León Bendesky
Casablanca

Esta historia no se desarrolla en el Café de Rick, en el Marruecos ocupado por los nazis, ni se ve llorar a Humphrey Bogart por el recuerdo de un amor con la bella Ingrid Bergman. Este caso es una cuestión mucho más mundana, asociada con el gran negocio de fin de siglo, el narcotráfico. La operación Casablanca fue realizada por el Servicio de Aduanas del gobierno de Estados Unidos contra los cárteles de Juárez y de Cali, y en ella están involucrados bancos mexicanos ligados al lavado de dinero. Hermoso escenario en medio de la crisis bancaria más profunda de la historia económica del país.

Los asaltos bancarios no son sólo los que cometen los ladrones que entran en una sucursal, arma en mano, a llevarse el dinero en efectivo que se encuentran. Estos atracos son, finalmente, visibles, llegan las patrullas, ocasionalmente hay algún muerto o herido y aparecen en las noticias de la noche por la televisión y en los periódicos por la mañana. Además, estos asaltos ponen en evidencia a la policía y a todos los responsables de la seguridad pública. Se notan mucho. Pero son más complejos, lucrativos y, también, más perniciosos socialmente los robos que se hacen dentro de las instituciones bancarias, eso que se llama el delito de cuello blanco, el que hacen los funcionarios mediante transacciones ilícitas y de montos millonarios.

Estos también son bancazos y van desde las transas entre los ejecutivos de cuenta y sus clientes, a los créditos cruzados, tan de moda en el periodo anterior a la crisis de 1995, los autopréstamos y el lavado de dinero. Y estos atracos se realizan sin que aparezca la policía y con una notoria incapacidad de las autoridades financieras encargadas de la supervisión y reglamentación de las operaciones bancarias. Esas mismas autoridades que hoy están sujetas al escrutinio del Congreso y de toda la sociedad debido a las leyes que pretenden darles más funciones y mayor autonomía de gestión.

Y en lo que parece un capítulo de Los Intocables de Elliot Ness, el servicio de Aduanas estadunidense anuncia que tres bancos mexicanos, de esos que necesitan socios extranjeros para capitalizarse y que han requerido de dinero público para que el gobierno les compre sus carteras vencidas, porque de lo contrario quebrarían y se pondría en riesgo el esfuerzo de los ahorradores, están involucrados en el lavado de dinero. Bancomer, Serfin y que otro que Banco Confía y 22 ejecutivos de esas instituciones estarían involucrados en estas operaciones paralelas del elegante negocio bancario.

Después de casi tres años, agentes del Servicio de Aduanas infiltraron la red de lavandería de narcodólares haciéndose pasar por intermediarios y, finalmente, detuvieron a los incautos financieros en una fiestecita en Las Vegas (todo esto según la versión de Reuters del 18 de mayo). Y lo mejor del asunto es que conforme a las declaraciones de Robert Rubin, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, la operación Casablanca se llevó a cabo sin el conocimiento del gobierno mexicano. ¿Será esto así por la confianza que Rubin le tiene a sus contrapartes del sector financiero en México? ¿Habrá podido creer que alguien del BdeM, o Hacienda o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores le soplaría a los banqueros que andaban detrás de sus huesos? Después de todo Guillermo Ortiz, cuando estaba en Hacienda, rechazó enfáticamente las acusaciones de lavado de dinero en los bancos mexicanos y airado retó al gobierno estadunidense a producir las pruebas. Rubin se está cobrando a lo chino.

Todo esto complica todavía más el pendiente debate y dictamen que la Cámara de Diputados tiene que hacer de las iniciativas presidenciales de la ley sobre el Fobaproa (la consolidación de 552 mil millones de pesos de los pasivos de ese fideicomiso como deuda pública) y la autonomía de la CNBV. Más leña a la hoguera y más elementos para cuestionar de manera profunda el conjunto de las operaciones realizadas por el Fobaproa y amparadas aún por el secreto bancario, más dudas sobre la forma en que opera la agencia supervisora de los bancos que la verdad no da una.

Crece de esta forma la responsabilidad de los legisladores por buscar un verdadero saneamiento del sistema bancario y llamar a cuentas a los responsables tanto en el gobierno como en los propios bancos. Estaremos todos a la espera del nuevo episodio de las andanzas de los banqueros.