Por primera vez, en sus casi cuatro años de gobierno, Ernesto Zedillo conmemoró el 1o. de mayo en un acto en el Zócalo de la ciudad de México. Sus palabras sonaron distantes ante miles de trabajadores: ``En la lucha de hoy, el gobierno está con los trabajadores mexicanos''.

Cuando hay huelgas como la de los trabajadores de Sosa Texcoco, Tres Estrellas o Imprenta Morales, que llevan años esperando por la justicia para que se respeten sus derechos laborales, o cuando la huelga de los trabajadores del Monte de Piedad es un ejemplo de las intenciones patronales de reducir conquistas contractuales, o cuando la economía informal sustituye la incapacidad de las medidas económicas para generar empleos dignos, o cuando los salarios mínimos nada tienen que ver con las disposiciones constitucionales --de ser suficiente para satisfacer las necesidades de una familia en los órdenes material, social, cultural y educativo--, no son las palabras presidenciales lo más cercano a las vivencias cotidianas de la clase trabajadora.

Todavía expresó: ``Vamos a seguir trabajando para fortalecer el Seguro Social porque queremos que atienda mejor la salud de las familias trabajadoras; porque queremos que los proteja mejor en caso de accidentes o de enfermedad y que les garantice un retiro digno''. Quizá olvidó, el Presidente, que el Seguro Social ha dejado de ser el garante de nuestros retiros y que este rubro se ha privatizado en favor de los intereses financieros ganadores del TLC. Se seguirán ``desincorporando'' los servicios de salud porque no es tan importante para la lógica neoliberal que esta institución amplíe su cobertura, mejore su servicio o preserve sus servicios solidarios. De lo que se trata es de que el Seguro sólo se preocupe --como en el subsidio a la tortilla-- por atender a un focalizado sector pobre de la población mientras que el resto, el de más posibilidades, quede en manos de servicios privados más costosos. No, el gobierno no va a fortalecer instituciones como el IMSS o el Infonavit, sólo intentará hacerlas más eficientes y las destinará a nichos de mercado que no hagan ``competencia desleal'' a otras empresas en materia de salud y vivienda. El gobierno ha violentado sus responsabilidades constitucionales; ha reformado, deformado.

Así que después del 1o. de mayo los analistas del movimiento obrero se han centrado en tres temas: la debilidad y falta de unidad de las organizaciones, la falta de un proyecto sindical y la necesidad de un cambio a la ley laboral como sinónimo de modernización. Es mucho lo que se espera del movimiento sindical en tiempos de recomposición.

La debilidad del movimiento obrero no está en su falta de unidad --que al fin y al cabo ha sido muy artificial-- sino en su dependencia y en las relaciones corruptas en las que ha fincado sus alianzas con el poder económico y político. Lo que vemos ahora es la posibilidad de romper con esa hegemonía a partir de distintos proyectos sindicales, que los hay desde algunos muy dóciles, sin mucha vida sindical, con variantes más apegadas al capital y/o al gobierno, pasando por los que se resisten al cambio. O en otro nivel, donde hay proyectos, con más vida democrática, que buscan autonomía y un nuevo liderazgo, sin proponerse romper con el gobierno y tratando de mantener una relación de corresponsabilidad en la producción como medio para hacer avanzar sus propuestas de mejoría en la calidad de vida; hasta otros, que buscan su independencia rompiendo con el gobierno y ampliando su capacidad de negociación mediante representaciones más horizontales y demandas menos graduales en busca de justicia social. Sí hay proyectos sindicales, no uno sino varios, y lo que tiene que lograrse es que éstos puedan convivir y competir entre sí, sin la mano negra del gobierno o los patrones, para que los trabajadores opten por los proyectos más convenientes a su interés. La unidad se dará cuando haya madurez y la tolerancia necesaria entre los diversos proyectos sindicales para encontrar puntos de convergencia sin subordinaciones, en planos de igualdad y respeto. La unidad vendrá como resultado de la voluntad obrera, de los intereses comunes y no de intenciones corporativas del Estado.

En cuando a la reforma a la ley laboral, no puede ser símbolo de modernización si no es parte y reflejo de la transición democrática que vive el país; es decir, producto de consensos. Ello conlleva a considerar las diversas propuestas, sin exclusiones, de los sectores productivos. Estamos hablando de que la pluralidad nos convoca a un nuevo pacto social. Esa es la tarea después del 1o. de mayo.