Pena de 14 años de prisión por enriquecimiento ilícito a Gallardo
Juan Manuel Venegas Ť El segundo consejo de guerra instruido al general José Francisco Gallardo Rodríguez también emitió sentencia condenatoria: 14 años de prisión por enriquecimiento ilícito.
La audiencia final se prolongó más de nueve horas y con esta nueva pena --el 11 de marzo fue declarado culpable de los delitos de malversación de fondos y destrucción de archivos militares-- el ex director de la Escuela Ecuestre Militar acumuló una pena de 28 años y ocho meses de prisión.
En las blancas paredes de la primera sala del consejo de guerra adscrita al Campo Militar Número 1 retumbó la sentencia dictada con todo ``el peso y rigor'' del Código de Justicia Militar: Gallardo, además del encarcelamiento, tendrá que reparar el daño que provocó al Ejército (un millón 128 mil pesos) y cubrir una multa de 500 veces el salario mínimo vigente al momento de cometer el delito.
También quedó inhabilitado diez años para ocupar cualquier cargo, tarea o comisión dentro de las fuerzas armadas; se le decomisarán ``en favor del Estado'' todos los bienes cuya procedencia no haya acreditado legalmente y le serán cancelados los servicios, es decir, el salario y prestaciones que tenía como miembro del Ejército Mexicano.
Para rematar, el consejo de guerra determinó la acumulación de sentencias por la comisión de delitos que se le imputaron al general Gallardo, lo que significa que los 14 años de prisión que tendrá que pagar por enriquecimiento ilícito empezarán a contar ``un día después'' de que cumpla con los 14 años y ocho meses de cárcel que le impuso hace un mes el juzgado cuarto de Justicia Militar por los delitos de malversación de fondos y destrucción de archivos militares.
En cuanto a los diez años de inhabilitación, éstos empezarán a correr una vez que cumpla con la condena acumulada de 28 años y ocho meses de prisión.
Respecto a los beneficios preliberacionales, se decretó que Gallardo podrá apelar de ellos cuando cumpla con la mitad de la sentencia total.
El dinero era de Arévalo Gardoqui
A las nueve de la mañana, puntual, el presidente del consejo de guerra, general de brigada Sergio Aguilar Quintero, dio inicio a la audiencia final de este segundo juicio a Gallardo.
Las 72 butacas de la sala del consejo de guerra de la primera Región Militar (ni una más ni una menos, como marca el reglamento) estuvieron cubiertas 15 minutos antes. Comisionados de todos los niveles y agrupamientos del Ejército Nacional ocupaban ya los asientos para presenciar el juicio a quien ``transgredió'' la disciplina castrense.
La prensa tuvo asignados los 12 asientos de la última fila y si bien ningún reportero puede moverse de ahí, todo puede observarse en la pequeña y austera sala, decorada sólo con un pequeño cuadro de Benito Juárez, ubicado exactamente detrás de la silla que ocupa el presidente del consejo, y con la bandera nacional, protegida en una vitrina.
En el presídium, además del presidente, estaban el juez, el secretario y los cuatro vocales, siete personas en las que recae la responsabilidad de la sentencia.
Frente a ellos, el acusado y a los costados, instalados en una pequeña mesa, el fiscal y el abogado defensor. Todo estaba listo a las nueve de la mañana para lo que sería el debate (argumentación) final entre el acusado y el acusador.
El mayor de Justicia Militar, Ramiro Lucero Aguilar, habilitado como representante de la Procuraduría de Justicia Militar, abre fuego: su primera intervención la dedica a subrayar ``la importancia'' de una carta del hermano del acusado (Enrique Gallardo Rodríguez) en la que se describen los hechos que ``acreditan el delito de enriquecimiento ilícito''. Pide la pena máxima (14 años de prisión) para José Francisco Gallardo.
La defensa contrataca. El abogado Francisco Garza (quién sabe si con la autorización de José Francisco) califica de ``desquiciado y homosexual'' a Enrique Gallardo. Asegura que la carta que Enrique dirigió al presidente Ernesto Zedillo para denunciar a su hermano José Francisco ``no tiene ningún valor probatorio'' y es sólo ``producto de una venganza familiar''.
Garza no abunda sobre los pleitos en la familia Gallardo; hace bajar el nivel del debate y en algo que ya parecía chisme, arremete: ``Enrique, además de homosexual y acomplejado, era un pobre sujeto con tantos problemas que tuvo que suicidarse''.
En esa discusión se enfrascan fiscalía y defensa durante casi dos horas, hasta que, terminado el debate que estipula el orden castrense, toca la intervención de José Francisco Gallardo.
Con apoyo de sus hijos, el militar acusado usa un proyector para dar a conocer los documentos y peritajes que ``desvirtúan'' la imputación que se le hace y, por fin, aporta una novedad: ``Mire, señor presidente: esa cuenta que ustedes dicen que era mía por 2 millones 927 mil pesos, era en realidad dinero no de la Secretaría de la Defensa Nacional, sino recursos que me confiaba mi general Juan Arévalo Gardoqui (ex titular de la Sedena) para diversos trabajos que me asignaba''.
Esos trabajos, explica, consistían en la remodelación del rancho ``de mi general Arévalo, ubicado en San José Iturbide, Guanajuato'', y en el mantenimiento de la villa ecuestre. Ese dinero se ocupó, por ejemplo, para ``cercar 60 hectáreas'' del rancho de Arévalo y para ``la instalación de una planta de luz en la misma propiedad'', precisó Gallardo.
Todo por el prestigio del Ejército
A las 15 horas, terminadas las explicaciones, el presidente del consejo ordena el receso para la deliberación final y hacer jurar a los siete miembros del jurado, de acuerdo con el artículo 668 del Código Militar, proteger el decoro de las fuerzas armadas:
``¿Protestáis bajo vuestra palabra de honor resolver las cuestiones que se os van a someter conforme a las leyes de la materia, sin tener en cuenta la suerte que pueda caber al acusado, mirando sólo por la conservación de la disciplina y por el prestigio del Ejército Nacional?'', pregunta para que de inmediato juez y vocales, de pie y con la diestra en alto, afirmen: ``¡Sí, os juro!''
Dos horas después regresaron con la sentencia a Gallardo.