Fracasó ya en este sexenio nueva argucia administrativa contra ejidatarios de La Caridad

Roberto Garduño, enviado /III y última, Nacozari, Son., 19 de abril Ť Al amparo que dispuso la devolución de mil 500 hectáreas a los ejidatarios de Pilares se le pretendió anular con la publicación de un nuevo decreto de expropiación, que el presidente Ernesto Zedillo firmó en abril de 1996.

Entre octubre de 1993, fecha en que el juzgado primero de distrito en Sonora dio a conocer el fallo, y marzo de 1998, fecha en que la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) ordenó la restitución de las mil 500 hectáreas en litigio, la Compañía Mexicana de Cobre agotó todos los recursos legales para revertir aquella disposición, pero fracasó. Ni la expedición de un nuevo decreto expropiatorio del 19 de abril de 1996 pudo revertir la decisión judicial.

La empresa minera del multimillonario Jorge Larrea Ortega -que tendrá que regresar las de mil 500 hectáreas el 22 de abril próximo- presentó siete solicitudes de inejecución de la sentencia que el juzgado primero de distrito en Sonora promovió, para que el terreno que ocupa parte de la mina La Caridad se restituyera a los ejidatarios de Pilares, pero ninguna prosperó.

De 1993 a 1995 el juzgado requirió a la SRA para que cumpliera con la sentencia, porque ya había transcurrido en ese tiempo el plazo que la ley concede a las autoridades responsables de los juicios de amparo para cumplir con los fallos del poder judicial.

Los ejidatarios aguardaron hasta febrero de 1995 para dirigir una carta al presidente Zedillo, en demanda de su intervención en el caso:

``Confiamos que tal y como usted lo ha manifestado en diversas ocasiones, se preserve el estado de derecho y los problemas se resuelvan por la vía de la legalidad. Solicitamos a usted, ordene se cumpla con la sentencia de amparo mencionada, volviendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, para lo cual se requiere restituir a nuestro ejido en la posesión que nos fue arrebatada con motivo de un acto inconstitucional''.

Días después la secretaría particular del mandatario respondió a los ejidatarios. Informó que el asunto se había remitido al gobierno de Manlio Fabio Beltrones. También en septiembre de 1995, la Coordinación de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República envió una notificación al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Vicente Aguinaco, para que diera seguimiento al caso del amparo e informara sobre la resolución adoptada. Ninguna de las dos instancias resolvió nada a los ejidatarios.

En Sonora, el amparo enfrentó distintos obstáculos. Los coordinadores agrarios de la SRA se oponían a la restitución. Héctor Villarreal, uno de esos funcionarios asentaba en julio de 1995 que la SRA ``no está obligada legalmente a ordenar a dicha empresa (Mexicana de Cobre) la desocupación de la superficie expropiada, ni a restituir al ejido la posesión que reclama''. Esa postura contravenía a la Ley Agraria, porque ésta sí autorizaba a cumplir con la restitución del terreno.

``Así nos trajeron, pasaron meses y años entre vueltas y vueltas, entre engaños y engaños. Nos veían ignorantes y pensaron que nos íbamos a desanimar'', recuerda el ejidatario Edmundo Rivera.

Intento gubernamental por cambiar la cosa juzgada

El 22 de marzo de 1996 el gobierno de Manlio Fabio Beltrones solicitó a la SRA que expropiara dos mil 233 hectáreas del ejido Pilares para ``la conservación y fomento del complejo minero metalúrgico'' de La Caridad; en la superficie citada se incluyeron las mil 500 hectáreas en litigio desde 1993.

Ni a un mes de esa solicitud apareció en el Diario Oficial de la Federación del 19 de abril, un decreto expropiatorio firmado por el presidente Ernesto Zedillo, que beneficiaría a la Compañía Mexicana de Cobre, porque la extensión de dos mil 233 hectáreas pasarían a ser propiedad de la empresa minera, la que pagaría una indemnización a los ejidatarios calculada en dos millones 90 mil 378 pesos.

La determinación presidencial de 1996 exponía que el decreto de 1974 -que firmó Luis Echeverría- para expropiar las mil 500 hectáreas de Pilares ``quedó insubsistente en virtud a la sentencia ejecutoriada de fecha 19 de mayo de 1994''. De tal forma que la expropiación firmada por el presidente Ernesto Zedillo incluía el área restituida a los ejidatarios de Pilares. Además, recuerda Edmundo Rivera Marrufo, ``las 733 hectáreas más no se sabe dónde están, nunca se hizo un deslinde de los terrenos''.

Aquel ordenamiento establecía que la compañía minera debía pagar la indemnización de dos millones 90 mil pesos, y autorizó al gobierno de Sonora a ``transmitir la propiedad de los terrenos expropiados a favor de la empresa Mexicana de Cobre'' para que lo destinara a la conservación y fomento del complejo minero metalúrgico de La Caridad.

De abril de 1996 a diciembre de 1997, la mina La Caridad siguió produciendo cobre. A pesar de la caída del metal en los mercados de Londres y Nueva York, las ganancias del emporio de Jorge Larrea Ortega fueron sustanciosas.

Pero el 3 de diciembre del año pasado, la jueza primera de distrito en Sonora, Elsa del Carmen Navarrete Hinojosa, determinó la nulidad del decreto expropiatorio firmado por el presidente Ernesto Zedillo:

``Aún en el caso de que exista un nuevo decreto mediante el cual se expropie por causa de utilidad pública una superficie que según el promovente (la empresa minera) comprende a la que en su momento fue expropiada al quejoso (ejidatarios) mediante el decreto impugnado en el presente juicio constitucional, ello de ninguna manera resulta causa justificada para declarar cumplida la sentencia de amparo, puesto que de acuerdo con el artículo 80 de la Ley de Amparo, la sentencia que lo concede tiene por objeto restituir al agraviado el pleno goce de la garantía individual violada.

Restitución inminente

``Por lo tanto si las mismas autoridades responsables expidieron un nuevo decreto expropiatorio sobre la misma superficie que le fue expropiada al ejido quejoso, mediente el acto reclamado en este juicio, indiscutiblemente ello no puede limitar los efectos de la sentencia dictada, puesto que tal y como lo ha sostenido la H. Suprema Corte de Justicia, las autoridades no deben cambiar en forma alguna, ni limitar los efectos de las sentencias de amparo por resoluciones de ninguna especie posteriores a la ejecutoría, y cuya virtud no alcanza legalmente a cambiar la cosa juzgada''. Se invalidó el segundo decreto expropiatorio.

El 10 de marzo de 1998, el coordinador de la SRA en Sonora emitió la orden para restituir las mil 500 hectáreas a los ejidatarios de Pilares el próximo 22 de abril. La reacción de la Compañía Mexicana de Cobre fue solicitar a las instancias judiciales, que el caso fuera atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La petición fue revisada por la jueza Elsa del Carmen Navarrete, pero la rechazó por inviable, y ``porque no constituye motivo jurídico para suspender la ejecución ordenada, pues ningún precepto de la Ley de Amparo lo contempla''.

A la empresa de Jorge Larrea Ortega le quedan dos caminos: devolución del terreno donde se asienta una de las vetas de cobre más grandes de América Latina, o la negociación con los ejidatarios en base a los 200 millones de dólares que éstos exigen.

El gobernador de Sonora, Armando López Nogales, tiene una particular opinión sobre el conflicto:

``Nos interesa sobremanera que (el litigio) pudiera resolverse con los mejores términos, Mexicana de Cobre representa una fuente importante de empleo para Sonora, nos permite hablar de que somos el principal productor de cobre, y queremos que esta tranquilidad de que estamos gozando en el estado, no se rompa''.

-¿Es justa la demanda de los ejidatarios?

-Usted sabe que nuestra comunidad campesina en el país es litigiosa, en realidad muchas veces son asesorados por abogados o por líderes...(sic) en este caso yo desearía que no haya ningún menoscabo a lo que se refiere al patrimonio del ejido, pero en este caso el patrimonio se encuentra trabajado por la empresa.

-¿200 millones de dólares es mucho para unos campesinos pobres?

-En esos montos la verdad es mucho dinero ¿no? Tendría que ser una cantidad más razonable. ¡Imagínese qué empresa puede resistir 200 millones de dólares!

El 22 de abril regresan las mil 500 hectáreas a manos de los ejidatarios o reciben la indemnización solicitada.