Los acontecimientos ocurridos en la selva Lacandona durante la madrugada del Sábado de Gloria nos obligan a una profunda reflexión sobre la problemática municipal del estado de Chiapas.
Entre las muchas cosas que dejó al descubierto el levantamiento armado del 1o. de enero de 1994 fue la disfuncionalidad de la representación política municipal y la precaria legitimidad de la que gozaba una porción importante de los ayuntamientos de la entidad.
No hay que olvidar que el alzamiento armado zapatista comenzó con la ocupación de varias poblaciones, que además de ser cabeceras municipales constituyen verdaderos centros de poder regional, y con la destrucción de lo que para el movimiento indígena campesino simbolizaba el poder político local.
Las imágenes que los televidentes o lectores de periódicos tuvimos la oportunidad de ver en los primeros días del conflicto nos mostraban palacios municipales demolidos a pico y mazo, muebles lanzados por las ventanas, archivos judiciales tirados en banquetas y plazas, cárceles municipales abiertas y comandancias de policía quemadas.
Contra lo que se ha manejado y difundido ampliamente, el impacto político directo del levantamiento zapatista no sólo se sintió en ``cuatro municipios''. El 9 de febrero de 1994 el gobierno del estado de Chiapas exentó del pago de impuestos a los habitantes de 30 municipios de la entidad que ``en virtud del conflicto armado [...] se vieron afectados de manera considerable en sus actividades'' (4a. sección del No. 297 del Diario Oficial).
Como efecto también del levantamiento zapatista, entre febrero y abril del mismo año, los chiapanecos fuimos testigos de una verdadera revuelta de carácter municipal a lo largo y ancho de la entidad, cuyas demandas eran la remoción de presidentes y la ``democratización'' de la vida pública municipal. El saldo: 24 palacios municipales tomados.
La inconformidad municipal tiene antecedentes históricos en Chiapas. En las elecciones locales de 1985 las protestas en diversos municipios, a decir de las propias autoridades, ``cobraron 37 vidas, numerosos heridos, graves daños patrimoniales y odios que aún parecen permanentes'' (Informe de gobierno, 1991).
En las elecciones locales de 1991 las inconformidades tampoco se hicieron esperar. En una cantidad significativa de municipios hubo diversos tipos de protestas, y aunque las consecuencias no fueron de la gravedad de los hechos ocurridos seis años antes, las secuelas de la elección en muchos municipios nunca desaparecieron, por lo que volvieron a surgir antes y después del conflicto armado.
Entre 1992 y 1994 el Congreso del estado se vio obligado a nombrar consejos municipales en 22 municipios (13 antes de 94 y nueve después de ese año). En algunos de ellos se tuvo que cambiar hasta en dos ocasiones a las autoridades; fue el caso de San Juan Chamula.
El 19 de diciembre de 1994 el EZLN hizo del conocimiento de la opinión pública la creación de 32 nuevos ``municipios autónomos'', y el reconocimiento de Amado Avendaño como gobernador ``rebelde'' de Chiapas.
La distribución geográfica de los nuevos municipios, de hacerse efectiva, afectaría el territorio y las poblaciones de 38 municipios constitucionales.
En las elecciones del 15 de octubre de 1995 también surgieron desavenencias electorales municipales. En al menos 25 municipios hubo ``destrucción y quema de paquetes electorales, plantones y tomas de instalaciones de los consejos (electorales) municipales, marchas y mítines, enfrentamientos entre policías de Seguridad Pública y [manifestantes], desalojos [...], así como la exigencia de invalidar los comicios'' (La Jornada, 19/X/95). En Ocosingo el consejo electoral municipal decidió no realizar las elecciones, por lo que se creó un consejo municipal rotativo.
Por último, a toda esta problemática municipal rápidamente reseñada hay que sumar el ingrediente de los conflictos que provoca en una decena de municipios de la zona del estado la existencia de grupos paramilitares, situación que enturbia muy gravemente el panorama político municipal del estado.
Si cruzamos todas las variables políticas mencionadas, encontraremos que alrededor de 70 de los 111 municipios de Chiapas han sido afectados por conflictos municipales.
Toda esta problemática municipal forma parte hoy de un enfrentamiento más vasto: el conflicto bélico entre el EZLN y el gobierno federal, cuya tregua militar continúa y cuyo diálogo se encuentra estancado desde hace ya casi dos años.
La integración e instalación del consejo del municipio autónomo Ricardo Flores Magón (que ya existía desde diciembre de 1994) por parte de campesinos e indígenas que forman las bases de apoyo zapatista del ejido Taniperlas, y comunidades circunvecinas, está inscrita en esta doble historia: la de la disfuncionalidad de la división y administración municipal y la del conflicto bélico EZLN-gobierno federal.
Verlo de esta manera no sólo ayudará a entender mejor lo que está pasando hoy en los municipios de Chiapas, sino que facilitará la búsqueda de soluciones duraderas a una problemática que de no resolverse puede convertirse en muy explosiva. Las elecciones municipales en Chiapas ya están a la vuelta de la esquina: se realizarán el 4 de octubre próximo.
La instalación y posterior disolución por parte del gobierno estatal del consejo autónomo del municipio Ricardo Flores Magón, ubicó con toda claridad, a partir de un hecho político de la vida real (y no imaginaria), uno de los puntos nodales de la discusión sobre la reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígena.
En los acuerdos de San Andrés y en la aportación legislativa de la Cocopa están contenidas las iniciativas que buscan, sin vaciar de contenido indígena las propuestas originales, el reencauzamiento de la vida pública municipal de Chiapas y de México a través de la relocalización democrática de las funciones públicas básicas.
Los legisladores que están en contra de la iniciativa de la Cocopa deben saber que, al rechazarla, están cerrando un camino de entendimiento municipal en Chiapas y quizás en muchas regiones del país. Pero además, después de los sucesos del ejido Taniperlas, ¿saben los legisladores qué otras acciones pueden estar autorizando?