José Antonio Rojas Nieto
Operación Casablanca

La urgencia y la necesidad de la lucha contra el narcotráfico están fuera de toda duda; se trata de uno de los problemas más delicados no sólo de nuestro país sino del mundo entero. Los fondos avenidos del tráfico de drogas y estupefacientes alcanzan magnitudes inimaginables y sirven para mantener verdaderos ejércitos de carácter trasnacional entre los que se incluyen, sin lugar a dudas, funcionarios de diversos niveles, según lo confirman varios informes, y el día de ayer, de manera directa desde Washington, mediante la abogada general y el secretario del Tesoro, Janet Reno y Robert Rubin. Efectivamente, desde noviembre de 1995 y -necesario es decirlo- sin conocimiento ni anuencia del gobierno mexicano, Estados Unidos organizó la denominada operación Casablanca, coordinada por el Servicio de Aduanas del vecino país, consistente en la infiltración de agentes en los cárteles y en la banca para identificar los procedimientos de lavado de dinero en las oficinas fronterizas de bancos mexicanos. La sorpresiva acusación de ayer se formuló directamente contra Bancomer, Confía y Serfin y directivos de estos y otros bancos, a quienes ya se les han levantado cargos ante una corte federal de Los Angeles, California. Los analistas de Wall Street manifestaron una inmediata preocupación por la noticia y esperan efectos adversos contra las acciones bancarias mexicanas, que de suyo, por todos los problemas vinculados al escándalo de Fobaproa y a las dudas sobre el sentido de la resolución de la Suprema Corte en el caso de las carteras vencidas, ya venían experimentado dificultades y retrocesos.

El hecho y su carácter sorpresivo llaman a la reflexión y obligan a formular, al menos, cuatro consideraciones: 1) hubiera sido deseable que el anuncio fuera realizado por autoridades mexicanas, como muestra de eficiencia y esmero en sus investigaciones; 2) ahora bien, ciertamente debe apoyarse toda investigación y toda acción legítima y legal orientada a la detección del tráfico de drogas y a la investigación sobre el lavado de dinero proveniente de él, pero resulta necesario exigir que toda investigación que se realice en territorio mexicano sea coordinada y dirigida por las autoridades mexicanas; 3) esto resulta más importante si pensamos -como parece manifestarlo la sorpresiva reacción de las autoridades mexicanas ante esta acción del gobierno del vecino país- que en esto de la investigación de blanqueo de dinero, las autoridades mexicanas apenas empiezan y tienen mucho camino por delante; 4) finalmente, pero no menos importante, resulta necesario señalar que si bien cualquier banco puede ser utilizado para el lavado de dinero, dada la importancia de quienes hacen la denuncia (directamente Janet Reno y Roberto Rubin) y las características de la misma, es evidente que se trata de una acción grave, apoyada en fallas estructurales y organizativas de los bancos, que manifiestan la tremenda debilidad del sistema bancario mexicano, la corrupción existente en él y la insuficiencia de los ordenamientos legales y de la supervisión gubernamental para evitar actividades ilícitas como las que se denuncian. Los montos de dinero que -se menciona- pueden ser confiscados (110 millones de dólares) no parecen justificar, como se ha dicho antes, la gran importancia dada al anuncio ni el alto nivel de los funcionarios estadunidenses que lo han formulado. Es muy probable, entonces, que se trate de una red bancaria mucho más organizada en la que están involucrados algo más que una veintena de funcionarios sorprendidos en una fiesta en el extranjero, y de montos muchísimo más importantes. Sería deseable, entonces, que las autoridades mexicanas tomaran su lugar en estas indagaciones y muy pronto dieran a conocer las características específicas de esta acción ilegal terriblemente dañina para el país. Por cierto, en este contexto, cómo creer en la legitimidad del rescate bancario y en la pertinencia y limpieza del Fobaproa.