Mensaje de López Obrador a Felipe Calderón y facsímil de la propuesta formal al PAN.

7 abril de 1998.

Felipe:

Te envío la propuesta formal del PRD para la construcción de un Acuerdo de Gobernabilidad y Diálogo para la Paz y la Estabilidad Política de la República, en cuyo marco se inscribe la estrategia que proponemos para la solución pacífica al conflicto en Chiapas.

Independientemente de tus comentarios, observaciones y la definición que finalmente asuma la dirección del partido que presides, considero importante que nuestros legisladores eviten una aprobación apresurada de las iniciativas de ley que se encuentran en el Senado y en la Cámara de Diputados. Todo ello para tener el tiempo necesario que un asunto de esta naturaleza requiere.

Saludos, Andrés Manuel.

Partido de la Revolución Democrática

México, DF, 7 de abril de 1998.

Lic. Felipe Calderón Hinojosa, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN

Presente

Ciudadano presidente:

En cuanto el gobierno de la República envió al Senado una iniciativa de ley sobre derechos y cultura indígenas, y optó así con claridad por la vía unilateral para buscar la solución al conflicto de Chiapas, se evidenciaron los inconvenientes de esa vía, y múltiples voces la censuraron y lo siguen haciendo. Su principal inconveniente consiste en que una de sus obligadas estaciones de tránsito es el desmantelamiento de la legislación que ha fundado el proceso de diálogo, así como de los órganos de mediación y coadyuvancia directas, lo que equivale a la reanudación del enfrentamiento armado y al previsible exterminio del adversario; en cualquier caso, al derramamiento de sangre.

En términos políticos, además, semejante estrategia no resolvería nada; antes bien, conduciría a un endurecimiento gubernamental en el país entero que pondría en peligro los precarios avances democráticos que hemos alcanzado y sembraría en la sociedad la irritación, la desconfianza y una desesperación que podría desbordarse en nuevas expresiones de violencia.

A nuestro juicio, el camino correcto es el elegido por las propias autoridades gubernamentales y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional al poco tiempo de estallado el conflicto, cuando ambas partes se comprometieron en San Cristóbal a agotar los recursos del diálogo, y posteriormente cuando se legisló para proteger las pláticas, se dotó al proceso pacificador de instancias de comunicación y apoyo y se llegó finalmente a la mesa de San Andrés Larráinzar con una agenda común.

Los acuerdos alcanzados y suscritos allí a principios de 1996, confirmaron plenamente las virtudes de la vía política, de la búsqueda de entendimientos y propuestas comunes que, una vez logrados, el gobierno federal y el EZLN se comprometieron a llevar a las instancias de debate y decisión nacional. Este es el camino que debe reanudarse, el que arranca de una mesa de negociación, el único que se orienta hacia la paz y la reconciliación y hacia formas de justicia social secularmente negadas a los indígenas. Es, en suma, el verdadero camino de la política.

Estamos convencidos de que en ese camino están la verdad y los principios. Tal es la razón de que lo hayamos hecho propio y de que, sabedores de que ha intentado sustituírsele sin conseguir crear sino nuevos y difíciles empantanamientos, nos estemos dirigiendo a usted, como lo convenimos en nuestro reciente encuentro, para proponerle la elaboración y firma de un documento que podría denominarse Acuerdo de Gobernabilidad y Diálogo para la Paz y la Estabilidad Política de la República. Su contenido sería, en sustancia, el siguiente:

Una declaración política del Presidente de la República y de todos los actores de la vida política nacional (partidos políticos, asociaciones empresariales, organizaciones sociales, organismos no gubernamentales, etcétera) que implique, entre otros elementos, una adhesión firme a principios generales de legalidad, de estabilidad política, de rechazo a la violencia, de tránsito pacífico a la democracia y a la reforma política del estado.

Asimismo, los suscriptores se comprometerían a hacer cuanto sea necesario para preservar la soberanía nacional, a mantener la integridad del territorio mexicano, a acatar la norma constitucional que coloca bajo el dominio de la nación los bienes del subsuelo, a no consentir leyes de privilegio, pero a distinguir entre éstas y las que significan proteger con la ley fundamental, como ya se ha hecho en parte, derechos étnicos que han sido formalmente inexistentes durante centurias y con cuyo cumplimiento se avanzaría hacia formas de igualdad individual y colectiva más auténticas.

Igualmente, los firmantes se comprometerían a organizar un diálogo nacional, porque las transformaciones que demanda el país tienen que ser el fruto de una amplia participación democrática, plural e incluyente. Siendo el Congreso de la Unión el escenario natural para la discusión de los grandes temas de interés general, pensamos que es de su competencia la organización del diálogo nacional, mediante una comisión legislativa conjunta. Los instrumentos del diálogo serían los siguientes:

Encuentros. En cada uno de los 300 distritos electorales se realizarán diálogos y se integrarán comisiones plurales abiertas para convocar, conducir y recoger las conclusiones y formular la relatoría correspondiente. Los diputados federales, en respetuosa concertación con los diputados locales, serán los responsables de estas reuniones.

Foros. En cada entidad federativa, los cuatro senadores, conjuntamente con los congresos y los partidos locales, realizarán foros en los cuales se conocerán las relatorías distritales y estatales, y formularán los consensos para remitirlos al Congreso de la Unión.

Temario. El temario serán tan amplio como las necesidades lo requieran. Se recogerán las distintas expresiones de los partidos y fuerzas políticas sobre cada asunto. La participación de los legisladores de ambas cámaras enriquecerá sin duda los temas de la discusión.

Sobre el conflicto chiapaneco, de buena fe estamos convencidos de que la propuesta de ley sobre la que deben basarse las reformas constitucionales, es la presentada por la Cocopa como órgano de coadyuvancia y la que, por tanto, debe ser enviada al Congreso. Esto, ciudadano presidente del Partido Acción Nacional, no obedece en absoluto a ningún oscuro compromiso con nadie, sencillamente porque nuestros acuerdos y alianzas derivan su fuerza del hecho de ser públicos y legítimos. Defendemos esa propuesta porque es la que respeta el principio de bilateralidad, porque habiéndola comparado minuciosa e imparcialmente, encontramos que es la que traduce los acuerdos de Larráinzar con mayor fidelidad, porque es la que mejor se corresponde con la magnitud histórica de los cambios que el país demanda y, finalmente, porque al cabo del tiempo transcurrido desde su presentación es la que ha merecido el consenso social más amplio.

Presentada esa propuesta, es menester que se cumplan las cinco condiciones apuntadas por el EZLN para la reanudación del diálogo, mismas que ciertamente no son condiciones de rendición, sino pasos lógicos y necesarios para el restablecimiento de la confianza mutua y la creación de un clima de negociación.

La primera condición, una vez que sea aprobada la ley sobre derechos y cultura indígenas, sería la instalación de la Comisión de Seguimiento y Verificación de los acuerdos.

La segunda tiene que ver con los trabajos de la mesa dos de San Andrés Larráinzar, relativa a Democracia y Justicia. Se demanda una propuesta de esta mesa, lo que seguramente se obtendrá con el restablecimiento del diálogo.

La tercera se relaciona con el cese de la persecución y del hostigamiento militar y paramilitar en las comunidades indígenas de Chiapas, punto que se resolvería con el desmantelamiento de las bandas paramilitares, ilegales por definición, y con el retiro de los efectivos militares enviados con motivo del levantamiento armado y su retorno a sus funciones constitucionales.

La cuarta es la liberación de los presos zapatistas en todo el país, y ciertamente no se confiere el tratamiento de delincuentes precisamente a aquéllos que pertenecen a una entidad con la que se está dialogando.

La quinta y última consiste en el nombramiento de un comisionado gubernamental con capacidad de decisión y facultades para adquirir compromisos y resolver el problema.

Esta es la estrategia que el PRD ofrece con toda sinceridad, para pasar con bien la hoja del conflicto en Chiapas. Esta es la estrategia que rindió frutos óptimos hasta el inicio del diálogo de San Andrés. Es la estrategia política, la que rechaza la violencia, la sangre, el exterminio y la deshonra histórica.

Concretamente, el PRD le propone al Partido Acción Nacional trabajar conjuntamente en la construcción de este acuerdo en un esfuerzo por destrabar el proceso de paz y reconciliación en Chiapas. Y, consecuentemente, nos comprometemos a firmar el documento resultante, a participar activamente en los trabajos que de él se desprendan y a hacer un serio llamamiento al EZLN para que retorne sin demora a la mesa del diálogo hasta que se agote la agenda prevista y los mexicanos podamos entregarnos sin sobresaltos al trabajo y a la construcción de una vida más digna, más democrática y más productiva.

Atentamente

¡Democracia ya, Patria para Todos!

Andrés Manuel López Obrador

Presidente Nacional del PRD.