De acuerdo con las denuncias formuladas por la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) y con los reconocimientos del presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), Alfredo Farid Barquet, la situación en la que se encuentra la justicia laboral en nuestro país es deplorable.

A la ineficiencia administrativa y las largas demoras que deben enfrentar quienes acuden a la JFCA para solucionar un litigio laboral, deben sumarse las inaceptables irregularidades y corruptelas que, en muchas ocasiones, desvían la impartición de justicia y favorecen de manera ilegal a una de las partes. Según la ANAD, en múltiples casos la ley se aplica en función del peso económico o político del demandante, generalmente la parte empresarial, sin importar la veracidad y la legitimidad de las demandas de los trabajadores. Con ello, no sólo se está vulnerando el estado de derecho, sino que se desacredita de manera notoria a la JFCA como instancia imparcial encargada de resolver las controversias laborales. Además, la irritación y el desánimo de quienes ven apabullados sus derechos y frustradas sus esperanzas de encontrar justicia --en un contexto, por añadidura, de salarios insuficientes y falta de oportunidades de empleo-- es causa de mayores tensiones sociales.

Aunque no puede afirmarse que en todos los casos la impartición de justicia laboral se encuentre interferida por la corrupción o por presiones extralegales, es indudable que la JFCA padece un severo rezago administrativo y de personal suficiente y capacitado. Como lo señaló el propio Farid Barquet, mientras los juicios individuales aumentaron 300 por ciento en los últimos cinco años, la planta laboral de la junta ha permanecido en mil 600 empleados. Tal situación ha motivado que 50 mil juicios se encuentren rezagados, 20 mil de ellos desde 1993 hasta hoy. Y si se considera que esas demoras representan pérdidas económicas considerables --e incluso la carencia de los recursos mínimos para la supervivencia de incontables familias de trabajadores mexicanos--, es indudable que la JFCA requiere de una reforma a fondo que le permita, por un lado, darle salida pronta a los expedientes rezagados y resolver de manera expedita las nuevas demandas que se interpongan y, por el otro, sanear la institución de individuos corruptos y prácticas irregulares.

Sin una justicia efectiva, los derechos laborales consagrados en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo podrían quedar en letra muerta --situación sumamente grave-- y no sería posible que trabajadores y patrones convivan en el ambiente de equidad indispensable para que las empresas mexicanas amplíen sus niveles de competitividad, ofrezcan mejores salarios a sus empleados, generen nuevas fuentes de trabajo y contribuyan al desarrollo social y económico del país.