Carrillo: la dignidad del país justificó fletar un avión
José Gil Olmos Ť El gobierno mexicano aplicó el artículo 33 constitucional y expulsó a 40 miembros de la delegación italiana a las cuatro de la mañana de este lunes, con la precisión de que jamás podrán regresar a México, en tanto que a 80 más se les prohibió su retorno durante un lapso de 10 años. La Secretaría de Gobernación argumentó que el grupo de observadores de derechos humanos desconoció ``la validez del orden jurídico mexicano'' y rechazó sujetarse a las decisiones y actos de las autoridades nacionales.
El subsecretario de Población y Servicios Migratorios, Fernando Solís Cámara, afirmó que esta es la sanción más drástica en la historia moderna del país en materia de migración. Sin embargo, aseguró que en todo momento se respetaron las leyes nacionales y acuerdos internacionales, así como los derechos humanos de los observadores, por lo que no hubo riesgo de alguna fricción internacional. Incluso sostuvo que la forma en que actuó el gobierno mexicano fue ``de firmeza, no de dureza''.
Por su parte, el director del Instituto Nacional de Migración (INM), Alejandro Carrillo Castro, señaló que ``la dignidad de la República no se mide en pesos ni centavos'', e informó que el gobierno mexicano pagó -sin decir el monto- una parte del flete de un avión de TAESA que llevó a los italianos a Canadá y de ahí a Roma.
A su vez, el director de Asuntos Jurídicos de Gobernación, Miguel Covián Pérez, indicó que se aplicó a los italianos el artículo 33 porque además de lo ya expuesto, ``hicieron público alarde y ostentación del desacato en que habían incurrido en una manifestación indubitable y ampliamente difundida por los medios de comunicación nacionales e internacionales''.
Bienvenidos, los extranjeros que respetan las leyes: Gobernación
En la notificación firmada por el director general de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Sergio Orozco, responsable legal de aplicar el artículo 33 constitucional, el gobierno mexicano explica que los 40 italianos deportados habían ingresado con una calidad migratoria de visitantes para realizar actividades en materia de derechos humanos.
Asegura que en los permisos de internación se señalaban los lugares autorizados para efectuar su labor. ``No obstante que fueron aceptadas los días 6 y 7 de mayo en curso, incurrieron en transgresión de las mismas como es del dominio público'', precisa Gobernación en alusión al ingreso de los observadores en Taniperla.
Bajo este señalamiento dice la autoridad que se violó deliberadamente la Ley General de Población, haciendo alarde de desacato, desconociendo así la validez del orden jurídico de México y las decisiones de sus autoridades.
``...que los actos y hechos atribuibles a los extranjeros --cuyos 40 nombres anexa-- hacen inconveniente su permanencia en el país, por lo que procede, respecto de todos y cada uno de ellos, la aplicación del artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos'', señala la resolución que también implica la prohibición a todos ellos para reingresar en territorio nacional en cualquier tiempo.
En tanto, en un comunicado anexo, la Secretaría de Gobernación concluye el caso con un mensaje: ``En México son bienvenidos todos los extranjeros que respeten nuestras leyes''.
Así, Solís Cámara explicó que la expulsión definitiva se aplicó únicamente a los italianos que además de incurrir en el desacato de viajar a comunidades no autorizadas, desatendieron el límite de tiempo establecido. Mientras que a los 80 restantes, sólo se les prohibió el regreso a México en 10 años ``por salirse del espacio previsto en su permiso migratorio''.
Explicó que las sanciones se aplicaron a los 118 que entraron en Taniperla, con excepción de los cuatro parlamentarios y de otros seis que tenían la autorización de realizar esta visita. Mientras que otros de los 135 que integraron el total de la delegación salieron por Guatemala y por otros medios sin recibir la sanción.
Covián Pérez, a su vez, comentó que en el marco legal se tienen previstas sanciones más leves para quienes no atienden las leyes de población, como en el caso de los observadores italianos. Uno de ellos sería la realización de trabajos obligatorios durante 15 días en beneficio de una comunidad, como barrer calles. No obstante, ``dadas las circunstancias, no era razonable imponer ese tipo de sanciones''.
Tres intentos fallidos
Al narrar la forma en que salieron a las cuatro de la mañana de este lunes en un avión rentado especialmente por el gobierno mexicano y la embajada de Italia, Solís Cámara señalo que el primer vuelo que se les consiguió por la tarde del domingo fue en Lufthansa, rechazado por los italianos al alegar que darían una conferencia antes de salir de México. Después fue en Iberia y KLM, pero señalaron que no podían llegar a Europa divididos.
Antes de rentar el avión de TAESA, el embajador italiano propuso darles hospedaje en la embajada, quedando como custodio; sin embargo, se rechazó ante la posibilidad de que pidieran asilo. Y aún minutos antes de abordar el último avión, a las 2:30 de la mañana, pidieron que no viajara ningún representante del gobierno mexicano sino un periodista mexicano, Jaime Avilés, de La Jornada, aunque no fue mencionado en la conferencia.
También los italianos trataron de que el avión siguiera una ruta seleccionada por ellos. Llegar primero a Madrid, España, y luego a Estrasburgo, Francia, para presentar su informe al Parlamento europeo.
Frente a todo estos ``pretextos'', añadió Carrillo Castro, la Dirección General de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, facultada constitucionalmente, aplicó el artículo 33 para hacer abandonar el territorio nacional a los 40 italianos.
El funcionario aclaró que no existe la ``discrecionalidad'' en el manejo de este precepto y rechazó que se haya tenido que consultar al presidente Ernesto Zedillo.
Cuestionado sobre la versión de que los italianos tenían una estrategia planeada conjuntamente con los zapatistas, dejó la respuesta abierta a los reporteros, luego de afirmar que uno de los principales apoyos del grupo europeo fue el FZLN.