Rodolfo F. Peña
La paz en apuros

Dentro de algunos meses se cumplirán 10 años desde que el Senado de la República aprobó el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, con lo que ese importante documento, según el mandato constitucional, es ya ley suprema de la Unión.

Y hace más de seis años que se reformó el artículo cuarto constitucional para reconocer la composición pluricultural, sustentada originalmente en los pueblos indígenas, de la nación mexicana, así como la necesidad de proteger y promover el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres y formas específicas de organización social, según reza el precepto. Finalmente, hace más de dos años que los delegados oficiales del gobierno federal y del EZLN aprobaron y firmaron los acuerdos de San Andrés, que perfeccionan el reconocimiento de los derechos y la cultura indígenas.

Recapitulemos. Esos acuerdos pueden no ser perfectos. De hecho, el propio EZLN les hizo objeciones importantes, pero acabó aceptándolos y firmándolos. Por su lado, el gobierno federal se limitó a aprobarlos y a estampar su firma, y ambos se comprometieron a enviarlos a las instancias de debate y decisión nacional, porque ciertamente ni la Cocopa ni el Ejecutivo pueden suplir a los legisladores. Pero desconociendo los compromisos de sus representantes (que no han dicho esta boca es mía, pese a que sobre ellos recaen los cuestionamientos oficiales), fuera de tiempo y de lugar, el gobierno formuló objeciones de fondo en demérito de lo acordado, y acabó enviando al Congreso una iniciativa propia, unilateral, sustancialmente reductiva, aislada por completo del proceso de pacificación y, por esto mismo, ominosa. Se creyó fácil obtener la aprobación de esa iniciativa con la complicidad del PAN, pero este partido se dio a sí mismo un medio de contención con las llamadas cartas municipales, difíciles de digerir por sus aliados circunstanciales (y que, por cierto, corresponderían en todo caso a la reforma política del Estado), decidió pensarlo mejor y el periodo ordinario de sesiones concluyó sin la aprobación de las reformas propuestas.

Ahora se ha abierto un espacio de tiempo, breve pero útil, para que los actores políticos que objetan la iniciativa original piensen en el significado de la retractación. Nadie en sus cabales pretende endiosar a la Cocopa ni a su propuesta legislativa, independientemente de las cualidades intrínsecas de ésta. Se trata sólo de continuar, sin peligrosos retorcimientos, con el proceso a que obliga la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, que a su vez tiene ya más de tres años de vigencia. Se trata de que todos los actores entiendan que sólo pueden ser tales si merecen los atributos de la confiabilidad. Se trata de que en la última década, y particularmente en los últimos cuatro años, la mayor parte de la sociedad ha entendido por fin los problemas reales que enfrentan los indígenas mexicanos y de que sus reivindicaciones ya forman parte de sus demandas propias. Se trata de que la paz en Chiapas, como en el resto del país, es un asunto prioritario y de interés general. Se trata de que esa paz no puede quedar en manos de quienes hoy afirman --y firman-- una cosa, y mañana afirman --y firman-- la contraria. Se trata de que el país recobre ante la comunidad internacional por lo menos la imagen y el respeto que tenía hasta hace unos cuantos años.

Es difícil saber con precisión por qué el presidente Zedillo ha elegido desoír la voz de la razón, y aun de la verdadera conveniencia del gobernante, y abandonarse a las estrategias fáciles y de fuerza que le aconsejan personas sin autoridad moral ni política. Es difícil saber qué pretende realmente con su doble discurso, visto que está poniendo en riesgo aun los pretendidos beneficios de la globalización neoliberal. ¿Estaremos ante un afán de revalidar tardíamente y a cualquier costo el principio de autoridad, que probablemente estima vulnerado con los acuerdos de San Andrés? Pero cualquiera puede ver que el respeto a la palabra y a la firma de sus representantes en esos acuerdos, los acuerdos mismos y el logro de una paz digna, elevarían enormemente su autoridad. En todo caso, las razones del Presidente pueden quedar en el misterio o revelarse a la vuelta de los años. Lo que importa por ahora es liberar al proceso de paz del empantanamiento en que se encuentra, y en esto la sociedad civil y los partidos políticos que aspiren a la permanencia tienen la palabra. Lo que no tienen es mucho tiempo, y más vale que aprovechen la tregua legislativa para reconsiderar sus posiciones y abrirse un callejón de salida.