El asesinato del portavoz de la Unión del Pueblo Navarro en Pamplona, el concejal Tomás Caballero, a manos del grupo separatista vasco ETA, es un acto criminal injustificable que ha suscitado, con toda razón, el repudio tanto de la sociedad vasca y española como de la comunidad internacional. Incluso, el propio partido nacionalista vasco Herri Batasuna, identificado como el ``brazo político'' de ETA, ha manifestado su consternación ante el atentado.

El hecho de que el homicidio del concejal Caballero se cometiera al día siguiente de la detención de seis integrantes de un ``grupo de apoyo'' a los etarras del denominado comando Donostia, permite suponer que la violencia criminal que segó la vida del concejal Caballero estaría motivada no por un afán de libre determinación para el pueblo vasco, sino por una injustificable y bárbara sed de venganza y por el ejercicio más crudo del terror por el terror.

La persistencia de la ETA en la realización de atentados contra políticos españoles -víctimas de la desviada y distorsionada forma en que ese grupo pretende reinvindicar la autodeterminación del País Vasco- contrasta dramáticamente con la aceptación, por parte del Ejército Republicano Irlandés, del acuerdo de paz suscrito hace unos días por los gobiernos de Londres y Dublín. Mientras el ERI habría aceptado participar en una salida pacífica y negociada en el conflicto del Ulster, situación que permitiría superar los enconos que han enfrentado a los habitantes de Irlanda del Norte y comenzar a restañar sus heridas, ETA ha optado una vez más por el crimen -que no tiene justificación política alguna- y, con ello, ha vulnerado severamente la posibilidad de que en Euskadi pueda llevarse a cabo un proceso de negociación como el acontecido en Irlanda del Norte.

Ciertamente, las circunstancias que propiciaron el diálogo en el Ulster son muy distintas a las que prevalecen en España. La búsqueda de una solución pacífica al conflicto de Irlanda del Norte ha contado con una notable disposición negociadora tanto del gobierno británico como del Sinn Fein. En España, en cambio, no sólo no ha sido posible establecer un mecanismo de diálogo entre ETA y el gobierno español sino que existe una fuerte repulsa de toda la sociedad española a cualquier afán de negociación que no tenga como condición previa el fin del terrorismo de los etarras.

Por añadidura, la barbarie de ETA ha puesto en entredicho las afirmaciones expresadas hace unos días por voceros de Herri Batasuna, en el sentido de que sería posible que los partidos nacionalistas vascos realizaran propuestas conjuntas de pacificación, y ha reforzado la idea de que mientras HB no exija a ETA abandonar la vía armada no será aceptable ninguna propuesta de diálogo.

Tanto el pueblo vasco como la sociedad española aspiran a alcanzar la paz y exigen el fin de la violencia etarra. La actividad armada de ese grupo, en un contexto democrático como el que vive actualmente España, carece de sentido y, a la luz de los pobres resultados electorales alcanzados por los partidos nacionalistas en los comicios recientes, no beneficia a quienes aspiran a la autodeterminación del País Vasco.