La seguridad social ha sido una de las piezas claves del bienestar en México. En 55 años ha extendido sus beneficios a una proporción creciente de la población. Al hacerlo, ha sabido innovar y ser modelo para otros países. La seguridad social ha establecido un sólido prestigio en la atención a la salud, la enseñanza y la investigación. También ha sido un instrumento fundamental de la solidaridad con las poblaciones marginadas del país. Ninguna reforma responsable puede proponer su debilitamiento y, menos aún, su desmantelamiento. Por el contrario, es indispensable proteger este valioso patrimonio de México.

Sin embargo, la mejor forma de hacer avanzar a la seguridad social no será aferrándose a sus esquemas actuales, sino buscando nuevas fórmulas que permitan perfeccionarlos y adecuarlos a las nuevas realidades del país, al tiempo que se superan las ineficiencias que han dado lugar a una marcada insatisfacción. Para lograr este propósito, es necesario empezar por preguntarse cuál debe ser la misión central de la seguridad social en materia de salud.

Dicha misión consiste en proteger a la población de la incertidumbre representada por la pérdida de la salud. Ese es el fin primordial. Para cumplirlo, cuenta con diversos medios. En sus orígenes, la seguridad social en materia de salud brindó dicha protección a base de financiar los servicios que ya eran prestados por médicos y hospitales de la comunidad. Este es el modelo que todavía predomina en Europa. En México, al crearse el IMSS existía una infraestructura de atención tan débil que no tuvo más opción que construir sus propios hospitales y clínicas.

Sin embargo, hay que tener presente que esta prestación directa de servicio es sólo un medio para que la seguridad social pueda cumplir su fin. La obligación de la seguridad social hacia sus afiliados estriba en garantizarles el acceso a los mejores servicios, no necesariamente en prestarlos de manera directa. Si otros agentes sociales pueden producir los servicios con mayor calidad y eficiencia, la seguridad social no sólo no traiciona sino que de hecho fortalece el cumplimiento de su finalidad.

En vez de mantener un monopolio en la prestación de servicios para sus respectivas clientelas, los institutos de seguridad social pueden abrirles las opciones de acceso a diversos prestadores. De hecho, una alta proporción de derechohabientes ya ejercen esta opción, pues utilizan servicios fuera de la seguridad social.

En mi entrega anterior señalé que una tercera parte de la demanda de los derechohabientes por servicios de salud se satisface fuera de las instalaciones de la propia seguridad social, principalmente en el sector privado. El problema es que estos derechohabientes pagan doble. En ese momento los institutos de seguridad social están faltando a su misión central, pues no protegen a aquellos afiliados que deciden ejercer su libertad de elección.

Quien crea que son solamente los derechohabientes con mayores recursos los que acuden a los servicios privados se equivoca. Uno de los grandes mitos en Mexico consiste en pensar que los pobres no usan servicios privados. Todo lo contrario: las familias pobres gastan una mayor proporción de su ingreso que las ricas en este rubro. Es en hechos como éste donde el sector público falla, pues deja sin protección financiera a quienes más la necesitan.

Una mejor alternativa a este estado de cosas sería que el IMSS, el ISSSTE y los demás organismos de seguridad social, establecieran una clara distinción entre su función de financiamiento y su función de prestación de servicios. La primera debe mantenerse como una responsabilidad pública fundamental. De hecho, la actual reforma ha fortalecido de manera muy importante el financiamiento público al ramo de enfermedades y maternidad del IMSS. Por su parte, la prestación de los servicios bien podría organizarse en forma más dinámica, permitiendo la libertad de elección, creando incentivos para el mejor desempeño y abriendo las posibilidades de competir a otros prestadores. Mediante estos cambios, la seguridad social dejaría de prestar servicios en forma monopólica, al tiempo que daría mayor eficacia a su misión central de financiamiento.

Otra ventaja de la estrategia de separación de funciones es que permitiría ampliar la protección financiera a toda la población. Al concentrarse en el financimiento, el IMSS podría extender gradualmente su cobertura a los grupos hoy desprotegidos. El nuevo ``seguro de salud para la familia'' es un paso importante en esta dirección, que por primera vez rompe la liga entre empleo formal y derecho a la seguridad social.

Sin duda, toda propuesta de reforma debe proteger los avances de la seguridad social. La reforma no debe ser vista como una ruptura con el pasado, sino como un proceso progresivo y progresista, que consolide fortalezas, supere debilidades y explore posibilidades promisorias.