Gracias a la presión ciudadana, el International Finance Corporation, brazo derecho del Banco Mundial que concede enormes préstamos a poderosas instituciones del Tercer Mundo, se ha visto obligado a cambiar algunas directrices de las políticas socioambientales que durante décadas distinguieron a sus apoyos financieros. Cada vez se sabe mejor que muchos de esos apoyos fueron impuestos unilateralmente sin consultar a los potenciales beneficiarios.

Por ello, en no pocas ocasiones causaron serios desajustes ecológicos a través de obras públicas: presas, proyectos forestales, reacomodos de población, transporte, etcétera. Igualmente, afectaron la cultura, el medio y los recursos naturales de numerosas comunidades en todo el mundo, en especial las indígenas. Lo que debió servir para el progreso de los que más necesitan apoyo, ahondó la pobreza y la desigualdad.

Un caso ejemplar y reciente es el préstamo a la compañía de energía chilena Endesa, en detrimento de los grupos indígenas pehuenche y el ambiente del alto Bio Bio. La American Anthropological Association, en nombre de sus 12 mil integrantes, hizo pública una denuncia contra Endesa y el Banco por violar los derechos humanos de los pehuenches. A juicio del antropólogo Teodoro Downing, ambas corporaciones llegaron a acuerdos secretos que perjudican a los citados grupos indígenas, violentando además la soberanía de Chile. Se trata del reacomodo de más de mil pehuenches, pero afectando sus bienes, su cultura y sus derechos humanos.

El CFI es el más grande prestamista multilateral con que cuenta el sector privado del Tercer Mundo, con un portafolios de 233 mil millones de dólares. Sin embargo, apenas hace seis años instaló una modesta sección para analizar posibles efectos de sus préstamos al ambiente. A fin de plantear una política que garantice el desarrollo sustentable, en enero pasado varios directivos del CFI y el Banco elaboraron un borrador (más de 200 páginas y varios anexos técnicos) que contiene posibles lineamientos de nuevas políticas para los futuros apoyos financieros. Dicho documento se hizo público a fin de obtener la opinión de organizaciones no gubernamentales, empresarios y sociedad en general. Se fijó como fecha límite para recibir comentarios, el pasado 17 de abril. Las nuevas políticas hacen referencia, por ejemplo, a los bosques, la seguridad de grandes presas, el manejo de plagas, asesoría ambiental, el reacomodo de población por obras de infraestructura, habitat naturales y vida silvestre.

Se trata de las directrices que fijan la responsabilidad social y ambiental de los préstamos que conceda el CFI y que en ocasiones benefician a grandes compañías privadas de América Latina. En México, baste citar los otorgados a Apasco (100 millones de dólares el año pasado), y el reciente de 130 millones de dólares al Grupo Industrial Bimbo. Sin embargo, tan importante documento únicamente se editó en inglés. No existe versión en español ni en francés, lo cual limita seriamente su análisis por parte de una porción muy importante de población afectada por las políticas del Banco y que en el futuro espera recibir un trato diferente. El vicepresidente del CFI, Marc Constantine, justificó la decisión de limitar la divulgación al idioma del imperio por el interés de implementar las nuevas políticas lo más pronto posible. En la realidad se trata de una clara discriminación que marca un mal principio de lo que pretende ser el nuevo rumbo de la cooperación internacional en asuntos ambientales y de derechos humanos. Sólo así se explica la negativa a divulgar el documento y sus anexos en español y ampliar la fecha para recibir comentarios por parte de las ONG, y otros grupos sociales y de investigación de América Latina.

Ante hechos consumados como el aquí descrito, no está por demás recordarle a los directivos del CFI y el Banco Mundial, que los grupos indígenas y campesinos de América Latina, tan afectados por los préstamos concedidos para grandes obras privadas y públicas en sus territorios, no hablan inglés, el idioma del comercio internacional, pero no siempre el del respeto al ambiente, los recursos naturales y los derechos humanos.