Chile, en medio de una crisis política, fue el anfitrión en la II Cumbre de las Américas que se celebró, este fin de semana pasado. Los temas de la cumbre fueron diversos, desde educación hasta asuntos relacionados con la corrupción, el narcotráfico y el lavado de dinero, pasando, obviamente, por el libre comercio como fórmula y símbolo de la integración continental. Sin embargo, ausentes de la reunión formal han estado asuntos derivados de la instrumentación de políticas que en el discurso aluden al bienestar como una promesa, pero que, en la práctica, sólo se traducen en pobreza y concentración de la riqueza. Para nuestros gobernantes la indigencia es sólo un asunto que hay que compensar.
En el pasado, el comercio fue utilizado como un instrumento de los países poderosos para controlar y saquear los recursos naturales de los pobres. Ahora que, aparentemente, han desaparecido las formas coloniales de dominación se busca reconceptualizarlo como un factor de cooperación y complemento de la acción económica de las naciones. Sin embargo, es evidente que aún persisten instrumentos --como el FMI o el Banco Mundial-- que se utilizan para mantener intercambios desiguales e imponer subordinaciones.
En este contexto, un grupo de organizaciones del continente (sindicatos, indigenistas, ambientalistas, mujeres, derechos humanos, etcétera) se reunieron, de manera paralela, a las sesiones que sostuvieron los 34 presidentes asistentes para llamar la atención sobre la otra agenda: los aspectos que hacen a un comercio justo y reivindican la dimensión social de la globalización. La Cumbre Social de las Américas concluyó que ``el libre comercio no es capaz por sí solo de superar las graves desigualdades económicas y sociales existentes entre nuestros países''.
Nadie puede oponerse a un comercio que busque elevar el bienestar de la gente, pero para eso, deben acotarse los flujos de bienes y capitales a ese compromiso. Los límites de la ``libertad'' de estos flujos son aquéllos donde se afecta el interés de las mayorías. El respeto a la naturaleza y la salud; a las condiciones laborales; a los derechos y la dignidad humana; a los procesos culturales, democráticos y de autodeterminación de cada pueblo, son las condiciones mínimas a las que debe ajustarse el libre comercio.
Competir entre gobiernos bajando salarios, relajando el cumplimiento de las leyes y acabando con los recursos naturales no pueden ser elementos que se legitimen bajo el amparo de los intercambios comerciales. El gobierno mexicano se ha opuesto a darle al comercio la relevancia social que debiera cumplir. No se trata de alentar nuevos afanes proteccionistas, pero sí de clarificar reglas para evitar que se tomen ventajas de manera desleal.
Es contradictorio que el gobierno acepte que instancias de la OEA puedan certificar la lucha antidrogas y que, con el pretexto de defender la soberanía, se siga oponiendo a que a través de mecanismos multilaterales se sancione el incumplimiento de cláusulas sociales a las que el comercio deba sujetarse. Y es que en un mundo globalizado las instancias internacionales deben jugar un papel más activo en la vigilancia de una sana competencia y la preservación de un entorno de superación derivado de una mayor interrelación entre naciones, estableciendo con el concurso de ellas los criterios a respetar y las asimetrías a reconocer.
Clinton llegó a la Cumbre sin facultades del Congreso estadunidense para negociar, por la vía rápida, el Acuerdo de Libre Comercio para las Américas (ALCA), precisamente, por el interés de algunos grupos de incluir acuerdos laborales y ambientales en el mismo. Estos esfuerzos, que también apoyan organizaciones sociales mexicanas y de otras partes, debieran ser retomados por nuestro gobierno y usarlos para mejorar las condiciones de vida y, de paso, obligar a Estados Unidos a respetar las condiciones de un comercio justo.
La reunión paralela de las organizaciones sociales no acaparó la atención de los medios, pero no por ello se demeritó la fuerza de su razón ni su demanda básica: que la pluralidad de la sociedad organizada participe en el proceso de integración económica y se consideren los temas de su agenda. En suma, comercio justo y democracia.