Iván Restrepo
Incendio en Puebla: ¿quién es responsable?

Y ahora ¿qué explicación medianamente convincente darán a la opinión pública las autoridades por la muerte de 19 personas más que trataban de apagar un incendio forestal en Puebla? Desde enero pasado, cuando el fuego comenzó a consumir áreas boscosas en virtualmente todas las entidades del país, los funcionarios repiten que la situación no es tan grave como piensa la gente. Sostienen que los incendios son más numerosos que en otras ocasiones porque los cambios climáticos y el fenómeno de El Niño propician condiciones poco usuales en el ambiente (por ejemplo, falta de humedad) que favorecen la proliferación de incendios. Agregan que la pérdida de superficie arbolada por las llamas debe verse en términos relativos, pues lo verdaderamente inquietante son las más de 600 mil hectáreas que son arrasadas en el país cada año por deforestación. Y en una arista más, esta vez con tintes internacionales y para consuelo de tontos, se nos quiere convencer de que la situación en México es mucho menos crítica que la de países más desarrollados, como Estados Unidos, Canadá o Francia, donde las pérdidas por el fuego son apreciables y, sin embargo, se toman dentro de las magnitudes debidas. Finalmente, se nos informa que las dependencias gubernamentales están cumpliendo, a veces ejemplarmente, la tarea de evitar los incendios y, en caso extremo, combatiéndolo por doquier.

Pero cada árbol convertido en ceniza revela la carencia de un programa de gran visión para cuidar nuestros bosques y selvas y garantizar la salud de la irremplazable biodiversidad que ellos encierran. Además, descubre la incompetencia de las autoridades para enfrentar el problema. Reconozcamos que no se trata de una tarea nada fácil, que exige personal capacitado que disponga oportunamente de los equipos y los materiales necesarios para cumplir sus tareas. Quizás para ocultar carencias y no poner en evidencia los criterios con que se asignan y se entregan los recursos fiscales, es decir, del pueblo, las autoridades tratan de soslayar la falta de cuadros preparados. Hablan de asignaciones presupuestales extras que permiten cuidar nuestros recursos básicos, los que se necesitan para el verdadero desarrollo, muy distinto al que ahora tenemos, que deteriora por todos lados. Pero la pobreza presupuestal es evidente y no sólo se debe a los criterios que impone un pequeño círculo tecnocrático, sino también a la ceguera del Poder Legislativo. Las prioridades, ya se sabe, permiten en cambio destinar oportunamente enormes montos del presupuesto nacional a cubrir los malos manejos de los banqueros y de otros hombres de empresa.

Concedamos que son válidos los argumentos oficiales y situemos los incendios en su justo nivel, nunca como algo crítico. Sin embargo, si no es alarmante lo que sucede, ¿por qué entonces la muerte de más gente humilde que hoy todos debemos lamentar? Si en las labores para combatir las llamas habían perecido semanas antes 21 mexicanos, ¿por qué tuvo lugar la tragedia de Puebla? ¿No que las brigadas estaban preparadas para realizar sus tareas? ¿Sobre quién o quiénes recae la responsabilidad de lo ocurrido el lunes? ¿Se nombrará un fiscal especial que investigue el caso, es decir, para que nunca sepamos de quién fue la culpa?

No nos hagamos ilusiones: la lista de impunidades en el campo de las tragedias ambientales no tiene fin. Así lo demuestran los incendios y la tala de enormes extensiones de bosques y selvas, la destrucción de los ecosistemas costeros por el turismo y la industria, la ocupación de áreas de reserva y recarga de agua, la contaminación de las cuencas hidrográficas, el ozono y las partículas que cubren las ciudades. Y lo principal: la pobreza, el peor de los contaminantes.

Hoy, nuevamente, el fuego y otros desastres ecológicos consumen las declaraciones y los programas sexenales. Y, como estamos viendo, también cobran más vidas inocentes. ¿Hasta cuándo?