Los últimos acontecimientos ocurridos en las comunidades de Taniperla y Amparo Aguatinta, Chiapas, deben llevar a una seria reflexión política sobre el estado del suspendido diálogo entre el EZLN y el gobierno federal, y la cada vez más peligrosa situación en las regiones del conflicto, y a tomar acciones a fin de evitar una inminente guerra generalizada en la entidad.

Las acciones gubernamentales hacia Chiapas muestran que el encono y el rencor se han instalado como políticas de Estado, aderezadas, eso sí, con la liberación de recursos económicos y promesas preelectorales llamadas más que a ofrecer soluciones profundas a la mísera situación de la inmensa mayoría chiapaneca, sí a aplicar la vieja táctica del palo y la zanahoria.

O cómo puede interpretarse si no la declaración presidencial de que se han empezado a ejercer recursos federales por mil 500 millones de pesos en el desarrollo social de Chiapas, justamente ahora, cuando la ofensiva gubernamental se lleva a cabo en todos los frentes.

El problema se agravó a partir del crimen de Acteal, particularmente por la profundización de una estrategia de contrainsurgencia encaminada a derrotar política y militarmente a los rebeldes, desgastar a las instancias de coadyuvancia e intermediación y dificultar al extremo la observación internacional.

Nos referimos a un doble discurso desde lo más alto del poder. A una realidad autoritaria, represiva y antidemocrática que persistentemente refuta la retórica oficialista y que está poniendo en peligro la integridad de la nación y la paz en todo el territorio nacional.

La fuerza del Estado ya se está usando en contra de los pueblos indígenas. Se han desplegado 72 mil efectivos del Ejército en sus comunidades, cubriendo ya 63 municipios del estado en 209 puntos geográficos fijos, y otros tantos móviles; se hostiga día y noche a la población con vuelos rasantes para vigilar y aterrizar a los simpatizantes zapatistas; se pretende resolver un problema eminentemente político, como es la instalación o funcionamiento de municipios autónomos, a partir de medidas represivas y policiacas, cuyos resultados son: más presos en Cerro Hueco, robos a los fondos comunitarios, herramientas y bienes de los pobladores; destrucción de casas y edificios comunales, agresiones y violaciones a los derechos humanos de las poblaciones atacadas, fabricación de delatores, estímulo a la polarización de las comunidades, utilización facciosa del Ejército y de los cuerpos de seguridad en beneficio de los miembros locales de un partido, desgaste de las fuerzas armadas que son observadas como represoras de indígenas, como un ejército de ocupación que subyuga a pueblos habitados por mexicanos, manipulación de un organismo internacional como el Alto Comisionado para los Refugiados de la ONU para justificar una acción militar.

La política del Poder Ejecutivo vuelve a la senda del fracaso. Pero a cada uno de ellos sigue un proceso de descomposición mayor del conflicto, un aumento del volumen de las fuerzas involucradas y una capacidad cada vez menor de crear situaciones viables para la paz.

Los municipios autónomos son la expresión política de un proceso revolucionario, de una rebelión que el Congreso reconoció se sustentaba en causas justas, de un movimiento de mexicanos mayoritariamente indígenas que se inconformaron con el gobierno de la República.

Aquellos que se rasgan las vestiduras por el respeto al ``estado de derecho'', parecen no darse cuenta de que ni un solo grupo paramilitar, o como eufemísticamente son llamados por la PGR, Grupos de Civiles Presuntamente Armados (PCPA), ha sido desmantelado o desarmado durante estos años. Todo lo contrario; los miembros de estos grupos sirven para señalar a los simpatizantes de los rebeldes, son los ojos y los oídos de las fuerzas regulares. Estos grupos son utilizados para que ``los indios maten a los indios'', para hacer verosímil la tesis del enfrentamiento intracomunitario, para crear la necesidad de la presencia de las fuerzas regulares, para hacer las tareas de control armado de los simpatizantes de insurgentes, para evitar que se desarrollen organizaciones indígenas o campesinas independientes, o incluso neutrales, como los que fueron masacrados en Acteal. Ellos gozan de impunidad, se pasean por las comunidades ostentando sus armas que, por cierto, son de uso exclusivo de las fuerzas armadas; ellos forman parte orgánica del ``estado de derecho'' que quiere implantar el señor Albores a sangre y fuego.

La única solución que observamos, efectivamente constructiva al conflicto, es aquella que haga avanzar las posiciones de la democracia, el pluralismo y la integración de las opiniones de todas las fuerzas involucradas en el mismo, incluyendo obviamente a los mayas zapatistas. Pues qué es la democracia sino una manera social de convivir, en la que los conflictos concluyen en un resultado en el que las partes acaban cediendo y produciendo nuevos espacios de conciliación, como los municipios autónomos indígenas.