Astillero Ť Julio Hernández López
El presidente Ernesto Zedillo acusó a los medios de comunicación de tener una buena cuota de responsabilidad en que los mexicanos tengan poca credibilidad en sus instituciones.
Las consideraciones fueron expresadas en la misma entrevista con el diario venezolano El Nacional, publicada este miércoles 15 en Caracas, en la que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) fueron también tocados por la vara de la crudeza declarativa presidencial.
Luego de reconocer que en México se enfrenta actualmente ``un problema de credibilidad'', el presidente Zedillo explicó: ``Hay ciertos juicios que ya existen en la gente por algunas buenas razones, pero también por malas razones. Desgraciadamente, también por una cierta insistencia en ciertos medios de comunicación, de que las únicas tesis que pueden valer son las que ellos han propalado y, en ese sentido, las autoridades de la procuración y la impartición de la justicia enfrentan un problema de credibilidad''.
Para dar ejemplo de lo que decía, el presidente Zedillo citó las suspicacias en torno al asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo: ``Se sigue hablando de este caso cuando es un caso totalmente aclarado; es un caso en el cual efectivamente hay arrestos, gente que está prófuga, pero muchos de los culpables están en la cárcel. Sin embargo, la prensa sigue repitiendo que esto está pendiente, ¿no? Yo creo que también hay que darle un poquito de responsabilidad a los medios para que, con toda objetividad, repitan la propia evidencia que ellos han comunicado en distintos momentos sobre ése y sobre los varios casos''.
La sinceridad presidencial sobre el papel de algunos medios de comunicación es agradecible, por cuanto muestra sin dobleces la verdadera opinión que tiene el responsable de la conducción del país respecto a una franja del periodismo (a la que por cierto nunca identificó) pero, al mismo tiempo, resulta preocupante al pretender culpar a los medios por el hecho de retratar la crudeza de una realidad que no generaron los periodistas sino un sistema político, y al suponer que las investigaciones periodísticas y la reproducción de entrevistas y declaraciones sobre temas como, por ejemplo, los asesinatos del cardenal Posadas, de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu, constituyen terquedades enfermizas de construir versiones propias para enfrentarlas, y vencer, a las oficiales.
Ciertamente hay una gran incredulidad ciudadana respecto a lo que dicen y hacen las instituciones, pero ello no proviene sólo de las culpas que pudiera haber en el periodismo, sino del fracaso estruendoso e inocultable de esas instancias oficiales para cumplir con sus funciones y ofrecer resultados que los ciudadanos acepten como reales. Los casos de Luis Donaldo Colosio, José Francisco Ruiz Massieu y Juan Jesús Posadas son apenas unos pocos de los muchos que día con día, a lo largo de todo el país, muestran a los mexicanos que sus sistemas de justicia y de gobierno mienten y engañan.
Un ejemplo específico de la manera como difieren las percepciones gubernamentales y las periodísticas se ha dado en el otorgamiento en Estados Unidos del Premio Pullitzer, que este año fue adjudicado a uno de los reportajes que Sam Dillon y Craig Pyes, corresponsales en México de The New York Times, hicieron sobre el narcotráfico y la corrupción en el país.
Tal reportaje llevó, en su momento, a dos de los mencionados en el texto, los gobernadores Manlio Fabio Beltrones (que ya terminó su periodo de gobierno) y Jorge Carrillo Olea (que vive aferrado a un poder que ya no ejerce, acusado popularmente de patrocinar delitos diversos, e inclusive menos llamativos a nivel internacional que los mencionados en el reportaje del NYT), a pretender que la Procuraduría mexicana de justicia castigase a quienes resultasen responsables de mencionarlos en tal contexto.
Esos posibles responsables no podían ser otros que los corresponsales del NYT, cuyos reportajes, según la PGR, ``colmaron los extremos marcados para la calumnia''. Sin embargo, la PGR se abstuvo de ejercer acción penal contra los reporteros, argumentando que la legislación mexicana no se corresponde en esos temas con la estadunidense, pues en el vecino país no hay delitos de opinión, y la presunta calumnia se había cometido en un diario publicado en tal ámbito extranjero.
Haciendo méritos
Los principales funcionarios del Instituto Politécnico Nacional recibieron el pasado día 12 un oficio firmado por el director general, Diódoro Guerra Rodríguez, en el que les comunica ``que la contratación del personal extranjero está supeditada a la preferencia que debe darse a los nacionales mexicanos, quienes sólo podrán ser sustituidos por extranjeros cuando no existan mexicanos que puedan desarrollar el servicio respectivo o, en su caso, que los extranjeros propuestos sean profesores o investigadores destacados en alguna rama de la ciencia o de la técnica no cubiertas o insuficientemente cubiertas por mexicanos''.
La circular número 5, que lleva además el folio 00947, está dirigida ``a los CC. secretario general, secretarios de área, directores de coordinación y directores de escuelas, centros y unidades del IPN''. El texto, escrito en un solo párrafo, sólo lleva como antecedente los artículos de la Constitución federal, de la ley de la burocracia federal, de las condiciones generales de trabajo de la SEP, de la ley orgánica del IPN y de los reglamentos del caso, pero no explica la razón específica por la cual se habría estimado necesario hacer tales observaciones por escrito y recabando sello y firma de recepción de los destinatarios.
El oficio de Guerra Rodríguez ha producido entre una parte del personal del IPN, actualmente de vacaciones, el temor de que en tal institución educativa se pretendan reproducir las medidas xenófobas que el gobierno federal parecía relacionar sólo con el conflicto chiapaneco.
En el IPN hay un importante número de ciudadanos extranjeros que han coadyuvado de manera esencial a su desarrollo, y resultaría especialmente nefasto que en ese ámbito académico se pretendiese repetir por mimetismo político la línea asumida para Chiapas por la alta oficina que, además, estaría por decidir la candidatura priísta a gobernador de Tamaulipas, en la que Guerra Rodríguez es uno de los firmes aspirantes.
Machetazo a caballo de Bucareli
La tarjeta ejecutiva en la cual se resume la estrategia para Chiapas que desarrolla la Secretaría de Gobernación, a cargo de Francisco Labastida, es la siguiente:
1. Acciones legislativas (iniciativa presidencial sobre derechos y cultura indígenas).
2. Acciones de desarrollo social en 42 comunidades estratégicas.
3. Remunicipalización, incorporando a los llamados municipios autónomos a través de una acción operada mediante la instancia del Ejecutivo estatal.
4. Reactivación económica (creación de empleos, incentivos fiscales, construcción de la carretera a Cosoleacaque).
5. Retorno a la ley (hay más de 40 mil órdenes de aprehensión sin ejecutar).
La información del caso fue publicada el martes pasado en el diario chiapaneco Cuarto Poder, en la columna Café Avenida firmada por Pepe Figueroa, y Astillero la reproduce por saber, de primera mano, que el secretario Labastida Ochoa utilizó recientemente tal resumen de acciones ante selecto auditorio no partidista.
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