La Jornada 18 de abril de 1998

``Un abuso'', las demandas, afirma Palacios Alcocer

Ciro Pérez Silva, Enrique Méndez y Fabiola Martínez Ť El presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, el priísta Miguel Sadot Sánchez Carreño, reiteró que la pretendida resolución de procedencia de juicios políticos en contra de los gobernadores de Yucatán y Tabasco es irregular e ilegal. ``El siguiente paso que vamos a tener de esos juicios será un supuesto proceso que deba darse en el seno de las comisiones unidas de Justicia y Gobernación'', señaló.

Entrevistado al término de una reunión de esta comisión legislativa, dijo que al integrar la demanda hubo errores que en su momento recibirán una respuesta del PRI, e insistió en que la resolución de la Subcomisión de Examen Previo carece de validez.

Por su parte, el presidente nacional del PRI, Mariano Palacios Alcocer, consideró que las demandas de juicio político ``se han tratado con un extremo que casi raya en el abuso, más con propósitos de estridencia que con soporte o fundamento''. Sostuvo que cuando estas demandas no prosperan, ``no es por una actitud cerrada de los actores sino por la incapacidad de quienes las inician para presentarlas''.

En tanto, la bancada priísta prepara la estrategia para revertir el proceso, una vez que las denuncias de juicio político se pongan a consideración de las comisiones unidas. De entrada, pretenden repetir el método utilizado el pasado jueves, cuando se discutió el dictamen sobre la prohibición para que partidos políticos utilicen en sus emblemas los colores de la bandera.

Sánchez Carreño comentó que la denuncia en contra del mandatario yucateco, Víctor Cervera Pacheco, ya se había desahogado resultando un empate, por lo que tendría que haberse examinado nuevamente, ``pero con la asistencia del quórum legal''. Mientras que en Tabasco, ``las denuncias son notoria y evidentemente improcedentes'', dijo.

La primera denuncia, argumentó, se hizo cuando el titular del Ejecutivo de Tabasco no tenía el carácter de servidor público, requisito esencial para iniciar un juicio político; la segunda consiste en presuntas desviaciones de recursos oficiales para el proceso electoral, acusación que es objeto de una controversia constitucional y está sujeta a esa decisión, mientras que la tercera se refiere a una denuncia sobre irregularidades en la Cuenta Pública en el estado de Tabasco, materia que compete al Congreso de ese estado, subrayó Sánchez Carreño.

A su vez, Palacios Alcocer agregó que cuando el proceso democrático en el país avanza con madurez, obliga a que quienes interpongan una denuncia de esta naturaleza lo hagan con toda ``responsabilidad y fundamento''.

En breve entrevista, el dirigente argumentó que aunque existen ``enormes cantidades de demandas de juicios políticos'' hay un procedimiento claro. En el caso de gobernadores, la instancia de competencia es el Congreso de la Unión. Sin embargo, ``sólo los congresos locales pueden disponer lo conducente en última instancia''.

Para que un juicio político se aplique es necesario que la Subcomisión de Examen Previo emita un acuerdo, que éste pueda ser votado por la comisión respectiva y posteriormente sometido al pleno. ``Si esto procede, pasa al Senado de la República y de ahí regresaría al Congreso local'', explicó.

--¿La demanda de juicio a los gobernadores es para usted una pugna política o un reclamo popular?

--Eso es casuístico, no se puede generalizar. Hay casos en los que puede tener un fundamento jurídico; otros donde puede haber, absolutamente, afán de estridencia.

--¿Y en este caso?

--Depende --contestó.

Protección a menores en el extranjero

En otro asunto tratado en la sesión de ayer, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados analizó la forma de adecuar en los tratados internacionales la figura de la adopción de menores, para lograr una mayor protección de este sector de la población en el extranjero.

Se pretende además establecer en el marco jurídico el amparo que deben recibir en México, no sólo los tutores sino los familiares de éstos, para que el hijo adoptado tenga los beneficios del consanguíneo.