ASTILLERO Ť Julio Hernández López

La oficina de prensa del director del Instituto Politécnico Nacional, Diódoro Guerra, envió a La Jornada una amplia carta en la que se explican los motivos por los cuales se emitió una circular que Astillero consideró olorosa a xenofobia.

La carta reproduce algunos de los fundamentos jurídicos aplicables para preferir la contratación de nacionales por sobre extranjeros, salvo cuando aquéllos no puedan desarrollar el servicio deseado o cubran insuficientemente determinada materia.

También se ilustra el criterio de esta columna en el sentido de que ``usualmente las circulares no van precedidas de un texto de considerandos o antecedentes'', pues su propósito es ``únicamente el de recordar o precisar los alcances de alguna disposición jurídica''.

Además, se establece oficialmente que ``no se ha detectado absolutamente ninguna preocupación, ni mucho menos temor alguno'' entre el personal académico, del posible brote xenofóbico mencionado aquí. Con justeza se enmienda el error de esta columna al fijar como fecha de la carta el 12 de abril, cuando fue exactamente un mes atrás, el 12 de marzo, desfase cronológico éste que, según el IPN, demuestra que la circular restrictiva de la contratación de extranjeros no estaría embonada con la campaña xenófoba desatada en el estado de Chiapas.

Reproducidos los argumentos de la oficina de prensa del director del Politécnico, esta columna puntualiza que, por primera vez en su historia, sin que hubiera una necesidad demostrada (``es que había cinco solicitudes de contratación de extranjeros'', comentó fuera de entrevista una fuente absolutamente autorizada del IPN, a la que no se identificará salvo que la oficina de prensa lo pida), se giró una circular restrictiva para la contratación de extranjeros, cuya fecha de emisión coincide justamente con otras acciones gubernamentales referidas al tema chiapaneco (en el número reciente de Ojarasca se mencionan algunas de ellas, referidas al Instituto Nacional Indigenista y la Secretaría de Desarrollo Social, de fechas 15 y 16 de marzo, precisamente, cuyos textos están en poder de Astillero).

La versión oficial del IPN también se duele de que en este espacio se hayan vinculado ``las acciones derivadas de la responsabilidad de dirigir académica y administrativamente al Politécnico, con el proceso político que actualmente se desarrolla en Tamaulipas, en el que entre otros ciudadanos se menciona al ingeniero Diódoro Guerra''. Tal vinculación fue calificada por la oficina de prensa como ``una apreciación subjetiva''.

Pues bien, esta columna tiene el placer de informar que la ``apreciación subjetiva'' se va materializando en un hecho objetivo: el director del IPN considera dejar sus responsabilidades académicas y administrativas para irse a registrar el próximo martes como aspirante a la candidatura priísta a gobernador de Tamaulipas. Y en aquel estado se entiende que el director del Politécnico (el alma mater del presidente Zedillo) va a buscar la candidatura porque es el personaje de la entidad más vinculado con el pensamiento y las estrategias que la Presidencia de la República desarrolla en diversos temas, entre ellos el chiapaneco (y en este punto, en el combate a la estancia de extranjeros incómodos). ¿Qué declarará ahora el subjetivo precandidato politécnico de la presencia de extranjeros en Chiapas?

(Y ya que estamos en la sesión de preguntas: ¿cuál es el cargo de elección popular que ha tenido el ingeniero Diódoro Guerra? ¿Una suplencia de diputado federal? ¿Las suplencias no ejercidas como titulares, constituyen un antecedente de ``haber tenido un puesto de elección popular'', como piden los estatutos priístas? ¿Será ésta la primera ganzúa aplicada a los famosos candados?)

Campesinos chiapanecos acusan a Orive Alba

Miguel Santiago Jiménez y Alfredo López Núñez, quienes son presidentes respectivamente del comisariado de bienes comunales, y del consejo de vigilancia de esos bienes en Venustiano Carranza, Chiapas, han hecho llegar a esta columna un texto en el que aseguran que las declaraciones hechas por Adolfo Orive Alba --coordinador de asesores del secretario de Gobernación-- ante observadores internacionales, y reproducidas en el Astillero del pasado 25 de abril, son ``tendenciosas'' y forman parte de ``un plan contrainsurgente''.

En aquella ocasión, Orive Alba quiso restregar a un miembro de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos, el que no supiera que la zona de Venustiano Carranza había sido ``la cuna de un movimiento clandestino terrorista (...) que se llamaba la Liga 23 de Septiembre'', y que actualmente allí ``existe una organización clandestina terrorista que se llama EPR''. El coordinador de asesores de la SG comenzó su explicación al observador, a quien se dirigía con las siguientes palabras: ``Si estudiaras la historia de Chiapas, sabrías que...''.

Sin embargo, los representantes de Venustiano Carranza aseguran que tales palabras de Orive Alba pretenden ``desvirtuar las causas de nuestra lucha''. Narran que el batallar de su comunidad empieza desde 1529, ``cuando nuestros antepasados adquirieron por la vía de compra ante la corona española, que gobernaba nuestro país, mil 600 caballerías de tierra que equivale a 75 mil hectáreas''. En 1937, ``los ganaderos se habían apoderado de casi la totalidad de nuestras tierras, apoyados por los gobiernos estatales y federal. Es en ese entonces cuando iniciamos nuestra gestoría por la vía de restitución de bienes comunales''.

En 1965, se emitió una resolución presidencial confirmando y titulando una superficie de 50 mil 152 hectáreas, dejando más de 25 mil de las mejores hectáreas a los terratenientes. Cuando los campesinos exigieron la ejecución del mandato de la resolución presidencial dieron inicio ``la persecución, asesinatos y encarcelamientos''.

A lo largo de su lucha, han sido asesinados 35 campesinos a manos de ``guardias blancas, grupos paramilitares y elementos policiacos; hay cuatro desaparecidos, centenares de perseguidos, torturados y encarcelados''. Fuerzas policiacas mantienen ocupados permanentemente los barrios de la comunidad y patrullan los terrenos comunales ``en coordinación con el grupo paramilitar San Bartolomé de los Llanos''.

Por todo ello, los representantes de Venustiano Carranza ``responsabilizan'' a Orive Alba ``de lo que pueda pasar en la comunidad, por estos señalamientos tendenciosos con los que pretende justificar la represión, persecución y desaparición de compañeros''. La comunidad de Venustiano Carranza, dice la carta mencionada, ``no es terrorista ni clandestina, ni pertenece al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a la Liga Comunista 23 de Septiembre, al Ejército Popular Revolucionario, ni a ningún partido político''.

Astillas: Mal le ha ido a Emilio Rabasa Gamboa al visitar su tierra. El coordinador de la Secretaría de Gobernación para asuntos chiapanecos organizó un desayuno con directores, columnistas y editorialistas de diarios del estado de Chiapas. Más de la mitad de la veintena de sillas preparadas para el encuentro se quedaron sin ocupantes. Según explicaron después algunos de los ausentes, hubo molestia entre los periodistas chiapanecos porque Rabasa Gamboa llegó desde un día antes a Tuxtla Gutiérrez y, ante los reporteros que le esperaban con toda anticipación, sólo aceptó contestar un par de preguntas, pues tenía prisa por llegar a un acto privado: la reinauguración de las instalaciones de un diario local, en donde pasó plácidamente varias horas...