Demanda hacer efectiva la obligatoriedad de mantener a los menores en los centros escolares

Humberto Ortiz Moreno Ť Si niños y jóvenes están en las calles y no en las escuelas pueden convertirse en un foco de violación sistemática al orden público para luego integrarse a la criminalidad tan grave que hoy padece la ciudad, advirtió el procurador de Justicia capitalino, Samuel del Villar.

En consecuencia, demandó frenar el elevado índice de delincuencia juvenil modificando el marco normativo para hacer

efectiva la obligación de los padres de mantener a sus hijos en los planteles escolares. El funcionario no soslaya la resistencia que éstos ponen para aceptar los programas de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) en el combate al delito desde su raíz en los colegios, pero está consciente de que es producto de la desintegración y las distorsiones en la pirámide social.

Del Villar hizo ver que el robo a transeúnte, que es el ilícito que más involucra a niños y jóvenes, ha aumentado 45 por ciento, pero los índices no reflejan un abatimiento equivalente de tal delito porque el marco jurídico para mantener el orden público impide consignar efectivamente a los detenidos, quienes en la mayoría de los casos son liberados por jueces cívicos.

El procurador anunció la preparación de un grupo especializado de las policías preventiva y judicial en ese tipo de delito con el fin de aplicar un dispositivo prioritario de inteligencia que tenga definido el modus operandi de esas bandas en las áreas más críticas de la capital. Y es que, aseveró, de no haber una autoridad policial efectiva que reintegre el orden público, la autoridad será débil para prevenir un fenómeno que puede devenir en una criminalidad más peligrosa.

En este contexto, indicó que el incremento de la delincuencia juvenil es un serio problema si se toman en cuenta las dificultades que enfrenta la autoridad para mantener el apego a la normatividad vigente, porque está muy fraccionada. Citó la situación de la policía preventiva, que actualmente no puede detener a taxis que violan las leyes de transporte público y pudiesen tener documentación irregular.

Nuevamente habló del robo a transeúnte y dijo que en este ilícito influyen, como en ningún otro, las condiciones estructurales que relajan el orden público y la prevención del delito generalizado en la ciudad. ``Son necesarios cambios fundamentales en la normatividad del orden público en la ciudad, para que el comercio, el transporte y el entretenimiento ilícitos no sean fuente de los asaltos en transportes y vías públicas y la autoridad de la policía preventiva no se obstaculice'', recalcó el procurador.

Al mismo tiempo, dijo que es preciso dar confiabilidad probatoria a los partes policiacos y aseguró que se redoblan los esfuerzos del Poder Ejecutivo en su conjunto para abatir este delito con acciones territoriales y sectoriales especiales.

Programa de protección a testigos

Por la mañana, Del Villar desayunó con los integrantes del Club Rotario del Bosque, ante quienes dio a conocer la puesta en marcha del programa de protección a testigos para reforzar la lucha contra el crimen organizado y poder dar con los jefes de las bandas delictivas.

Perseguir la delincuencia sin tregua para erradicar la corrupción interna y externa es la principal finalidad de la institución, consideró, además de que es fundamental el programa Vecino Vigilante, para mejorar la seguridad de la capital a la par del denominado Policía Comunitario, que reforzará al máximo la protección de los ciudadanos y así recuperar la ciudad de la delincuencia.

``La corrupción avergüenza a la institución'', aseveró Del Villar, y es el principal obstáculo para combatir a los criminales. Por eso, dijo luego a este diario, el programa de trabajo de la PGJDF 1998-2000 descansa fundamentalmente en tres estrategias operativas: la persecución de la corrupción interna y en el servicio público en general, y en la desarticulación de organizaciones criminales y de su vinculación con la autoridad.