La estrategia gubernamental que se ha ido develando para enfrentar el caso de Chiapas, tiene cuatro puntos nodales. El principal de ellos consiste en ocupar el espacio público, es decir, recuperar la iniciativa ante los ojos y oídos de la ciudadanía. El segundo enfatiza el trabajo legislativo coincidente con, al menos, un partido (PAN) que le asegure la requerida mayoría calificada para la aprobación de la ley sobre cuestiones indígenas. El tercer sitio se le encomendó a la cancillería: trata de neutralizar las oposiciones externas y conseguir los apoyos de gobiernos y centros de poder clave (CEE) para llevar a cabo sus acciones. El último ha quedado pendiente, pero trataba de movilizar recursos públicos y privados suficientes para integrar un programa de rescate social.

De manera paralela, se emprendió una serie de movimientos tendientes a la alineación de los cuerpos de intermediación que, hasta ese momento, se juzgaban alejados y hasta divergentes de las posturas oficiales. A los integrantes de la Cocopa de origen priísta se les llamó a filas, y los dirigentes del PAN comenzaron a hacer su trabajo divisorio al interior. A la Conai se le enfocó con una doble mirada: a su labor de conjunto se le dictó la sentencia de parcial; a la figura de su coordinador, Samuel Ruiz, se le atacó desde varios ángulos. Uno privilegió su descrédito público (Sabines). Otro trató de aislarlo dentro de la misma Iglesia y, si fuera posible, auxiliar en su destitución como obispo en funciones.

Las pinzas quedarían cerradas mediante el esclarecimiento de la matanza de Acteal. Claro está que el escenario previsto debía reforzar la visión según la cual tales sucesos tuvieron lugar y se explicaran por las luchas comunitarias y familiares de los indios. La consignación del general Julio César Santiago dio al traste con ella. Caminando el tiempo, la realidad no se acomodó conforme a lo trazado. Uno a uno los puntos de su estrategia han ido cayendo bajo la inclemente acción demoledora de los hechos y las respuestas de una sociedad que se revela comprometida con una postura reivindicatoria de las terribles desigualdades a que están sometidos los pueblos indígenas. Así, la lucha por la conciencia pública empezó a mostrar el cariz unilateral de una iniciativa del gobierno que tampoco recogía lo acordado en Larráinzar (ya se reconoce nomás un 85 por ciento) y no serviría para reiniciar las pláticas de paz. En el Senado se quebraron muchas lealtades, y hasta el PAN repensó su postura. El Grupo Galileo hizo su tarea; algunos de sus miembros han ido demoliendo los argumentos y destapando las intenciones ocultas de la coalición de poder que apoya la intentona actual de la Segob. El PRD se sumó con los galileos y las dubitaciones del PAN, en una posposición del acto legislativo. Al paralelo empujan movilizaciones callejeras y algunos indios, principalmente guerrerenses, acampan en el Zócalo. La CNI lanza su amenaza de levantar una veintena de los tan vilipendiados municipios autónomos en varios estados del país. Uno de ellos -Taniperlas- inicialmente ha sido disuelto; los 30 restantes siguen su marcha. Enderezar acciones contra ellos metería al gobernador Albores en una ruta de coalición inmediata y generalizada con varios actores decisivos.

Se revivió el denunciado e inoperante cariz xenófobo de la ofensiva emprendida por el gobierno, que ha culminado con la tala de observadores y voluntarios internacionalistas.

Dos hechos han sido cruciales para desarticular un poco más la estrategia comentada. La primera tiene que ver con la actitud de la clerecía media y de base que se alineó, con fiereza insospechada, tras del asediado obispo Ruiz. El otro es la solidaridad de la prensa, que se vio atacada en las personas de los corresponsales externos (Ap, Afp). Ayer mismo, la CNN entró de lleno al quite y la prensa local reaccionó de manera casi unánime.

Los rendimientos de cada paso adicional del oficialismo son pocos y los anticuerpos que se le adhieren múltiples. No se ve, tampoco, el paradero previsto. Pero una realidad paralela va cobrando forma y limita los ya de por sí estrechos márgenes de gobernabilidad: la caída de las expectativas de crecimiento. La merma en los ingresos públicos es un golpe no previsto que llega de lleno a la mandíbula de la Segob. Ya se trastabillea su secretario y la imagen regada es de dura torpeza para sus ambiciones presidenciales.