En el curso de la semana pasada Morelos ha vivido una lamentable y costosa ingobernabilidad y un perceptible vacío de poder. La solicitud de licencia de Jorge Carrillo Olea -anunciada, diferida, posteriormente presentada pero aún no discutida por el Congreso estatal-- y el errático y prolongado proceso de sucesión de un gobernador sustituto, constituyen muestras claras de una legislación poco preparada para los escenarios de la pluralidad, de la falta de hábitos democráticos, de la persistencia de vicios centralistas y autoritarios, y de la severa descomposición en la que se encuentra el aparato político en su conjunto.

La primera acción improcedente en este proceso fue la impúdica presentación en sociedad que hizo Carrillo Olea de quien pretendía fuera su sucesor, presentación simultánea al anuncio de su determinación de solicitar licencia para separarse del cargo.

Ese hecho, desmesurado incluso si hubiese ocurrido en los viejos tiempos del monolitismo priísta, fue una provocación para las formaciones opositoras morelenses, e introdujo factores de perturbación en el proceso de sucesión.

Como si no hubiera sido de suyo complejo lograr un consenso en torno a un gobernador interino en la actual correlación de fuerzas parlamentarias de Morelos, las diferencias internas en el partido del gobierno, y entre éste y la Secretaría de Gobernación -cuya intervención en el episodio se ha convertido en un factor adicional de problemas--, así como la manifiesta impericia de los operadores oficiales, locales y federales, han estado cerca de llevar la vida institu- cional morelense a un callejón sin salida.

Como consecuencia, el estado ha pasado ya seis días en la indeterminación política, con un gobernador dimitente pero aún en funciones, y en una incertidumbre institucional en la que se han derrumbado dos candidaturas para suceder a Carrillo Olea.

Al parecer, existe un acuerdo para que en el curso de hoy el Congreso del estado de Morelos dé trámite a la solicitud de licencia del mandatario estatal saliente y elija a su sucesor.

Cabe esperar que así sea, a fin de que las nuevas autoridades puedan dedicarse de inmediato a resolver los aspectos más acuciantes del desorden dejado por Carrillo Olea, empezando por la bancarrota de la seguridad pública en la entidad.

Como quiera, la clase política nacional en su conjunto debe entender este deplorable tramo de la vida institucional morelense como una señal de los peligros de ingobernabilidad y crisis que acechan en el camino de la plena normalización democrática y en la transición política en la que está empeñado el país.

Por otra parte, es preciso adecuar los mecanismos institucionales y legales a las nuevas realidades plurales que se desarrollan en México, y afinar la capacidad de negociación y concertación de la generalidad de las formaciones partidarias, para evitar que una crisis como la de Morelos se repita en otras entidades y, sobre todo, en el ámbito federal.