Letra S, 7 de mayo de 1998

La reciente polémica desatada por las declaraciones infundadas del presidente vitalicio de la Cruz Roja Mexicana, José Barroso Chávez, contra las campañas preventivas de la Secretaría de Salud (Ssa), tuvo un participante inesperado. El pasado 7 de abril, en la ceremonia del Día Mundial de la Salud, el Presidente Ernesto Zedillo declaró, entre otras cosas, que su gobierno no cederá a presión alguna en las campañas de planificación familiar, prevención del sida y promoción del uso del preservativo. La intervención presidencial es un duro golpe a las pretensiones saboteadoras de la jerarquía católica y de los grupos minoritarios ultraconservadores con poder económico. Hacía falta una declaración tan tajante desde la más alta autoridad del país para poner fin a las presiones moralistas contra el condón que en el pasado tuvieron éxito.

La declaración presidencial se produce después de una abrumadora reacción de la opinión pública y la sociedad civil favorable a las campañas preventivas y en contra de las pretensiones desinformadoras de los Barroso Chávez, Castillo Peraza, Serrano Limón y Rivera Carrera. Esta movilización de la opinión pública motivó, con seguridad, a las más altas autoridades del país para que finalmente se manifestaran al respecto. Las declaraciones del Presidente Ernesto Zedillo llaman aún más la atención porque es la primera vez que se refiere al tema. En ningún informe presidencial se ha hecho alusión al sida. Es de esperar que la mención presidencial al problema de salud más complejo, como lo definió el secretario de Salud, Juan Ramón de la Fuente, sea el indicio de una política más decidida y comprometida para enfrentarlo. Es decir, el indicio de que combatir el sida forma parte de las prioridades sociales del actual gobierno.

El pasado 7 de abril, durante la celebración del Día Mundial de la Salud, las personas que trabajamos en la lucha contra el VIH/sida, no podíamos creer lo que oíamos. Por primera vez, desde el inicio de la epidemia en México, un Presidente de la República hacia mención del sida y se comprometía a defender las campañas para su prevención sobre cualquier presión individual o de grupo: "no aceptamos ningún tipo de presión para dejar de hablar con claridad y veracidad", afirmó tajante el Presidente Ernesto Zedillo en el evento. Es de suponer que su mensaje lo dirigía muy claramente a las oficinas del presidente de la Cruz Roja Mexicana, José Barroso Chávez y a sus asociados de Pro Vida.

Alguien, seguramente del área de comunicación social, en una ocasión aconsejó al Secretario de Salud que no valía la pena entrar en un debate con Barroso Chávez, ya que sería desgastante, estéril y no se lograría nada. De seguro los debates en la prensa entre el presidente vitalicio de la Cruz Roja Mexicana y todos los que por fortuna pensamos diferente de él, contribuyeron en gran medida para que el Presidente Ernesto Zedillo finalmente pronunciara la palabra sida en público. Por supuesto, antes tuvo que convencerse el secretario de Salud, Juan Ramón De la Fuente, de que era hora de abordar el tema desde la más alta investidura del país, ya que nada parecía detener a Barroso en sus ataques a la campaña de promoción del condón puesta en marcha por la Secretaría de Salud (Ssa).

Seguramente muchos lectores o televidentes se pudieron dar cuenta de que, durante la ceremonia de inicio de la Colecta Anual de la Cruz Roja Mexicana de este año, en donde José Barroso apareció al lado del Presidente y de la Primera Dama, fue notoria la ausencia del Secretario de Salud, quien por tradición siempre ha participado en ese evento año tras año. Después de ese evento, Barroso Chávez bajó el perfil de sus ataques; mejor dicho, dejó de hacerlos, ya que seguramente él y su consejo de directores de la Cruz Roja, consideraron que podría verse afectada la recolección de aportaciones voluntarias, máxime cuando oyeron el rumor de la contracampaña: "Done un condón a la Cruz Roja", que parecía estarse orquestando.

Qué pena que la alusión presidencial al sida haya sido tan breve, qué bueno que finalmente se hizo. Y qué buena resultó también la referencia al condón, aunque se le haya llamado "preservativo". El nombre es lo de menos; es un tabú que ya ha sido superado en México desde la década de los 80.

Por otro lado, resultó paradójico que en esa misma ceremonia haya sido condecorado Jesús Kumate, precisamente el secretario de Salud que más ha rehusado hablar del sida, evitando durante toda su administración (1988-1994) encabezar cualquier campaña o ceremonia oficial relacionada con el VIH/sida.

Es poco probable que el influyente y acaudalado presidente vitalicio de la Cruz Roja Mexicana, dueño de la fábrica de cerillos "La Central", vaya a dejar de atacar las campañas de prevención del sida, sólo que ahora de seguro lo hará a través de su grupo "Pro Vida", del cual es uno de los principales miembros y apoyos económicos.

En un estudio realizado en 1997, el Banco Mundial (BM) argumenta que los gobiernos no pueden relegar la lucha contra el VIH/sida al sector privado. Esto lo dice una institución a la que nadie podría acusar de favorecer el desarrollo del aparato estatal, sino todo lo contrario, y que no obstante reconoce que por una serie de razones la lucha contra el sida es responsabilidad de la acción pública. Llama también la atención la posición del Fondo Monetario Internacional (FMI). En un mensaje de su director, Michel Camdessus, el FMI hace un llamado a los gobiernos democráticos para que disminuyan los gastos militares y aumenten el gasto social en salud y educación. Consideramos que eso es significativo, porque el BM y el FMI son instituciones que nadie podría acusar de izquierdistas y ni siquiera de progresistas, y están marcando, realmente, la responsabilidad fundamental de las políticas públicas frente al problema.

La formulación de las políticas en torno al sida debe traducirse claramente en asignaciones presupuestarias, porque no se trata de formular buenas intenciones, sino de establecer un compromiso que se traduzca en recursos financieros. En Brasil, en 1997, gastamos 450 millones de dólares en medicamentos antirretrovirales, lo que ha motivado grandes discusiones, y se nos ha dicho que es mucho dinero, que otras áreas de la salud no tienen esos recursos, aunque en realidad representa un porcentaje bajísimo del producto interno bruto (PIB). Brasil tiene un PIB arriba de 800 mil millones de dólares, es la séptima economía del mundo, por lo que 450 millones de dólares representan un porcentaje muy bajo. Nosotros nos negamos en las discusiones con el gabinete económico a compararlo con otros gastos en salud; no estamos compitiendo con la malaria, el dengue o la tuberculosis. El gasto público en salud debe ser, con la educación, la más alta prioridad del gobierno. Nosotros sí competimos por los recursos para VIH/sida con otros sectores; por ejemplo, en el periodo 1996-1997, el gobierno de Brasil destinó 21 mil millones de dólares a salvar de la quiebra a bancos privados, cantidad que alcanzaría para cubrir 44 años de remedios antirretrovirales para todos los enfermos de sida en el país. También competimos con los recursos asignados a otros ministerios como el de la Marina que invierten 3 mil millones de dólares en un submarino atómico, y nosotros pensamos que tiene infinitamente mayor prioridad dedicar 450 millones de dólares a darles medicamentos a todas las personas con VIH/sida inscritas en el sistema público. En definitiva, el sida no es un problema de falta de recursos como se ha dicho; es un problema de definición de prioridades sociales y de asignación de recursos para cubrirlas. ¿Quién debe tomar la decisión? Pensamos que es de la más alta responsabilidad pública tomar esas decisiones y definir las prioridades.

Diseñar políticas públicas responsables

El Programa Nacional de Sida de Brasil pretende básicamente cumplir con la legislación del país. Contamos con un cuerpo legal bastante propicio para el desarrollo de nuestro trabajo. La Constitución vigente, promulgada en 1988, dice en su artículo 196:

"La salud es un derecho de todos y un deber del Estado, garantizado mediante políticas sociales y económicas que se propongan la reducción del riesgo de enfermedad y de otros agravios y el acceso universal e igualitario a las acciones y servicios (...)." Otra gran ventaja con la que contamos es el llamado Sistema Unico de Salud, financiado de forma pública y ,aunque existe también el sector privado, tiene una función complementaria.

Tenemos también la Ley Orgánica de Salud, que en su artículo 2 dice: "La salud es un derecho fundamental del ser humano, debiendo el Estado proveer las condiciones indispensables a su pleno ejercicio." En especial el apartado d), que garantiza la asistencia terapéutica integral, incluso farmacéutica, ha sido muy útil para nosotros; nos ha permitido argumentar que nuestra propuesta de asignar mayores recursos para la realización de las acciones del Programa Nacional de Sida, cuenta con un soporte constitucional.

Además, se ha emitido otra serie de leyes en relación con el VIH/sida. En marzo de 1994, el Congreso Nacional aprobó un acuerdo de préstamo con el BM por un total de 250 millones de dólares para promover servicios asistenciales y actividades de prevención, vigilancia epidemiológica y desarrollo institucional. Aunado a esto, una acción legislativa de suma importancia fue la aprobación de la Ley Federal 9313 del 13 de noviembre de 1996, que en su artículo 1 establece que: "Los portadores de VIH y enfermos de sida recibirán gratuitamente del Sistema Unico de Salud todos los medicamentos necesarios para su tratamiento." Esta Ley plantea además la necesidad de revisar las normas para adecuarse al conocimiento actualizado y a la disponibilidad de nuevos medicamentos en el mercado.

Un estudio realizado en Sao Paulo muestra una reducción de 35 por ciento en la mortalidad por sida cuando comparamos el primer trimestre de 1997 con el primer trimestre de 1996. No siempre es posible presentar resultados de impacto tan precisos como éste, pero pensamos que esto muestra el beneficio para la población de un programa con estas características.

Este proceso no ha estado exento de contradicciones. Hemos sido objeto de diversas iniciativas de distintos sectores para que esta Ley no sea cumplida, y para que los recursos no sean asignados, pero afortunadamente se ha constituido una base política con una participación decisiva de las organizaciones no gubernamentales (ONG) que trabajan en el área (aproximadamente 400). Ellas han sido elemento político fundamental para que esta Ley se mantenga y se ponga en práctica. Lo que se ha logrado en Brasil ha sido gracias a una amplia movilización social. Nuestra experiencia indica que para tomar e implementar una decisión política y legislativa, que garantice una asistencia integral a las personas con VIH/sida y acciones de prevención integrales para toda la población y a grupos específicos del país se necesitan dos cosas: una amplia movilización social y políticas públicas responsables.

Funcionario del Ministerio de Salud de Brasil.

En Brasil, la ley obliga al Estado a dar todos los medicamentos necesarios a los pacientes con VIH/sida.

En 1997, el Congreso brasileño aprobó un presupuesto de 450 millones de dólares para cumplir con dicha ley.

Gracias a esa decisión política, la mortalidad por sida se redujo 35 por ciento en un año en el estado de Sao Paulo.