Las acusaciones realizadas por autoridades de la Secretaría de Gobernación, entre ellas la del comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Alejandro Carrillo Castro, en el sentido de que tanto el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas --organización creada por la diócesis de San Cristóbal-- como la Cocopa y la Conai habrían otorgado a extranjeros, de forma presuntamente ilegal, permisos como observadores de derechos humanos en Chiapas, son en extremo graves y deben ser precisadas.

En primer lugar, la Segob realiza una interpretación equívoca del tipo de documentos expedidos, en su momento, por el Centro Fray Bartolomé, la Cocopa y la Conai, y hace pasar como permisos para ejercer labores de observación de derechos humanos a las acreditaciones y gafetes que esos organismos otorgaron a extranjeros para llevar un registro de las personas que visitaron la zona del conflicto e identificar a los invitados y observadores presentes en las diversas reuniones y mesas de diálogo llevadas a cabo en múltiples localidades de Chiapas.

En ningún caso tales documentos han tenido un carácter oficial ni han sido expedidos con la pretensión de suplantar o falsificar documentos migratorios. Por ello, no existe razón para acusar a la diócesis de San Cristóbal, a la Cocopa o a la Conai de la comisión de delito alguno, ni son procedentes los alegatos sobre la supuesta ``usurpación de funciones'' que esas instancias habrían realizado al expedir acreditaciones a visitantes extranjeros.

Resulta sorprendente que las autoridades del Instituto Nacional de Migración formulen señalamientos de este tipo, no sólo por la evidente carencia de sustento legal, sino porque la expedición de gafetes y acreditaciones a extranjeros ha sido una práctica común y aceptada por todas las partes desde que se inició el conflicto chiapaneco. Baste señalar que, durante las negociaciones de San Andrés, la Cocopa entregó a los observadores internacionales gafetes que los identificaban como tales sin que se registrara, hasta ayer, ninguna queja de parte del gobierno federal.

Ciertamente, muchos de los observadores extranjeros en Chiapas han recibido acreditaciones en las que se les reconoce su carácter de visitante, pero tales papeles, debe reiterarse, no fueron elaborados para suplantar visados oficiales, ni las personas que los recibieron pretendieron en ningún momento utilizarlos como apócrifos o sustitutos de documentos migratorios.

En momentos en que es urgente emprender acciones encaminadas a la reactivación del diálogo de paz y cuando el presidente Zedillo, por una parte, señaló que no se acudirá a la represión de los indígenas para solucionar el conflicto de Chiapas, y el secretario de Gobernación y los coordinadores de las cinco fracciones parlamentarias representadas en la Cámara de Diputados, por la otra, coincidieron en incluir el tema y la iniciativa de Ley en materia de derechos y cultura indígenas en la agenda de las discusiones para la reforma del Estado, acusaciones falaces como las emitidas en contra de la diócesis de San Cristóbal, la Cocopa y la Conai sólo generan nuevas tensiones indeseables, sirven de caja de resonancia a otros ataques e intentos de descalificación igualmente injustificados que se han registrado contra esas instancias en fechas recientes, socavan los intentos de entendimiento entre los diversos actores políticos y entorpecen los esfuerzos en pro del reinicio de las pláticas de paz y de la reconciliación social en Chiapas.