Otra de las calamidades que ha castigado severamente a los de por sí disminuidos recursos naturales con que cuenta el Valle de México son los incendios de los días recientes, en diversas zonas y reservas ecológicas del DF y sus alrededores.

El deterioro de las áreas verdes, que se acentúa a partir de los años sesenta, presenta en la actualidad un diagnóstico de gravedad alarmante, pues a los siniestros de la conflagración habría que añadir la expansiva mancha urbana, producto de la carencia histórica de un Programa Nacional de Desarrollo Urbano (pues aunque se han formulado varios, ninguno se ha cumplido), así como de la desenfrenada especulación inmobiliaria y el abundante catálogo de invasiones.

El saldo negro, ``carbonizado'', de estos incendios son más de mil al año, tan sólo en la ciudad de México, que han devastado unas 2000 hectáreas, aproximadamente, y ahora ponen también al descubierto la irresponsabilidad e ineficacia de las autoridades federales, una historia gubernamental de raíces centralistas que parte 1928, cuando se crea el Departamento del Distrito Federal, y por cierto desaparecen los municipios, tema que en otra ocasión abordaremos.

Tampoco han faltado, quienes tratando de aprovechar estos siniestros con un sesgo partidista, pretenden responsabilizar al gobierno entrante, soslayando que la Semarnap lleva ya tres años de este sexenio sin haber instrumentado una estrategia y un operativo para resguardar nuestras reservas forestales. Por el contrario, la secretaria Carabias llega al extremo de declarar desfachatadamente que son normales estos desastres, cuando sabemos que se han incrementado no sólo en su número, sino en la pérdida acumulada de bosques, que en algunos casos deben transcurrir décadas para su total recuperación.

El problema de los incendios no es privativo de la capital, pues se ha presentado y agudizado en todo el país. Los estragos de estos siniestros revelan atrasos y rezagos en materia de protección civil a nivel nacional.

Es urgente legislar y desarrollar políticas públicas que se encaminen a prevenir y mitigar los efectos destructivos de los incendios y otros fenómenos. Ya vienen las lluvias y los ciclones ¿Qué se va hacer?

Tan sólo una muestra la tenemos en la precariedad de los cuerpos de bomberos, que a veces ni a impermeables o botas llegan y suplen las carencias con su arrojo heroico, altísima dignidad personal y enorme vocación de servicio público, antítesis de quienes se sospecha hubieran prendido el fuego intencionalmente, por prácticas ancestrales inconvenientes o por la ambición malsana de modificar el uso de suelo, sin descartar la posible maquinación de provocadores de pasta demencial o neurosis piromaniaca.

En estos nuevos tiempos políticos, cuando tanto se menciona la participación de la ciudadanía en los asuntos de gobierno, bien podría encenderse la mecha de la acción ciudadana, para prevenir, alertar y operar medidas inmediatas ante cualquier conato de incendio.

Más allá de lamentos hay que prevenir y fincar responsabilidad a quienes han incumplido, así como exigir a las autoridades correspondientes, a las de carácter federal, por ser las que tienen facultades en estos casos, que establezcan pronto un dispositivo integral, seguro y profesional en materia de protección civil. A la vez, abrir espacios que posibiliten iniciativas por parte del sector empresarial y de la propia sociedad civil, para que especialmente ésta, además de vigilar y dar seguimiento a las decisiones y acciones de las instancias de gobierno correspondientes, conjunten un solo frente en contra de siniestros y desastres.

Estamos a tiempo de extinguir la negligencia burocrática de pasadas administraciones y sentar bases que fundamenten una nueva concepción de la protección civil, para que, de entrada, en lo que se refiere a incendios forestales, no ocurra en 1999 lo que ya padecimos este año con pérdidas cuantiosas.