La situación política en Chiapas se vuelve cada día más compleja y tensa. Tres acciones gubernamentales en los días recientes han agravado el conflicto y elevado considerablemente la temperatura política en el estado.

La operación policiaca del martes pasado en contra de la comunidad 10 de Abril del municipio de Altamirano, donde se detuvo y maltrató a tres ciudadanos noruegos, se golpeó a los indígenas, se les dispararon gases lacrimógenos y se saquearon sus pertenencias, al tiempo que elementos de Seguridad Pública gritaban: ``¡El gobierno no quiere paz, quiere guerra!'', es una acción de extraordinaria gravedad, violatoria de los derechos humanos y completamente alejada de la restauración del estado de derecho.

La declaración que el Presidente hizo anteayer en Caracas, de que el EZLN es ``el principal grupo paramilitar'' en el conflicto chiapaneco es, como lo señalaron senadores de PAN, del PRD y Pablo Salazar, del PRI, una afirmación muy desafortunada. Esta caracterización choca frontalmente con el reconocimiento que la Ley de Concordia del 11 de marzo de 1995 hizo de los rebeldes como un grupo de mexicanos inconformes. Si los zapatistas son un grupo paramilitar habría que preguntarle al gobierno federal por qué ha entablado con ellos negociaciones y llegado a acuerdos.

La expulsión del país de ciudadanos extranjeros ha deteriorado aún más la imagen de México en el exterior y ha provocado la inquietud de varios gobiernos. La pretensión de presentar a personas preocupadas por el respeto a los derechos humanos como dirigentes de municipios autónomos es una nueva ofensa al sentido común de la opinión pública. Nuevamente xenofobia y racismo se han conjuntado en una medida que poco ayuda a crear un marco favorable para solucionar el conflicto.

Es este clima el que ha permitido el surgimiento de situaciones turbias y ominosas, como la lista negra de ``extranjeros lesivos'' publicada ayer por el periódico Novedades, que atribuyó la autoría de la nómina a la Secretaría de Gobernación. Esta dependencia negó, oficial y públicamente, cualquier relación con el documento e incluso funcionarios de la dependencia no descartaron que dicho texto --en el cual se incluye de manera infame el nombre del corresponsal de La Jornada en San Cristóbal de las Casas, Elio Enríquez-- sea apócrifo. Aunque tranquiliza conocer la postura institucional sobre el asunto, resulta obligado preguntarse cuál es la naturaleza de los intereses que pretenden atizar el odio a los extranjeros mediante la elaboración y divulgación de semejantes listas. Por ello, urge una investigación a fondo, pues este tipo de acciones irreponsables sólo generan mayor inquietud en una zona de por sí tensa.

En medio de hechos tan preocupantes, son alentadores los indicios de que el Consejo Nacional del PAN podría manifestarse en las próximas horas a favor del aplazamiento del examen legislativo de las iniciativas de reformas constitucionales en materia de derechos y cultura indígenas. De producirse, tal decisión contribuirá a crear el clima de distensión política que se requiere para empezar a desenredar la madeja del cada vez más enconado y explosivo conflicto chiapaneco. La solución de éste pasa por incorporar e incluir a los protagonistas en el proceso legislativo y no por excluirlos.