Masiosare, domingo 10 de mayo de 1998
Una noche de 1995, en su oficina del Palacio Nacional, Enrique del Val hacía un gesto de hastío y decía por fin: ``Son los itamitas, hombre, creen que la realidad es igual a las cuentas de sus computadoras''.
Esta semana, los itamitas -egresados del Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM- ganaron la guerra.
El subsecretario de Desarrollo Social decidió irse después de perder, una tras otra, todas las batallas con el equipo de otro subsecretario: Santiago Levy, el poderoso encargado de Egresos.
En 1995, la batalla dentro del gabinete era por el diseño de la nueva estrategia de combate a la pobreza.
Levy -con el aval de Luis Téllez- había ganado pronto el primer punto: la estrategia estaría basada en un trabajo académico que él había publicado en 1991.
Luego vino el pleito sobre cuántas personas deberían ser beneficiarias del programa de combate a la pobreza extrema. Las computadoras de los itamitas decían que 14 millones. Los solidaritas que 30 millones.
A la postre, la fórmula Levy se traduciría en el Progresa, con su eje educación-salud-alimentación.
En el ínter, también en 1995, Adolfo Orive anunció la desaparición del Pronasol precisamente en un foro celebrado en el ITAM.
El ahora renunciante Del Val acusó a Orive de no leer los discursos del presidente Zedillo y estimó que la evaluación debían hacerla los millones de mexicanos que luchan contra la pobreza ``y no una reunión de élite convocada por una universidad privada''.
Pero entonces ya había comenzado el desmantelamiento de la Secretaría de Desarrollo Social. La antigua superdependencia perdía cada vez más funciones. Y el colmo, para Del Val, fue que el programa de Chiapas quedara en manos de Levy. Ya antes, con los sucesivos recortes, el combate a la pobreza había perdido mil 500 millones de pesos.
Pese a todo, Carlos Rojas sigue apareciendo como el único integrante del gabinete que conoce al México de abajo y que organiza las giras presidenciales a las zonas más pobres del país. De hecho, cuando Rojas aparece al lado del presidente Zedillo es sólo en ese tipo de eventos. Por algo, entre los funcionarios de la Sedesol se dice que esa dependencia ya cambió de siglas y es ahora la Segide (Secretaría de Giras y Desastres).
¿Quién va a sustituir a la mano izquierda de Carlos Rojas?
La lista de posibles es larga.
Si Rojas decide, los posibles serían Arturo Orcí, oficial mayor de la dependencia y viejo colaborador del secretario; Alberto Amador, quien entre sus credenciales tiene haber trabajado en Seguridad Nacional; Oscar González, quien perdió la nominación del PRI en Aguascalientes; y Juan Mora, director de Liconsa.
¿Podría no decidir el secretario? Conviene recordar que cuando Carlos Rojas estaba a cargo del Pronasol acordaba directamente con Carlos Salinas, al margen del secretario Ernesto Zedillo. ¿No se podría repetir el esquema?
En ese caso, el candidato posible sería José Gómez de León, ex funcionario de Conapo ahora a cargo del Progresa, y muy cercano a Santiago Levy.
¿O qué tal Diódoro Carrasco, a punto de dejar la gubernatura de Oaxaca? ¿O Marco Antonio Bernal, si pierde la nominación del PRI en Tamaulipas?
Si el banco de datos de Masiosare no falla, en los albores del salinismo un antiguo comunista se afilió al PRI, con un discurso en un acto en La Montaña de Guerrero y frente a Rubén Figueroa Figueroa. Dijo algo así como: ``El PRI es el partido en el que siempre soñé militar''.
El sueño no duró mucho, porque Arturo Whalley se cuenta entre los promotores del nuevo Partido Democracia Social (PDS), que esta semana solicitó su registro ante el IFE.
Whalley da así otro paso en su carrera de militante que lo ha llevado a pasar por Política Popular, el Movimiento de Acción Popular, el PCM-PSUM-PMS y el PRI.
El ideólogo de la nueva fuerza es Gilberto Rincón Gallardo, quien hace unos meses renunciara al PRD.
Otros miembros son ex funcionarios y funcionarios de la Sedesol, entre ellos un antiguo comunista conocido como El Chicali.
En la lista, sin embargo, falta Jorge Alcocer, quien abandonó el proyecto del nuevo partido para desempeñarse como subsecretario de Gobernación.
El PDS se concibe como ``una izquierda que de ninguna manera pretende aniquilar a otros sectores''.
Tomás Vázquez Vigil, ex delegado en Coyoacán, se estrenará como dirigente del SNTE con un incremento de cuando más el 17% -en salario y prestaciones- para los maestros del país.
Ese porcentaje no acercará al gremio a la meta trazada por Elba Esther Gordillo hace varios años de que ningún mentor perciba menos del equivalente a seis salarios mínimos.
La historia se escribió desde diciembre pasado, en la negociación del presupuesto federal entre funcionarios de la Secretaría de Hacienda y los integrantes de la Comisión de Programación y Cuenta Pública.
Desde entonces, el presupuesto de 1998 autorizado por los legisladores asigna a la Secretaría de Educación Pública 12 mil 132 millones de pesos -en el ramo 25- para ``previsiones salariales y creación de plazas'' para el magisterio federalizado.
Si se aplicara ``en bruto``, ese monto alcanzaría para un incremento de 17.02% al salario magisterial. Pero deben cubrirse también los aumentos a las prestaciones, al sistema de estímulos y al sistema de compensaciones, según lo demandado en el pliego petitorio.
El SNTE y la SEP negocian para convenir la fórmula de asignación del monto disponible. Y nada más, porque ahora, con el sistema ``federalizado'', los recursos deben ser canalizados -vía ramo 33- a los gobiernos estatales.
Pocos han sido los avances logrados por ambas partes. Con apenas 45 días en el cargo, el equipo de Tomás Vázquez Vigil le ha entrado con tibieza al asunto.
El 14 de abril pasado, la comisión negociadora sindical -con Eloy Gómez Pando a la cabeza- presentó el pliego petitorio al oficial mayor de la SEP, Francisco Bahamonde Torres.
Hasta el viernes 8, las autoridades no habían presentado una oferta formal al SNTE y la comisión conjunta encargada de desahogar la negociación llevaba más de una semana sin reunirse.
Carlos Mancera Corcuera, subsecretario de Planeación, dijo ese día que la SEP no podría ofrecer más de lo contemplado en el presupuesto federal y recordó que la dependencia había sido castigada con un recorte de mil 500 millones de pesos.
Actualmente, los maestros mexicanos perciben -en promedio- 3.8 salarios mínimos. Demandan llegar a seis.
Hace seis años, Elba Esther Gordillo había planteado lo mismo.