La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (Secofi) anunció recientemente el decreto sobre las facilidades que a partir de diciembre pasado, se otorgan a la investigación científica y tecnológica, a través de exenciones a los impuestos de importación para los insumos propios de esa actividad.
El decreto se refiere a la incorporación de un nuevo arancel a la tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación, (número de fracción 9806.00.05), con tasas preferenciales para la introducción de maquinaria, equipo, instrumentos, materiales, animales, plantas y demás artículos para investigaciones o desarrollos tecnológicos. Asimismo, en el documento se establece que para obtener tasas preferenciales a la importación de tales insumos, las mercancías deberán provenir de los países con los cuales México ha suscrito convenios de libre comercio. Dicho decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación apenas el 17 de diciembre de 1997.
El anuncio puede considerarse ``positivo'', pues el decreto estimulará
a todas aquellas instituciones o grupos que realizan actividades
destinadas a la generación de conocimientos en el país, y que
requieren materiales o equipos producidos en otras partes del
mundo. Además, la citada noticia puede calificarse de ``oportuna'',
especialmente en estos tiempos en que las economías han quedado
sujetas a los criterios de la mercadotecnia o al consumo de bienes y
servicios con fines de lucro.
Esta medida es, sin duda, un acierto que habrá de acreditarse tanto a la Secofi como a la Secretaría de Hacienda, puesto que con ello se favorece a la investigación mexicana en general y a las instituciones que se dedican a estas labores con enormes esfuerzos, debido a la escasez de recursos financieros. Esto demuestra que hay voluntad para estimular, de manera indirecta, las labores de ciencia y tecnología que se desarrollan en el país.
No obstante, es imposible pasar por alto al menos dos obstáculos asociados con la operación e interpretación de ese decreto:
1) Las aduanas mexicanas, que son las encargadas de captar los impuestos del comercio exterior, tomarán las medidas necesarias para que esas facilidades beneficien sólo a los usuarios de las mercancías provenientes de siete países: Estados Unidos, Canadá, Colombia, Venezuela, Bolivia, Costa Rica y Chile.
2) Las mercancías consideradas en el decreto sólo gozarán de tales facilidades ``cuando los institutos de investigación científica y tecnológica se ajusten a los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la Secofi'', según lo establece el ordenamiento en cuestión.
Si bien los ingresos federales, fiscales o no, que resultan del intercambio comercial con otras naciones son indispensables para la estabilidad de nuestras finanzas públicas, hay razones para pensar que esas medidas constituyen, sin embargo, una buena decisión para apoyar y mantener las tareas de investigación, al menos en lo que toca a los recursos materiales necesarios para la ciencia. Con ello se puede constatar que los mecanismos fiscales pueden actuar efectivamente para impulsar a la ciencia y la tecnología, si se siguen políticas adecuadas y congruentes.
El hecho de otorgar ese tipo de facilidades, en un contexto caracterizado por la carencia de recursos financieros en la mayoría las instituciones académicas, habla bien del trabajo realizado por nuestra representación gubernamental en el ámbito del comercio exterior.
Con esos antecedentes, será conveniente para México mantener con firmeza políticas y estrategias comerciales idénticas, sobre todo ahora que se llevan a cabo negociaciones con los miembros de la comunidad europea. Y habrá que actuar igual en otros asuntos centrales para el desarrollo científico nacional, como la normatividad sobre la propiedad intelectual, el intercambio académico internacional o la multiplicación de convenios para formar jóvenes investigadores en distintos países, entre otros.
Quizá valga la pena cuidar también que a nuestros diplomáticos no les tiemblen la voz ni las manos durante esas negociaciones porque, de ser así, estaremos frente a un tropiezo histórico en materia de políticas científicas y comerciales, lo que además podría resultar contrario a los intereses económicos, políticos y culturales de los mexicanos.