Al hablar de seres humanos, doce no siempre es doce. Ni números ni letras son exactos. Ese es el caso de los extranjeros expulsados no de México, sino de Chiapas. Y es que visitar el país o acudir al estado sureño, pero sobre todo a tierra zapatista, tiene implicaciones diferentes. De hecho, se me ocurre que pronto los malos aires que siguen imperando en Chiapas obligarán a las autoridades a extender dos tipos de visas o al menos preguntar en embajadas y aduanas: ``¿visitará México o Chiapas?''
Declararon las autoridades que el artículo 33 de la Constitución se aplicó porque los 12 extranjeros habían incurrido en ``delitos multitudinarios'', así como haber apoyado el establecimiento de ``autoridades espurias''. Se dijo también que la expulsión se llevó a cabo pues no solamente habían participado en asuntos políticos, sino que con sus actos se buscaba ``destruir a las instituciones legalmente constituidas por los mexicanos''.
Voces discordantes afirmaron que la expulsión obedece a motivos xenófobos, mientras que Carlos Fuentes aseveró que el gobierno federal se muestra ``muy valiente, puntual y acucioso'' en expulsar extranjeros. Renglón seguido agregó: ``¡Cuánto daría yo porque el gobierno actuara con la misma rapidez y mano dura contra la enorme criminalidad que hay en nuestro país! Ahí no se actúa con esa rapidez, ahí no se invoca la ley con esa prontitud, ahí hay una pasividad!''
Mientras tanto, los desterrados coincidieron en que la razón fundamental del encono es que el gobierno mexicano ``no quiere testigos'' porque está efectuando ``una política de guerra''. Y, finalmente, Human Rights Watch sugirió que las preguntas sobre derechos humanos a las que debería responder el gobierno mexicano en la Cumbre de las Américas, versen sobre la ``cultura de la impunidad'' y el problema de los diversos grupos armados que operan en Chiapas.
A la luz de los argumentos anteriores, el mosaico de nuestra cotidianidad es muy complejo. Los motivos del destierro no pueden admitir equívocos, tanto por las críticas a nivel nacional como internacional, y porque algunos de los expulsados pertenecen a organizaciones no gubernamentales. Cualquier yerro, además de endilgarnos la etiqueta de intolerancia continuaría colocándonos ante la opinión pública mundial en situaciones difíciles. Si somos capaces de identificar a turistas incómodos, ¿por qué se permite que existan redes, tanto nacionales como extranjeras, que trafican con indocumentados? ¿Duele la presencia de los 12, por lo que la realidad les hace ver o porque existe el peligro de dañar nuestra soberanía? ¿Tenemos, los ciudadanos comunes, derecho a saber cuántos miembros de organismos como la DEA o el FBI operan ``legalmente'' en México? ¿Son estos agentes ``buenos'' extranjeros? ¿Conoce el gobierno el número de narcotraficantes no mexicanos que viven, se alimentan y operan cómodamente en nuestro medio? ¿Saben nuestras autoridades si existen organizaciones no mexicanas que trafiquen órganos, niños o sordomudos? ¿Quién tiene el dato del número de militares extranjeros contratados por nuestro gobierno? ¿Acaso siguen vigentes en Chiapas latifundios de ``medio mexicanos'' en donde aún se esclaviza al indio?
Es claro que los matices del ``ser extranjero'' en México son muy diferentes. A quienes tienen dinero se les permite ``todo'' y a quienes se les contrata se les otorgan permisos casi infinitos. Asimismo, las labores amorales de quienes comercian con vidas, están bendecidas por la complicidad y esa ``cultura de la impunidad'' tan nuestra, tan propia y tan enraizada que su destierro, paradójicamente, parece imposible.
No hay duda de que todos estos extranjeros son mucho más forasteros que los 12 expulsados de Chiapas. De hecho, la mayoría de quienes acuden a tierra zapatista lo hacen anónimamente, dejan casas y trabajos, acuden por compromiso humano y de solidaridad y sin duda, aunque no avalen la política mexicana en relación a las comunidades indígenas, no tienen intención de enemistarse con el gobierno mexicano. Desde esta perspectiva, 12 extranjeros no son 12: representan diversas ONG, opiniones públicas, periodísticas y nacionales y, sobre todo, la voz de los indígenas. Con su expulsión quien pierde es México: aviva en el mundo el sentimiento prozapatista.