Pablo Salazar Mendiguchía
Estado de derecho

La polémica acerca de la legalidad de los llamados municipios autónomos debe transitar necesariamente por el tema del cumplimiento de los acuerdos pactados entre el EZLN y el Ejecutivo Federal y explicarse a partir de una política de hechos generada por la suspensión del diálogo.

Debemos resistirnos al simplismo y reavivar un viejo debate sobre el conflicto que se presenta entre legalidad versus legitimidad; eso también está en juego en este asunto. Mientras esta reflexión llega, me preocupa seriamente lo que está ocurriendo en Chiapas.

Con motivo del desmantelamiento de los municipios autónomos en los ejidos Taniperlas y Aguatinta, la Secretaría de Gobernación y el gobierno del estado de Chiapas emitieron sendos comunicados en los que explican la medida como acciones para ``restablecer'' el estado de derecho en aquella entidad.

Cada vez con mayor frecuencia escuchamos y leemos, tanto de profanos como de ilustres juristas, la invocación a la vigencia del estado de derecho como sinónimo de represión. Lo oímos el 2 de octubre de 1968; personalmente lo leí en discursos que intentaban justificar lo injustificable. Se repitió en la matanza de Golonchán y ahora se utiliza como argumento de sustentación en el caso de los municipios autónomos.

¿De qué hablamos cuando hablamos de estado de derecho? ¿Se puede resumir la función del estado de derecho sólo en el uso de la fuerza?

Me temo que en la aplicación diaria de este concepto hay una perversión que ha alterado la jerarquía de valores al darle primacía al término en forma desnuda por encima del sujeto de la ley. La gobernabilidad y el estado de derecho, si no tienen en el centro de su objetivo a la persona humana, no cuentan para nada.

Durante la visita que hizo al Senado en 1996 el presidente italiano Oscar Luigi Scalfaro, jurista y político, nos regaló a los presentes una sencilla pero profunda definición sobre este concepto, tan incomprendido y peor aplicado: ``el estado de derecho -dijo- es aquél en el que cada ciudadano puede ejercer totalmente sus propios derechos, todos sus derechos, y está en condición de cumplir con toda precisión sus deberes, todos sus deberes; esto es el estado de derecho''.

Desde entonces, con mayor insistencia me pregunto ¿cuál estado de derecho ha regido en Chiapas en los últimos 174 años? ¿Los ciudadanos chiapanecos han podido ejercer totalmente sus propios derechos, todos sus derechos? ¿Han estado los chiapanecos en condiciones de cumplir con toda precisión sus deberes, todos sus deberes? Mi respuesta, por supuesto, es no.

Si algo ha caracterizado a Chiapas es la fragilidad de su estado de derecho, la disfuncionalidad de sus instituciones públicas; las ausencia de leyes reconocidas por todos y en las que todos se reconozcan y, lamentablemente, hasta el desconocimiento de los más elementales derechos por parte de indefensos ciudadanos que padecen a prepotentes que se los niegan.

Bajo esta convicción, si en algún estado de la república no se puede hablar de ``restablecer'' (volver a establecer una cosa o ponerla en el estado que antes tenía) el estado de derecho, es en Chiapas. En esa entidad lo que se necesita es construir un nuevo estado de derecho que reemplace al anterior, a ese viejo y miope orden jurídico que de diciembre para acá sólo ha servido para encarcelar indios y exonerar a funcionarios cómplices de matanzas, y a poderosos influyentes.

La aplicación selectiva de la ley y la falta de una verdadera política en Chiapas, irreversiblemente degenerará en autoritarismo, y éste sólo tiene como destino más violencia.

La sociedad chiapaneca no será ordenada sólo por la aplicación de la dura ley. La cancelación de agravios y rencores no pasa por las rejas de Cerro Hueco. Urge un proyecto político incluyente que reconozca a todos, al aliado, al adversario y a los que no son ni una ni otra cosa.

Cuando algunos chiapanecos ofuscados exigieron en la resaca de 1994 al gobernador López Moreno ley sin política, (a propósito de su falta de rudeza para aplicar la norma), el hombre de Tenejapa les dio una respuesta puntual que hoy nos puede ayudar a tener una mejor comprensión del pasado y del presente: ``¿Dónde está la ley ahora?, se preguntan algunos. ¿Dónde estuvo antes?, podrían preguntar otros, porque al amparo de esa sombra de legalidad creció la yerba amarga de la injusticia. No todo tiempo pasado fue lo peor, pero de ese preciso tiempo, de esa siembra, tenemos la cosecha de hoy'' (primero, último y único informe de gobierno, 1994).

Ese es el estado de derecho que hoy se pretende ``restablecer'' en Chiapas. Me parece que los chiapanecos merecemos algo mejor.