónde está la diferencia?
La revista Proceso inició la alerta con un reportaje de notable valor, cuya primera parte apareció en su edición del domingo 29 de marzo. A eso le siguieron declaraciones oficiales del IMSS relativas a un crédito para mejorar instalaciones y servicios. En La Jornada del 5 de abril apareció lo que ya es algo público y notorio: la competencia de empresas médicas nacionales y extranjeras por absorber ese espléndido mercado, el de mejores ingresos, para que al IMSS le quede, si le queda, el saldo de los pobres.
Las compañías de seguros, antes satisfechas con el tema de las pensiones, ahora están más que contentas con este nuevo obsequio monumental.
Me llegó un documento interesante. Se trata de una supuesta copia del estudio preparado por el IMSS para el Banco Mundial, mediante el cual justifica la necesidad del crédito y determina su aplicación.
Se desarrolla en dos grandes capítulos: uno es un subproyecto médico financiero de ajuste, y el otro un subproyecto de asistencia técnica. Y sobre ellos dice lo siguiente: ``El primero de ellos se relaciona con los aspectos medulares del proyecto de reforma y está estructurado por tres componentes: I) políticas financieras, II) cambios estructurales, y III) fortalecimiento de las unidades médicas.
``El segundo está vinculado a otorgar el apoyo técnico y la coordinación necesaria que permitan al IMSS introducir en sus primeras fases de modernización fuertes instrumentos y capacidades de gestión, de manera que sea posible la optimización de la oferta de servicios de salud hoy en día existente''.
No hay que ir muy lejos. Se trata de la instrumentación de lo previsto en el artículo 89 de la ley que permite la subrogación de servicios y la reversión de cuotas, quiere decir, asumir las empresas la atención de enfermedades generales y maternidad y dejar de pagar las cuotas correspondientes a ese seguro. En definitiva: el IMSS abandona su función médica y la convierte en simple fiscalización de servicios privados. Es obvio que cuando se trate de empresas pobres, no les alcanzará para esas subrogaciones.
Es cierto que la ley lo autoriza y de hecho lo autorizaba también la anterior. El artículo 89 actual es copia, casi al carbón, del antiguo 97. Que se aplicaba poquito y sólo en casos excepcionales (Banca) para sustituir servicios médicos.
Pero el problema no termina ahí. Porque también se indica en el documento preparado para el Banco Mundial que se privatizarán las guarderías, algo que no autoriza la ley.
Repetida en los textos en castellano y en inglés aparece la amenaza real: removal of unnecessary bureaucracy to improve efficiency, lo que quiere decir en simple castellano: correr trabajadores para mejorar la eficiencia.
Ya circula por ahí un proyecto de reglamento del artículo 89 de la Ley preparado, por cierto, por un destacado abogado empresarial del norte. Y como es reglamento, no se discutirá en la Cámara sino que lo firmará, a solas, el Presidente de la República.
Las compañías de seguros y las unidades médicas que ya se preparan, ambiciosas, para captar la nueva y ansiada clientela, se frotan las manos. Entre tanto, los trabajadores lloran de amargura ante la derrota del único proyecto social de México: la seguridad social. Pasó a la historia.