Si el gobierno requirió 450 elementos de Seguridad Pública, 15 de la Policía Judicial Federal, cuatro oficiales del Instituto Nacional de Migración (INM), 10 agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) y 300 elementos del Ejército Mexicano para ``disolver'' el municipio autónomo Ricardo Flores Magón en Taniperlas --constituido unas horas antes del operativo gubernamental--, necesitará alrededor de 22 mil 500 elementos de Seguridad Pública, 750 de la Policía federal, 200 del INM, 50 de la PGR y 15 mil efectivos del Ejército para ``disolver'' el medio centenar de municipios autónomos ya existentes en el estado Chiapas.

Las proporciones referidas son tan absurdas como lo es la acción misma del desalojo, pero no es la inteligencia política ni la coherencia lo que distinguen hoy los actos de un gobierno desesperado por darle una ``salida'' al conflicto de Chiapas, así sea por la vía de la provocación, del crimen político, de acciones fascistas y de la guerra.

De mantener la línea de acción operada en Taniperlas, ¿podríamos preguntarle al gobierno qué es lo que sigue? ¿La guerra en distintas áreas del país? Seguramente, pues el conflicto chiapaneco es tan regional o localizado como azul y rosa son los colores de nuestra bandera. ¿Y luego? Tal vez una batida generalizada contra los más de 400 municipios oaxaqueños que se rigen hoy por hoy por sus ``usos y costumbres'', y que están a punto de acceder a un reconocimiento prácticamente pleno de sus sistemas normativos.

¿Usará el gobierno la fuerza armada para impedir que el Congreso Nacional Indígena forme municipios autónomos en otros estados del país? En su demencial carrera, el poder Ejecutivo tal vez no descarte imponer también el estado de sitio en la capital de la República, pues no parece haber otra forma de impedir que los millones de chilangos que han votado por el cambio se vuelquen literalmente a la defensa de los indígenas de Chiapas y de otras partes de México.

La aplicación del artículo 33 en forma generalizada sería otra consecuencia lógica de la acción punitiva de Taniperlas, pues no hay 12 sino cientos de extranjeros que hoy por hoy cometen en nuestro país ``delitos multitudinarios''.

Acompañaría a la acción de limpieza racial y nacionalista la quema de los libros de Saramago y de otros autores extranjeros que se han vuelto en extremo impertinentes, convirtiendo en humo a la vez todos los textos de Fuentes, Villoro y Monsiváis, por no mencionar sino a algunos de los cientos de autores que hoy militan en las filas de la irreverencia frente a los mandatos del Tlatoani.

Un vuelco esencial viviría nuestra patria. Tal vez llegaríamos así finalmente a un régimen de ``alternancia'', en el que un PRI renovado y un PAN purificado se encargarían de llevar en sus espaldas la dura tarea de gobernar remisos. Y el presidente Ernesto Zedillo no tendría en ese caso que emigrar a Irlanda o a otro país lejano después de su mandato.