La grave crisis económica y social por la que atraviesa Indonesia --en los últimos cinco días más de 500 personas han muerto víctimas de la represión o de los incendios producidos por los saqueos-- es una muestra de los terribles efectos de la aplicación autoritaria y a ultranza de las ``recomendaciones'' que el Fondo Monetario Internacional hizo al gobierno de Suharto para superar el derrumbe financiero. Cabe señalar que, apenas comenzaron los disturbios sociales, los miembros de la misión permanente del FMI en Yakarta abandonaron rápidamente el país.

De todas las naciones asiáticas que fueron afectadas por el efecto Dragón, Indonesia, una nación de más de 200 millones de habitantes, es la que mayores problemas ha enfrentado, tanto en el plano económico y monetario como en el social. Apenas hace unos días, el gobierno de Yakarta acató las exigencias del FMI --ese organismo financiero condicionó la entrega de un préstamo por 40 mil millones de dólares a la aplicación de medidas económicas restrictivas para reducir el déficit público-- y decretó la reducción drástica de los subsidios a muchos productos básicos, situación que provocó un desmesurado incremento de precios y la pauperización de millones de personas. La economía de Indonesia, que en algún momento fue citada por los organismos financieros internacionales como ``ejemplo'' a seguir para otras naciones en desarrollo, se ha derrumbado por completo.

Por añadidura, Suharto --un dictador autoritario que ha ejercido cruelmente el poder desde que derrocó violentamente a otro dictador, Sukarno-- se aferra a su puesto y parece no tener intenciones de dimitir, pese a las fuertes protestas sociales y a las declaraciones de miembros de su propio partido, quienes han señalado que si el presidente no se retira pacíficamente, podrían recurrir a la fuerza para obligarlo a renunciar.

Mientras perduró la bonanza económica del sureste asiático, Suharto pudo ejercer el poder a su antojo y controlar por completo la política y la economía de su país. Incluso fue capaz, en marzo pasado, de hacerse relegir por un Congreso totalmente subordinado a sus designios. Pero la aplicación del programa económico del FMI fue la gota que derramó el vaso: la indignación y la desesperación social condujeron a la realización de múltiples saqueos de comercios y manifestaciones de protesta con saldo de cientos de muertos, ya sea por los incendios producidos por los saqueadores o por la violenta represión policial.

Ante la gravedad de la crisis y de la descomposición política y social de Indonesia, todo indica que sólo el ejército es capaz de enfrentar la situación, circunstancia que tampoco resulta muy esperanzadora para los millones de indonesios desposeídos y para la instauración de un régimen democrático en ese archipiélago del sureste asiático. Si el ejército apoya a Suharto, gobernante sumido en el descrédito y el rencor popular, el orden sólo podrá ser restablecido con una nueva y feroz ola represiva, hecho que se traducirá en mayores desventuras para la población de ese país.

Con todo, la comunidad internacional ha permanecido impasible ante el caos y la muerte que impera en Indonesia. Incluso, el FMI y la Casa Blanca han salido en defensa del programa económico del FMI. ¿No son suficientes las centenares de víctimas y la devastación de un país para darse cuenta que el modelo económico impuesto por los organismos internacionales y las grandes potencias a los países emergentes se ha vuelto inoperante, pernicioso y socialmente explosivo?