La revisión y discusión detallada de las propuestas de leyes constituyen la base de todo gobierno parlamentario. Sin ese debate no existe una verdadera democracia. Hoy día, en México, el Congreso de la Unión está finalmente en condiciones de ejercer los principios clásicos del gobierno representativo que estipulan que la masa de los ciudadanos espera que los legisladores electos efectivamente representen sus intereses. No obstante, algunos importantes funcionarios y poderosos grupos financieros parecen temer una verdadera transparencia en el debate sobre las nuevas reformas financieras.

El Poder Ejecutivo recientemente ha propuesto la creación de una (curiosamente denominada) comisión para la recuperación de bienes. En la práctica se trata de los bienes del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), que fue el instrumento creado por el gobierno en 1995 para rescatar a la banca e impedir su colapso. Al Fobaproa se le han transferido hasta la fecha 363 mil millones de pesos de créditos irrecuperables de siete bancos que han sido intervenidos (por el gobierno) y de siete bancos adicionales que se afirma están en una llamada situación especial. De esta manera se ha salvado a dichas instituciones de la quiebra, ya que han podido quitar de sus balances contables activos que no podían cobrar, remplazándolos con los pagarés que han entregado a la entidad gubernamental. En la práctica, por lo tanto, el Estado ha estatizado el control sobre estos bancos, aunque ello no se dice explícitamente.

Además, el Fobaproa tiene en su poder otros 152 mil millones de pesos que se distribuyen en partes casi iguales entre activos adquiridos por el esquema de capitalización y compra de cartera a diez bancos comerciales. En este caso, el Estado mexicano ha comprometido recursos públicos para apuntalar a bancos que si bien se consideraban solventes, tenían serios problemas para continuar operando tras la magna crisis financiera de 1995.

La nueva ley --que autoriza la transformación en deuda pública de todas las garantías que el gobierno ha realizado en beneficio de la banca-- obliga a saber si no se está librando a los bancos privados de sus compromisos aplicando, de nuevo, el principio de que todo gran empresario en dificultades debe ser rescatado por el Estado mexicano y que, además, el contribuyente debe pagar por ello. Parecería que el objetivo de la ley consiste en concluir la intervención del gobierno en los bancos débiles y facilitar su completa reprivatización, pero sin responsabilidades claras. Cabe preguntar, por ejemplo, si en el caso de la gran crisis bancaria en Estados Unidos a fines de los años ochenta se transformaron todos los créditos y títulos que tenía el US Resolution Trust Company (equivalente al Fobaproa) en deuda pública. Cabe plantearse también por qué se propone que la comisión de recuperación de bienes solamente tenga que proporcionar un informe anual de sus actividades al Congreso de la Unión (véase el artículo 34 de la propuesta de ley). Si se toma en cuenta que dicha comisión estará a cargo de la mitad de la deuda pública interna, ¿por qué no se establece la obligación de informes y auditorías más frecuentes?

Esta falta de transparencia sugiere que existen fuertes deseos de escapar a la supervisión del Congreso y de los ciudadanos, a pesar de que se pide que éstos financien la propuesta de nueva deuda interna. El ofrecer todas las garantías a los bancos y, en cambio, ninguna compensación a los centenares de miles de deudores quebrados, ni a los contribuyentes (que, en última instancia, tendrán que soportar el peso de las reformas financieras), no parece una fórmula que sea aceptable en el nuevo escenario político en México.