Trasciende alianza estratégica de PAN y gobierno para la reforma indígena
Un grupo de dirigentes panistas y la Secretaría de Gobernación habrían acordado sostener posturas sincronizadas y coincidentes para garantizar la aprobación en el Senado de un dictamen sobre las iniciativas de reformas constitucionales en materia de derechos y cultura indígenas, durante los días que faltan para que concluya abril, informaron a La Jornada fuentes cercanas a la dirigencia panista.
En el acuerdo habrían participado, por parte de Acción Nacional, Felipe Calderón Hinojosa, Diego Fernández de Cevallos y Carlos Castillo Peraza, y se tendría el doble propósito de incrementar la presión gubernamental sobre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), para obligarlo a volver a la mesa del diálogo con la representación del gobierno federal, y de presionar al Partido de la Revolución Democrática para forzarlo a moverse de lo que en las oficinas de Bucareli se califica como una postura maximalista.
En las negociaciones con la plantilla mayor del PAN, pero también con el grupo Galileo del PRI, participa el subsecretario de Gobernación Jorge Alcocer, que en este escenario actúa -según su propio dicho- con la representación personal del presidente Ernesto Zedillo, quien lo habría llamado por teléfono desde Venezuela para darle instrucciones en este sentido.
El mismo Alcocer tendría la responsabilidad de concertar con el grupo Galileo del PRI el apoyo a la propuesta presidencial y lograr que en el Senado se apruebe un primer dictamen sobre la iniciativa de reforma constitucional sobre derechos y cultura indígenas.
De acuerdo con fuentes cercanas al grupo Galileo, Alcocer habría explicado a los legisladores priístas que participan en él la existencia de un plan a realizarse de manera escalonada en tres momentos.
El primero de ellos consistiría en la aprobación de un primer dictamen del Senado. El segundo, en la convocatoria a un periodo extraordinario de sesiones durante junio y julio en la Cámara de Diputados, donde juntos los grupos parlamentarios de PRI y PAN impulsarían la aprobación de la minuta del Senado previa apertura, durante mayo y junio, de un espacio para convocar y dar al EZLN tiempo de emitir sus observaciones a la minuta legislativa, mismas que serían atendidas en la Cámara de Diputados, de donde se regresarían junto con su dictamen al Senado para su análisis y discusión.
El tercer paso, consecuencia de los dos primeros, sería el regreso del EZLN a la mesa de negociaciones, su reconocimiento como fuerza política interlocutora del gobierno federal, para continuar negociando desarmados y sin capuchas. No se aclaró si en la nueva ronda del diálogo y la negociación se incluiría la agenda pendiente acordada en San Andrés Larráinzar.
Trascendió también que si Acción Nacional no aceptara ir en acuerdo con la propuesta del presidente Zedillo, el Ejecutivo federal se deslindaría públicamente de su responsabilidad política en el tema, aduciendo que su compromiso está cumplido con el envío de la iniciativa presidencial de reforma constitucional hecha llegar al Senado, y que toda la responsabilidad corresponde, en ejercicio de sus atribuciones, al Congreso de la Unión.
Inclusive, habría dicho Alcocer, si existiera un procedimiento jurídico para el retiro de su iniciativa, el Presidente estaría dispuesto a retirarla. Pero todo esto estaría lejos de ocurrir, pues el subsecretario de Gobierno habría asegurado a los integrantes del grupo Galileo que la dirigencia de Acción Nacional habría manifestado a la Secretaría de Gobernación su total acuerdo con la propuesta presidencial, misma que sería presentada, analizada y aprobada por el Consejo Político del PAN que hoy tiene lugar.
El Consejo Político de Acción Nacional deberá definir, según trascendió de fuentes cercanas a Felipe Calderón Hinojosa, su posición política y la de su grupo parlamentario en el Congreso de la Unión, acerca de las iniciativas de reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígenas.
Para ello deberá analizar tanto los acuerdos que sus dirigentes habrían negociado con Gobernación como la propuesta que su presidente recibió, en días pasados, de su homólogo del PRD, Andrés Manuel López Obrador.
Esta propuesta consiste en pactar una tregua legislativa y un acuerdo de gobernabilidad, paz y estabilidad política, para resolver la crisis del diálogo entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el gobierno de Ernesto Zedillo, abriendo un espacio que permita el cumplimiento de las condiciones del EZLN para reanudar el diálogo. De comprometerse Acción Nacional con la iniciativa perredista, se propone hacer un llamamiento público al EZLN para que rompa el silencio y retorne a la mesa del diálogo.