El ofrecimiento de la Secretaría de Educación Pública de conceder a los maestros aumentos del orden de 27 por ciento --19 por ciento directo al salario y 8 por ciento en prestaciones-- es, por principio de cuentas, una doble buena noticia, tanto porque representará una compensación importante al deterioro del poder adquisitivo de los profesores, como porque significa el rompimiento del ``tope salarial'' vigente hasta ayer, de 17 por ciento.

Estas dos vertientes positivas del aumento referido no deben permitir que se pierdan de vista los alcances reales de la medida: se trata de un freno al deterioro salarial (que en el caso de los maestros es de 70 por ciento, entre 1980 y 1998) y no de un incremento histórico del poder adquisitivo.

En otros términos, las percepciones de los mentores se acercarán al valor que tenían hace dos décadas, pero seguirán por debajo de ellas.

La propuesta, por otra parte, tiene importantes implicaciones económicas y políticas en el ámbito nacional.

En el primer terreno, el aumento salarial concedido desmiente las persistentes argumentaciones según las cuales el fortalecimiento de los ingresos de los trabajadores se traduciría inevitablemente en espirales inflacionarias incontrolables.

No obstante, se decidió otorgar incrementos salariales de 27 por ciento a los maestros, apenas unas semanas después del anuncio de un segundo y profundo recorte presupuestal a raíz de la caída de los precios del petróleo en los mercados internacionales.

Ello demuestra que los alegatos antisalariales basados en la necesidad de contener la inflación --los cuales tienen en las dependencias económicas del gobierno a algunos de sus partidarios más convencidos-- no necesariamente se basan en cálculos económicos sino que son parte de la aplicación de consideraciones ideológicas convertidas en doctrina económica oficial.

Desde una perspectiva política, es significativo que la decisión del aumento haya sido adoptada en el marco de un fortalecimiento del aparato social del gobierno, expresada en los cambios de gabinete efectuados antier.

Una y otro indican un importante cambio de acento en la política económica, que no puede entenderse sino en función de la proximidad de los procesos electorales programados para dentro de dos años.