Ana María Aragonés
El pecado original

Todas las iniciativas encaminadas a la búsqueda de la paz son dignas de aplauso, como lo es la Propuesta de Guadalupe. Sin embargo, no parece ser una alternativa viable para la vuelta al diálogo porque pasa por alto todos los acuerdos firmados por el gobierno de Ernesto Zedillo, que han sido violados y que son el origen de la degradación de la situación en Chiapas, y se encuentra justamente en la base de la negativa del EZLN para volver a sentarse a la mesa de negociaciones.

¿Qué confianza puede darnos un gobierno que no respeta lo pactado? ¿No se cae en la ingenuidad al suponer que ahora sí, el gobierno de Zedillo respetará todo lo que firme? Es importante recordar que los compromisos no cumplidos no sólo son una afrenta para el EZLN sino para la propia sociedad civil que participó en todo el proceso de negociación. Por lo tanto, exigir su cumplimiento nos corresponde a todos. Es difícil aceptar un ``borrón y cuenta nueva'', como se desprende de la Propuesta de Guadalupe, y pasar a asignarle tareas a cada uno de los sectores involucrados en conflicto:

El EZLN debe responder al llamado de la sociedad civil y ``dialogar sobre la propuesta de la Cocopa y las vías que conduzcan a la paz...''. La primera pregunta es ¿qué quiere decir dialogar sobre la propuesta de la Cocopa? Que yo sepa, y mis colegas deben saberlo, la iniciativa de la Cocopa no puede ``dialogarse'', sólo puede llevarse a las instancias de deliberación nacional para su discusión, léase Congreso de la Unión. Hay cinco condiciones que deben cumplirse para que el EZLN vuelva al diálogo y que suponen la distensión militar y seguridad para las partes. ¿Pueden los zapatistas arriesgarse cuando se han incrementado las fuerzas militares y policiacas en la región, cuando el crimen de Acteal sigue sin resolverse, cuando continúa incrementándose el número de desplazados (``Paz y Justicia obliga a mil 500 choles a abandonar sus tierras saboteando el acuerdo agrario que firmaron desde hace tres años con los gobiernos federal y estatal, La Jornada, 25 de abril).

Al Ejecutivo Federal se le insta a que reconozca al EZLN como actor principal. Pedirle esto es pasar por alto que el gobierno está obligado a reconocer al EZLN como interlocutor pues éste fue el compromiso aceptado al amparo de la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas del 11 de marzo de 1995, pero además ha estado incrementando la presión militar en la región, una violación más a la mencionada ley y una clara provocación.

Se le pide a la Conai que colabore, pero ¡si eso quiere con todas sus fuerzas!; es el gobierno quien la boicotea permanentemente. Las palabras de Rabasa son una amenaza al futuro de la Conai al plantear que ``se hará una evaluación... y en cuanto se tome una determinación se dará a conocer a la opinión pública'' (La Jornada, 25 de abril). Una situación parecida sufre la Cocopa. ¿Por qué no demandarle al gobierno que se abstenga de presionar a estas instancias de intermediación para que puedan desarrollar su labor?

Al Congreso de la Unión no se le puede instar a que responda al mandato del pueblo de México, se le debe exigir porque está obligado, ¿o no?

De la sociedad civil, ¡totalmente de acuerdo que debe contribuir a evitar la guerra! Pero, ¿cómo lograremos mantener ese espíritu cuando sabemos que uno de los instrumentos más generosos que la sociedad mexicana ha creado desde marzo de 1995 son los campamentos civiles por la paz, cuya función ha sido establecer un muro de contención para evitar confrontaciones, y han sido permanentemente hostilizados por el gobierno? Cientos de mexicanos se han convertido en ``campamentistas'', dedicando los pocos o muchos días que extraen de su escaso tiempo libre y de manera absolutamente desinteresada a servir como un verdadero cordón de paz. ¿Qué les ha pasado? Que se lo pregunten a los once integrantes del campamento internacional por la paz, que sufrieron las agresiones de los cuerpos de seguridad pública, de los destacamentos de la PGR, de la Policía Judicial del Estado, del Instituto Nacional de Migración el 10 de abril en Taniperlas. Bajo esos niveles de represión, ¿cómo saldar nuestra deuda con los pueblos indígenas?

¿Por qué no plantear las cosas como son?: que el gobierno debe dejar de violar los compromisos y cumplir con lo pactado para que todas las instancias recuperen la confianza y pueda, entonces, reiniciarse un diálogo que efectivamente todos deseamos y que apoyaremos desde nuestras diferentes trincheras.

Esta no es una convocatoria a la ruptura, muy al contrario, es una crítica fraterna a la que el momento que vivimos nos obliga. El camino hacia la paz debe partir de la recuperación de la memoria histórica para ``dejar de morir dignamente y lograr vivir dignamente'' (Savater).