El 23 de abril pasado el Presidente de la República declaró que ``los grandes rezagos sociales no son producto de la economía de mercado sino, por el contrario, de los muchos años que pasamos obstaculizándola con políticas estatistas, populistas y paternalistas''. Con ello Zedillo daba respuesta, según relata El Universal, a lo dicho por el presidente de la Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural, Alberto Núñez Esteva, quien culpó al libre mercado de generar inequidades, una gran masa de desempleados y una sociedad tendiente a la exclusión. Lo dicho por Zedillo es una repetición casi textual de tesis del Banco Mundial. Su falsedad o veracidad tiene que probarse con cifras.

Según cálculos de Enrique Hernández Laos (Crecimiento económico y pobreza en México, UNAM) la población que vive en la pobreza en México disminuyó de más de las tres cuartas partes en 1963 hasta menos de la mitad en 1981, periodo en el cual prevaleció la ``obstaculización'' de la economía de mercado con políticas ``estatistas, populistas y paternalistas''. En cambio, a partir de la entrada en vigor de una economía de mercado liberada de obstáculos en 1983, hubo un cambio dramático de tendencia y la pobreza ha venido aumentando hasta alcanzar las dos terceras partes de la población en 1994. Los datos demuestran que la afirmación del Banco Mundial, reproducida por Zedilla, es falsa.

Este conocimiento de la evolución de la pobreza (y de la distribución del ingreso) en el país es posible gracias a las Encuestas Nacionales de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) y de sus antecesoras. A partir de 1984 estas encuestas las lleva a cabo el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). Las ENIGH son encuestas complejas y costosas en las cuales el INEGI ha desarrollado gran experiencia y las realiza cada vez con mayor precisión técnica. Además, en un bienvenido cambio de política de difusión, el INEGI no sólo pone a la venta las publicaciones con numerosos cuadros de resultados, sino también discos compactos en los que se contiene la información necesaria para que el usuario genere los cuadros que requiera. Con ello ha avanzado enormemente el conocimiento de la pobreza y de la distribución del ingreso en el país. Las ENIGH son piezas esenciales para el análisis de la situación nacional. Con ellas se registra la historia de la justicia social en México.

En la misma ocasión, el Presidente señaló que ``el crecimiento económico no es un fin, sino sólo el medio necesario para avanzar en lo que más debe importarnos, que es la justicia social'' (El Financiero, 24/04/98). Sin embargo, no parece haber congruencia entre lo que dice y lo que hace el Presidente de la República. Hoy enfrentamos lo que podría ser un hecho insólito y muy grave. En 1996 el INEGI volvió a levantar una ENIGH. El plazo usual para publicar los resultados es de un año. A más de año y medio de concluído su levantamiento, ello no ha ocurrido. ¿Un simple retraso por problemas técnicos? Eso pensábamos los que hemos venido esperando su publicación. Sin embargo, el atraso se ha alargado ya demasiado y corren versiones en el sentido que la encuesta está lista pero ha sido detenida por razones políticas. Una decisión de ese tamaño, detener la publicación de una encuesta nacional de esta importancia, sólo puede tomarla el Presidente de la República. Los rumores que circulan sostienen que los resultados de la ENIGH 96 muestran que el impacto del ``error de diciembre'' y de la crisis que siguió, en términos del nivel de ingresos de los mexicanos, es mucho más grave que lo que habíamos imaginado. Que, en consecuencia, la pobreza entre 1994 y 1996, durante el gobierno de Zedillo, habría aumentado enormemente y que lo mismo habría ocurrido con la desigualdad. Que la justicia social habría retrocedido.

Espero, por el bien de la nación, que el rumor sobre la no publicación de la ENIGH 96 sea falso. Espero que sea desmentido de la única manera en que puede serlo: publicando la encuesta y los discos compactos respectivos. Los mexicanos tenemos derecho a conocer no sólo lo que ocurre con las reservas internacionales, la balanza comercial y el crecimiento del PIB, sino también lo que ocurre con la justicia social. Las autoridades no tienen derecho a borrar la evidencia del empobrecimiento producido por sus decisiones. Un acto así se asociaría con las peores dictaduras: con la quema de libros por los nazis o la eliminación de figuras como la de León Trotsky de los libros de historia en la URSS.

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