Inclusive en el deterioro de la civilidad y de las formas que se aprecian actualmente en nuestra vida política, las irrupciones del gobernador de Tabasco y de sus huestes en el recinto legislativo de San Lázaro, antier, y en la Procuraduría General de la República (PGR), ayer, constituyen actos de provocación y grosería sin precedente que revelan, al mismo tiempo, el descontrol que impera en el partido político gubernamental y la decisión de sus sectores más reacios a la democratización del país de volver a prácticas políticas prepotentes y chicharroneras, como las definió hace dos décadas, cuando ya eran caducas, el entonces presidente José López Portillo.

En efecto, según confesión propia y pública, Roberto Madrazo Pintado no fue a la Cámara de Diputados a dialogar con el legislador panista Santiago Creel, y ni siquiera a confrontarlo por medio del debate, sino a agredirlo físicamente, cosa que no ocurrió porque el presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales no se encontraba en su oficina. Ayer, con modales semejantes, Madrazo y su horda se dirigieron al edificio de la PGR -en donde causaron diversos destrozos- para demandar penalmente al diputado Creel Miranda.

El fondo de la disputa es la determinación del diputado panista de instalar la subcomisión legislativa que resolvió la procedencia del juicio político al Ejecutivo tabasqueño, contra quien pesan graves y documentadas acusaciones, entre otras cosas, por haber financiado su campaña a la gubernatura con fondos de origen turbio y de monto ilegal. Pero, a la luz de las prácticas golpeadoras, gangsteriles y dinosáuricas de Madrazo Pintado y sus acompañantes, el origen del diferendo es lo de menos. Si en política forma es fondo, como señalaba don Jesús Reyes Heroles, las formas del gobernante tabasqueño son más bien la sima de la antipolítica: intentos de intimidación personal en lugar de procesos institucionales, insultos en vez de argumentos, amenazas en lugar de razones y, lo más grave, una patanería del todo inaceptable, no sólo porque proviene de un gobernador, sino porque se ejerce contra un legislador de la República.

A la decisión de Madrazo Pintado de degradar aún más una gubernatura que ha sido señalada como espuria desde su comienzo, se agrega la irresponsabilidad del jefe de la bancada priísta de la Cámara de Diputados, Arturo Núñez Jiménez, por haber extendido a su coterráneo una invitación; la cobertura que el Ejecutivo estatal requería para presentarse, con su cohorte de golpeadores -frustrados, a fin de cuentas- en el recinto de San Lázaro. Con ello, Núñez lesionó la vida institucional de la Legislatura de que forma parte y atentó contra la dignidad de los diputados.

Ambos episodios deplorables muestran que, ante la confusión y la falta de dirección que privan en la cúpula del Revolucionario Institucional, el ala dura de esa organización -proverbialmente representada por el gobernador tabasque- ño- ha ganado cotos de poder por demás preocupantes para las perspectivas de democratización y modernización de la vida política nacional.

Ante el ofensivo espectáculo de Madrazo, amenazando con ``honrar su apellido'' en la persona del diputado Creel Miranda, es obligado preguntarse por el margen de acción que en las filas de su propio partido puede disponer el Ejecutivo federal para llevar adelante la reforma del Estado que ha propuesto desde el inicio de su mandato.