En un artículo reciente (La Jornada, 31/3/98), Luis Hernández Navarro planteó una cuestión jurídica de fondo relacionada con el estado actual del conflicto chiapaneco: el derecho estatal de legislar al margen de un grupo étnico minoritario --que no está políticamente representado en el proceso legislativo-- y la obligación de ese mismo grupo étnico de acatar la norma jurídica resultante. Para los abogados, la cuestión representa el eterno dilema kelseniano del contenido moral de la norma jurídica. Hans Kelsen, padre de la Teoría Pura del Derecho (el derecho ``purificado de toda ideología política'' y, añadiría yo, desprovisto de todo contenido humano), sufrió con mansedumbre el racismo del Tercer Reich, seguramente porque sus dictados provenían de un poder legislativo válidamente constituido y representativo de la mayoría. Sin embargo, para Hernández, ``la norma jurídica (...) aprobada por la mayoría no justifica moralmente su contenido y alcance''. ¡Bravo!

El dilema planteado por Luis Hernández trasciende la cuestión del cumplimiento con una ley promulgada bajo apariencia de legalidad. Sus preguntas proyectan de golpe, en el escenario de la política nacional, el delicado tema de los derechos de las minorías étnicas en las democracias modernas. España le otorgó a las provincias autonómicas derechos que se quedaron en el umbral de la plena independencia. Y el gobierno de Tony Blair --estrella fulgurante de la nueva política europea--, cediendo a la realidad de las provincias autonómicas españolas y los LŠnder alemanes, reconoció la ``revolución silenciosa'' escocesa, otorgándole al gobierno de Edinburgo, tres siglos después de la abolición del último parlamento escocés, un parlamento independiente, su bandera, la nacionalidad escocesa (la cual deberá coexistir con la ciudadanía inglesa) y una autonomía que pudiera llegar a la independencia plena en el seno de la Comunidad Europea.

Pero nadie ha ido tan lejos como Canadá. En abril de 1999, esta moderna confederación tendrá un nuevo territorio federal más grande que Europa (considerado por algunos juristas como una nueva provincia autonómica disfrazada). Con ello, el gobierno de Ottawa resuelve una reclamación de tierras negociada desde 1963 con los aborígenes Inuit para crear ``Nunavut'', un territorio en el que prevalecerán tres idiomas oficiales: el inglés, el francés y el inuktitut; y donde los aborígenes que habitan los inhóspitos territorios del noroeste (enclavados en las nieves eternas, pero rebosantes de gas natural, petróleo y otras riquezas naturales) tendrán el derecho ancestral de promover sus tradiciones, preservar su lengua, proteger el ambiente, administrar sus recursos naturales, impartir justicia y gozar del derecho a la libre determinación.

Lo de siempre: mientras nosotros pretendemos resolver el problema de Chiapas utilizando el subterfugio de una ``mayoría legislativa'' negociada en la penumbra, los internacionalistas estudian con empeño las causas jurídicas y morales que justificarían el derecho de secesión, en un Estado que reprime las necesidades culturales o democráticas de las etnias. Hurst Hannum, por ejemplo, profesor de derecho internacional de la prestigiada Fletcher School of Law and Diplomacy, afirmó recientemente que las disputas étnicas --la principal causa de conflictos políticos y militares en los Estados modernos-- agudizan las tensiones existentes entre los antiguos conceptos de ``autodeterminación'', ``soberanía'' e ``integridad territorial'', por la vaguedad que han adquirido en el mundo moderno; y sostiene que la comunidad internacional tiene la obligación solidaria de apoyar decididamente los esfuerzos de secesión en los casos de violaciones masivas a los derechos humanos --cuando alcancen el nivel de genocidio--, aquéllos en los cuales ``la mayoria del país esté en favor de la represión'', o cuando el gobierno central les niegue a las etnias el derecho a la libre determinación.

Para colmo, la reciente iniciativa oficial viola el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por el Senado mexicano, que obliga a consultar a los pueblos indios ``cada vez que se prevean medidas legislativas (...) susceptibles de afectarlos''. ¡Qué enorme responsabilidad histórica asumirían los legisladores que llegaren a aprobar unilateralmente --¡todos a una, viva Kelsen!-- la reciente iniciativa presidencial sobre derechos y cultura indígenas!