Usurpó funciones al dar acreditaciones a extranjeros: Migración

David Aponte y José Gil Olmos Ť La Secretaría de Gobernación abrió una investigación contra la diócesis de San Cristóbal de las Casas, bajo el cargo de que el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas expide documentos de ``observadores'' a ciudadanos extranjeros, informó ayer el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Alejandro Carrillo Castro.

La dependencia ha encontrado credenciales firmadas por el obispo Samuel Ruiz García que acreditan a los extranjeros como ``observadores'' en Chiapas. De tal forma que la autoridad federal analiza la posibilidad de presentar una querella por el delito de usurpación de funciones, explicó.

``El otro día escuché que sería muy sano que ni el Instituto Nacional de Migración se ponga a dar misas ni quienes están como ministros de culto se pongan a dar visas'', dijo con ironía.

Según la Secretaría de Gobernación, el Centro Fray Bartolomé de las Casas ha otorgado ilegalmente hasta 200 permisos de ``observadores'' de derechos humanos a extranjeros en Chiapas.

Las autoridades gubernamentales dijeron que podrían apostarle al ``descrédito político'', además de actuar judicialmente contra miembros de la diócesis católica. Sin embargo, reconocieron que en algún momento también las comisiones Nacional de Intermediación (Conai) y de Concordia y Pacificación (Cocopa) expidieron credenciales de este tipo que sólo las instancias del gobierno federal pueden emitir.

Por ahora, la investigación efectuada evidencia que cuando menos dos de los extranjeros expulsados portaban las credenciales emitidas por el centro y al ser interrogados aseguraban que se les había solicitado la entrega de un informe de sus observaciones en las zonas indígenas chiapanecas.

Entrevistado en las instalaciones del Instituto Nacional de Administración Pública, donde participó en un seminario sobre los aspectos jurídicos y administrativos de la doble nacionalidad, Carrillo Castro aseguró que el organismo de defensa de los derechos humanos de la diócesis de San Cristóbal de las Casas ``alecciona'' a los extranjeros, fundamentalmente europeos, para que viajen al estado de Chiapas como ``observadores''.

Entonces los ciudadanos extranjeros vienen a México con visa de turista y violan de manera consciente las disposiciones mexicanas en materia migratoria. Por lo tanto deben encarar los resultados de su ilícito, continuó.

Carrillo Castro aseveró que las recientes expulsiones y la aplicación del artículo 33 de la Constitución a 12 extranjeros que apoyaron el establecimiento de autoridades ``espurias'' en el ejido de Taniperlas, están plenamente justificadas.

México tiene una política migratoria incluyente. El país ha aceptado movimientos migratorios y ha ofrecido asilo político a los extranjeros que contribuyen al desarrollo cultural y económico de la nación, como sucedió con los 43 mil refugiados guatemaltecos, continuó.

Sin embargo, el gobierno mexicano tiene el derecho de aplicar sus leyes y sancionar a los extranjeros -con la expulsión o la aplicación del artículo 33 de la Carta Magna-, cuando los ciudadanos de otros países violan el marco legal o su presencia resulta inconveniente, agregó.

-¿Al respecto ha habido de alguna manera abuso a las leyes por parte de extranjeros que vienen a México con otro objetivo que no sea meramente la observación?

-Pienso que sobre todo en los casos en donde se internan al país con visas de turistas, con documentos de turistas, y se ponen a realizar actividades para las cuales se requieren visas de observador internacional, obviamente o están violando nuestras leyes conscientemente o si es, sin saberlo, también la están violando y están incurriendo en un ilícito.

``Me preocupa mucho el hecho de que algunas personas que hemos sancionado con la expulsión están informando en Europa que ha sido alguna agrupación o una ONG mexicana, en este caso el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, la que les está dotando de documentación como observadores, la cual sólo podría entregar el gobierno mexicano por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de nuestros consulados, con la autorización del INM, y me parece que en este caso se está provocando ese abuso al que me estoy refiriendo.

``Si los turistas simplemente vinieran a México y, sin saberlo, realizaran actividades que no están permitidas con esa característica migratoria, se podría pensar que es simplemente un descuido o una desinformación, pero cuando reciben este tipo de documentos en el propio extranjero, allá los aleccionan y vienen a realizar tareas de observadores en calidad de turista, están a mi juicio violando conscientemente nuestras disposiciones y deberían atenerse a los resultados de su ilícito''.

El funcionario precisó que la Secretaría de Gobernación investiga estas actividades del Centro Fray Bartolomé de las Casas, porque podría estar incurriendo en el delito de usurpación de funciones.

-¿Estaría involucrada la diócesis de San Cristóbal, porque el centro de derechos humanos pertenece a ella?

-Hay algunas credenciales que acreditan como observadores a algunos turistas y que están firmadas inclusive por el propio titular de la diócesis (Samuel Ruiz García).

-¿Ya se inició la investigación?

-Ya se está realizando la investigación, pero todavía no se ha tomado una decisión jurídica.

Este año, la oficina encargada de la política interior del país ha expulsado o aplicado el artículo 33 de la Constitución a 24 extranjeros bajo la acusación de realizar actividades políticas en Chiapas. Por primera vez involucra al obispo Ruiz García en actividades relacionadas con los ciudadanos de otros países.