La Jornada 2 de mayo de 1998

Fundamento, una petición del ACNUR: procurador local

Angeles Mariscal, corresponsal, Tuxtla Gutiérrez, Chis., 1o. de mayo Ť Una fuerza calculada en mil efectivos, entre miembros del Ejército Mexicano, de las policías Judicial Federal y Judicial del estado, disolvió el municipio autónomo Tierra y Libertad, constituido en 1994 por militantes y simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Durante el operativo se detuvo a 47 personas, entre ellas a las autoridades rebeldes y a siete guatemaltecos, presuntos integrantes del grupo insurgente.

El procurador de Justicia de Chiapas, Rodolfo Soto Monzón, señaló que la acción tuvo sustento en la averiguación previa AL94-95/472/98, por la comisión del delito de privación ilegal de la libertad, así como por la solicitud de Michel Gabaudan, representante regional del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), a fin de que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) interviniera para lograr la libertad de los guatemaltecos Pascual y Pedro Gómez Domingo, encarcelados por las autoridades rebeldes.

El funcionario dio a conocer que esta mañana se efectuó el operativo con 250 elementos de la Policía de Seguridad Pública, 25 agentes judiciales estatales, 10 federales; policías de la Federal de Caminos (PFC), así como agentes del Ministerio Público y del Instituto Nacional de Migración (INM), además de un número indefinido de militares.

El procurador chiapaneco explicó que Pascual Gómez, agente municipal del campamento de refugiados denominado La Esperanza, fue ``secuestrado'' durante siete días por las autoridades autónomas asentadas en Amparo Agua Tinta, al negarse a entregar el predio de 72 hectáreas llamado El Horizonte.

En el operativo se detuvo a 47 personas, entre ellas a Aureliano López Ruiz, presidente del municipio autónomo, y a su suplente, Artemio Calvo; a Rubén Salazar Guilleón, sustituto del ``ministro'' de Justicia; a Mario León Hernández, comisario ejidal en rebeldía; Fernando López López, policía de la agencia rebelde, y a Jorge Hernández Cruz, policía del Comité Escolar.

Ellos se encuentran en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas (PGJE), en donde rinden su declaración ministerial por los delitos de privación ilegal de la libertad en su modalidad de plagio o secuestro, rebelión, usurpación de funciones públicas, y otros.

El Instituto Nacional de Migración mantiene en calidad de asegurados a Diego Pérez Pérez, Salvador Caño Marcos, Francisco Pablo, Gaspar Díaz Cortés, Cleto Juan Mateos, Margarito Martín Francisco y Gaspar Lucas Mateos, guatemaltecos presuntamente integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Asimismo, los cuerpos policiacos y militares decomisaron los libros del Registro Civil del municipio rebelde, donde se encuentran actas de nacimiento, de matrimonio, además de un registro de acciones de procuración e impartición de justicia realizadas por el llamado ``Ministerio de Justicia Autónomo''. Se confiscaron además sellos oficiales del ayuntamiento.

``Los desmanes, abusos y vulneración del estado de derecho por parte de los integrantes del autollamado municipio autónomo Tierra y Libertad, excedieron los límites de la tolerancia, al grado de correrse el riesgo de lastimar el orden y fraternidad internacional, al secuestrar de manera irresponsable a dos refugiados guatemaltecos, propiciando la protesta de la Organización de Naciones Unidas (ONU)'', subrayó el procurador.