Durante decenios el financiamiento del desarrollo económico regional en México ha sido bastante aleatorio y ha dependido en buena medida de compromisos políticos y de la capacidad de los grupos de presión de obtener concesiones económicas a cambio de votos o favores para los gobernantes. Esta forma de operar no es única de México: en los Estados Unidos ha sido muy frecuente y se describe históricamente como la práctica del pork barret, es decir la distribución de carnaza a los políticos.

Sin embargo, no es un sistema democrático, justo ni moderno. Si se considera la introducción de otros métodos más eficientes y éticos debe tenerse en cuenta la experiencia de la Comunidad Europea en la promoción del desarrollo regional.

En Europa se determinan las necesidades de inversión en función de los niveles de productividad y de bienestar relativos mediante bases de datos sumamente detalladas de cada una de 300 regiones o distritos. Aquellas regiones cuyas economías son más productivas reciben estímulos fiscales e inversiones orientadas a reforzar sus empresas, centros educativos y científicos. Para las zonas más atrasadas se planean mayores inversiones en infraestructura, educación, salud y empleo para garantizar que suban de nivel. Debe agregarse que desde hace un decenio las metas se han logrado de manera sorprendente en todos los nuevos miembros de la Comunidad Europea, como lo demuestran las cifras ascendentes de ingreso per cápita en España, Portugal, Grecia e Irlanda.

En México, la actual administración ha puesto poco acento en el desarrollo regional y se prefiere que el sector privado comience a experimentar con una serie de fondos locales de inversión, promovidas por algunos grupos empresariales. Un caso es el Fondo Chiapas, que hasta la fecha ha logrado algunos resultados positivos pero insuficientes: hasta este año se han comprometido apenas seis millones de dólares en nuevas inversiones, suma ridículamente baja si se consideran las necesidades de la zona. Lo mismo puede decirse del Banco Norteamericano de Desarrollo, creado para financiar proyectos ecológicos en la frontera con Estados Unidos: los resultados hasta la fecha no corresponden ni con sus propias metas ni con las apremiantes necesidades de economía y la sociedad de los estados del norte de México.

Es manifiesto que se requieren nuevos instrumentos financieros para darle mayor impulso al desarrollo económico regional en México, tanto a través de la redistribución de los fondos públicos como a través de la aplicación de políticas de crédito bancario menos centralistas. Puede sugerirse que para que los gobernadores y legislaturas de los Estados tengan una mayor influencia en la política bancaria de sus regiones tuvieran mayores posibilidades de presentar sus necesidades ante organismos del gobierno central, incluido el Banco de México. En este sentido, insistimos, como ya lo hemos hecho anteriormente, en que una importante reforma consistiría en poner en práctica el artículo 47, apartado 7 de la Ley del Banco de México, que prevé la existencia de consejos regionales del instituto central. Hasta la fecha no se ha dado vida a estos consejos, pero podrían convertirse en instrumentos importantes para promover un régimen federal auténtico, en vez de la ficción federal que actualmente se vive en el terreno financiero.

Estos consejos podrían reforzar a las delegaciones regionales de la Comisión Nacional Bancaria, que ahora pasan bajo control del propio Banco de México. Sin embargo, para que se pueda evaluar si los bancos y el gobierno cumplen con las urgentes necesidades de crédito e inversión, también sería importante pensar en la necesidad de impulsar fondos y agencias regionales de financiamiento con mayores recursos y facultades, para superar los tibios experimentos emprendidos hasta la fecha.