Astillero Ť Julio Hernández López
En San Luis Potosí se están acumulando preocupantes signos de descomposición política: un gobernador acotado, poderes Judicial y Legislativo en entredicho, fuerzas de oposición anémicas, y una sociedad inactiva, decepcionada de que el fruto de anteriores batallas cívicas sea hoy un botín familiar.
Así, la flama democratizadora que años atrás fuese ejemplo nacional con el doctor Salvador Nava Martínez (cuyo aniversario luctuoso se conmemorará el próximo domingo), es hoy apenas un recuerdo hábilmente explotado a nivel nacional y estatal por sus herederos biológicos.
Los dos gobernadores recientes de la entidad han sido: Horacio Sánchez Unzueta (yerno del doctor, a cuya sombra fúnebre logró la candidatura priísta) y actualmente Fernando Silva Nieto, operador del acuerdo mediante el cual Fausto Zapata Loredo cumplió la orden de renunciar a la gubernatura potosina para que el doctor Nava suspendiese su caminata rumbo a la ciudad de México (a donde trasladaba la protesta por el fraude electoral del que culpaba a Zapata).
Pero, aunque rindió protesta como gobernador en septiembre del año pasado, Silva Nieto en realidad aún no ha tomado el poder. La mayoría de los funcionarios importantes de su gabinete proviene del equipo de su antecesor, de tal manera que una broma corriente hoy en el ámbito potosino es decir que si el actual gobierno fuese calle se llamaría Prolongación Sánchez Unzueta.
Por otro lado, en los poderes Judicial y Legislativo se ha permitido el nacimiento de cotos de poder con voraces proyectos políticos facciosos. Lo grave no es tan sólo la dispersión política, sino inclusive la torpeza: cuando apenas había tomado posesión como presidente del Supremo Tribunal de Justicia del estado, luego de una breve e insustancial carrera judicial, el abogado Germán Pedroza hizo unas declaraciones (de las que luego se retractó como pudo), en las que encomió la capacidad resolutiva que los dineros bajo la mesa imprimen a la maquinaria judicial. En el Poder Legislativo, mientras tanto, crecen escándalos como el más reciente, en el que se están aprobando alegremente cuentas públicas de diversos municipios, en las que se encontraron irregularidades en el manejo del erario.
Incapaz de romper los claros indicios de cacicazgos, rodeado de poderes que le son ajenos, carente de operadores políticos propios y eficaces, Silva Nieto ha ido convirtiendo en conflicto cada asunto que toca. Un ejemplo notable es el de la Minera San Xavier, una empresa de capital canadiense que pretende instalarse en el municipio de Cerro de San Pedro, pueblo hoy fantasma, que antaño fue la cuna de lo que ahora es la ciudad de San Luis Potosí.
Con un proyecto de millones de dólares, la Minera San Xavier pretende explotar durante más de una década los residuos minerales del Cerro de San Pedro, extrayendo oro y plata mediante sistemas que borrarán físicamente el cerro que dio origen a la entidad potosina y que dejarán en su lugar un promontorio similar, pero de escoria; extrayendo enormes cantidades de agua de una zona donde cada vez hay menos para uso humano, y utilizando procedimientos químicos que podrían contaminar gravemente los acuíferos profundos.
Contra las pretensiones de la minera se han levantado grupos ecologistas y ciudadanos. Uno de éstos, integrado por ocho personas --una de las cuales es el autor de esta columna--, propuso la realización de un plebiscito, posibilidad que la Constitución local permite y que abriría un camino democrático para solucionar el conflicto. Sin embargo, el gobernador Silva Nieto ha desechado ya la posibilidad del plebiscito, se ha mostrado reculante en su categórica postura original de rechazo a la minera y se ha estacionado a la espera de que la Semarnap emita una decisión.
El rechazo a la instalación de la minera no sólo tiene las aristas ecológicas y culturales que sus opositores esgrimen sino, inclusive, el elemento escabroso de la muerte, en semanas recientes, de Baltazar Reyes Loredo, quien fue presidente municipal de Cerro de San Pedro, y que apareció muerto por bala en un episodio que las autoridades rápidamente etiquetaron como suicidio. Los familiares del presidente municipal no creen la versión oficial, han encontrado múltiples fallas en las investigaciones policiacas y se quejan de que no hay voluntad política oficial para conocer con exactitud la causa de la sospechosa y todavía no esclarecida muerte del munícipe.
Este no ha sido, sin embargo, el único episodio criminal con tufo político. La semana pasada fue asesinado en la población de Salinas, capital del municipio del mismo nombre, Miguel Benítez, un activo personaje de aquel lugar. Siendo priísta, Benítez fue la cabeza más visible de una protesta cívica de salinenses que, enardecida por promesas incumplidas, llegó a arremeter contra el vehículo en el que viajaba el entonces gobernador Gonzalo Martínez Corbalá y otros funcionarios. Benítez fue procesado por delitos a los que la doctrina jurídica considera políticos.
Luego, ya como panista, Benítez fue artífice del cambio que logró romper la cadena caciquil con la que la familia Páez Galván había ocupado en distintas ocasiones la presidencia municipal, la diputación local y otras representaciones políticas de la región. Contra ese cacicazgo se levantó Benítez, ayudando a la victoria electoral del PAN y ganándose odios poderosos.
Lo más grave, sin embargo, no es sólo el cuadro de desorden creciente que se vive, sino la abulia cívica, que contrasta con la pujanza ejemplar con la que en el pasado reciente se luchó por el cambio democrático.
Hoy, en San Luis Potosí, los ciudadanos ven con escepticismo las luchas democráticas. Los hechos les han enseñado crudamente que las marchas y movilizaciones justicieras del pasado sólo han servido para que unos cuantos se hayan encaramado al poder que decían combatir. Una parte evidente del usufructo son los dos gobernadores consecutivos, más el premio dado al saliente, a quien convirtieron en embajador en El Vaticano en una maniobra más de aprovechamiento de apellidos y posiciones, esta vez como parte de la estrategia de perversión y confusión dirigida contra la Conai.
Por otro lado están las instancias de falsa oposición, cooptadas por los mismos herederos, cuyo papel objetivo (no el discursivo, que henchido de adjetivos sirve entre otras cosas para que a nivel nacional se siga creyendo que en SLP persiste ``la lucha navista'') ha sido el de, primero, allanar el arribo, y luego no molestar a los gobernadores afines a la familia.
Véase el caso del PRD, dirigido durante años por un heredero biológico que favoreció los proyectos políticos familiares: el PRD nunca atacó de verdad al gobernador Sánchez Unzueta (más que de palabra), y éste favoreció al perredismo donde fue necesario. Luego de impedir que en 1997 se diera un crecimiento perredista que afectara el proyecto transexenal (que finalmente triunfó con el priísta Silva Nieto), el dirigente perredista, que al mismo tiempo era candidato a gobernador, logró uno de los últimos lugares nacionales de votación del PRD, instaló a uno de sus hermanos como seguro regidor de representación proporcional en el municipio de la capital, dejó cuentas sin comprobar de los fondos partidistas, renunció a su cargo directivo y se instaló en la ciudad de México para ocupar en el cardenismo un cargo de tercer nivel administrativo, pero de buen manejo económico.
Otra empresa familiar es el Nava Partido Político, un partido unipersonal, dirigido por otro heredero durante más de seis años, sin asambleas, ni rendición de cuentas, ni genuino derecho a recibir las prerrogativas que sí acepta.
Tales son algunas de las muchas muestras de la manera como en San Luis Potosí se convirtieron en botín familiar, y en decepción social, las históricas luchas de un civilista ajeno a partidos y a presupuestos gubernamentales.
Y, por eso, hoy San Luis está como está.
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