De acuerdo con el informe preliminar de las auditorías al Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) realizado por la Contaduría Mayor de Hacienda, diversas dependencias del gobierno federal pudieron haber incurrido en irregularidades en el manejo de esa entidad de rescate bancario. El documento mencionado destaca, entre otras acciones dudosas, la conversión en deuda pública de pasivos superiores a 552 mil millones de pesos, movimiento que debió ser sometido a la autorización del Congreso de la Unión, toda vez que, en los hechos, representó un endeudamiento del sector público. Por otra parte, el informe señala que, en el manejo del Fobaproa, el Banco de México otorgó avales sin estar legalmente facultado para ello.

Las informaciones referidas constituyen los primeros datos precisos que confirman las extendidas sospechas e irritaciones sociales que generó toda la operación de rescate bancario desde su lanzamiento, en 1995. En efecto, la conformación del Fobaproa, el establecimiento de las Udis y los mecanismos de renegociación estipulados entre los bancos y sus deudores, acciones emprendidas en los peores momentos de la crisis económica que aún nos afecta, fueron considerados por grandes sectores como instrumentos de auxilio a los bancos privados en detrimento del resto de la sociedad.

En 1995 se señaló, por ejemplo, que resultaba injusto depositar todo el peso de la crisis de cartera vencida exclusivamente en los deudores --como en efecto ocurrió-- y se demandó, inútilmente, que los bancos fueran considerados corresponsables de las deudas impagables, en la medida en que, en los años anteriores a la crisis, emprendieron políticas poco responsables de otorgamiento de créditos.

En su momento se dijo, también, que era injusto que los cuantiosos recursos públicos del Fobaproa fueran utilizados en el rescate financiero de entidades particulares. Para colmo, se trataba nada menos que de los bancos reprivatizados, los cuales se caracterizaron por su ineficiencia, sus altos índices de intermediación, su voracidad usurera y, en varios casos --Unión, Confia, Banpaís-- por los malos manejos y los ilícitos que se realizaron en su interior.

Lejos de atender a tales reclamos, las autoridades económicas optaron por rescatar a los bancos privados en detrimento del resto del país. A lo que puede verse ahora, tal rescate pudo haber sido realizado, también, a contrapelo de la legalidad.

En tales circunstancias, es indispensable que las auditorías al Fobaproa realizadas por la Contaduría Mayor de Hacienda se traduzcan en pesquisas legales que permitan establecer los posibles ilícitos cometidos en la creación y operación de esa entidad y se proceda, en su caso, contra los responsables, independientemente de su rango o posición dentro del aparato gubernamental.